TOLEDO.- Las cuentas pendientes con la memoria histórica sacuden de nuevo a la capital de Castilla-La Mancha. El Alcázar de Toledo, titularidad del Estado y actual sede del Museo del Ejército y la Biblioteca de Castilla-La Mancha, alberga en su cripta los restos de dos polémicas figuras que participaron en la sublevación toledana que tuvo lugar a los pocos días de comenzar la Guerra Civil, tanto el general franquista José Moscardó como Jaime Milans del Bosch, este último promotor también del fallido golpe de Estado de 1981.
En el espacio, cuyas visitas están restringidas, también se encuentran enterrados los restos de más de doscientos afines al bando sublevado que murieron durante el asedio del edificio, convirtiéndolo en un lugar de "exaltación del franquismo", en palabras del senador valenciano Carles Mulet.
El representante de Compromís en la Cámara Alta ha preguntado por escrito al Gobierno de España sobre la situación de la fortificación después de hacerse eco de los actos realizados la semana pasada -otro año más- por la 'Hermandad Nuestra Señora Santa María del Alcázar', en los que se conmemoraba el 85 aniversario de la "liberación" del edificio por parte de las tropas del dictador Francisco Franco.
Misas y actos religiosos que según el senador suponen una "humillación" para los ciudadanos que sufrieron la represión de las fuerzas sublevadas, así como para los familiares de las centenares de víctimas que acabaron siendo ejecutadas tras la toma de la ciudad.
El senador también ha denunciado que la hermandad, la cual define como una "organización ultra", hace "apología del franquismo" en la redes sociales y en sus procesiones, cuando todos los integrantes recuerdan el triunfo de los golpistas.
"Es un insulto a las víctimas de la dictadura que un espacio público albergue con honores los restos de golpistas o defensores del golpe de estado, que mantengan privilegios como ocupar esta cripta pública y continúen celebrando actos de exaltación que atentan contra la ridícula ley de memoria histórica en vigor", ha indicado el senador en su pregunta al Ejecutivo.
Mulet cuestiona quién ha cedido el uso o derecho de ocupación de la cripta del Alcázar de Toledo y bajo qué condicionantes; qué implicación tiene el Ministerio de Defensa en la cesión de este espacio o en la custodia de los restos de estos golpistas; quién tiene las llaves o autorización para acceder a la cripta, y quién se encarga de su seguridad y del pago de la electricidad que consume.
Además, el senador quiere conocer los motivos concretos por los que no se vacía la cripta de los restos de golpistas; si la hermandad recibe algún tipo de ayuda pública por parte del Estado, y si el Gobierno "ve de recibo" que mientras miles de cuerpos de defensores de la democracia están en cunetas y fosas comunes hay golpistas que reposan en criptas "con todos los honores" en edificios públicos.
Por último, Mulet ha preguntado si existe algún acuerdo para ceder el uso de espacios públicos a la hermandad y qué medidas tomará para proceder a su ilegalización ante su reiterada exaltación de los franquistas.
EL GOBIERNO RECHAZÓ LA EXHUMACIÓN
Cabe recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez descartó hace tres años el traslado de los restos de Moscardó y Milans del Bosch del complejo.
Entonces, el Gobierno socialista argumentó que la presencia de los militares en el lugar no vulnera la Ley de Memoria Histórica, al encontrarse en una cripta "que no es visitable por el público general" y por tanto, en la que no existe una "exaltación pública".
Previamente, cuando el Gobierno anunció la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, Podemos pidió el traslado de los golpistas enterrados en el Alcázar a través de una Proposición No de Ley registrada en las Cortes de Castilla-La Mancha.
La propuesta fue bloqueada por PP y PSOE en la Mesa de la Cámara autonómica alegando que las competencias eran del Gobierno central.
