Imagen de una protesta contra la privatización de Aguas de Alcázar. ARCHIVO

CIUDAD REAL.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha aprobado este martes desestimar el recurso de reposición de Aqualia, que pedía ser indemnizada por el dinero que habría ganado durante los 25 años de participación en la gestión de la empresa mixta Aguas de Alcázar, cuya titularidad pasó a ser totalmente pública el pasado 3 de septiembre, tras la firma por parte de la alcaldesa, la socialista Rosa Melchor, de la liquidación del contrato de aguas.

Todos los partidos políticos con representación menos Vox han apoyado el informe de los servicios jurídicos de la Corporación municipal, que insiste en que Aqualia no tiene derecho a pedir el lucro cesante debido a que el contrato por el servicio de aguas fue liquidado por el Pleno el pasado mes de mayo, además de ser declarado nulo por el Tribunal Supremo.

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Igualmente, durante la sesión plenaria también se ha aprobado devolver a Aqualia el resto del dinero de su participación en la antigua empresa mixta correspondiente al periodo que va desde el 1 de enero al 31 de julio del 2021.

El acuerdo transaccional para la retirada de la empresa tiene con coste total de 5,6 millones de euros, de los cuales una parte ha sido pagada mediante préstamos bancarios. Para el periodo de 2021, el Ayuntamiento debe entregar una cantidad de 433.000 euros, de los que ya han sido abonados 428.000, por lo que restan por pagar algo menos de 5.000 euros.

Durante su intervención en el pleno, la portavoz de VOX, María Jesús Pelayo, defendió la abstención de su parte alertando de la posibilidad de que se iniciara un largo proceso en los tribunales si la empresa iniciaba una batalla judicial.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Gonzalo Redondo, calificó de "alarmista" la intervención de la concejala de la extrema derecha.

El socialista la acusó de defender los intereses de la empresa y recordó que Pelayo fue concejala del PP cuando se privatizó la empresa de aguas. "Parece que vuelve a ser la defensora de los intereses de Aqualia", recriminó Redondo.

LUCHA CIUDADANA

Previamente, el 27 de mayo de este año, el Pleno de la Corporación municipal dio luz verde a la recuperación de la gestión pública del agua, poniendo fin a ocho años de privatización y lucha ciudadana.

Entonces, Melchor describió el proceso como "un éxito colectivo de la democracia", afirmando que "había vuelto a ganar el débil".

El rechazo a la concesión, llevada a cabo en 2014 por el entonces alcalde Diego Ortega (Partido Popular), llevó a los vecinos a crear una plataforma contra la privatización del servicio, que recogió más de 11.000 firmas contra la externalización del servicio, convocó caceroladas multitudinarias e incluso llegó a encerrarse en la Casa Consistorial.

El PP respondió a la ola ciudadana mandando a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional, que realizó varias cargas contra los manifestantes que se concentraban en la plaza de la localidad manchega. Posteriormente, seis vecinos fueron multados por participar en las caceroladas pacíficas.

Ahora, con rechazo de indemnizar a Aqualia, el Ayuntamiento pretende dar carpetazo a otro de los cabos sueltos de la polémica privatización del agua que heredó del anterior Gobierno local del PP.