GUADALAJARA.- El juzgado de lo social número uno de Guadalajara ha condenado a la empresa pública Correos a indemnizar con casi diez mil euros, incluyendo daños morales y patrimoniales, a una trabajadora al considerar que vulneró su derecho a la libertad sindical.
Así lo recoge la sentencia que ha sido facilitada esta semana por CSIF, que denunció esta situación ante los tribunales al afectar a una empleada pública afiliada al sindicato de funcionarios.
Desde la organización sindical han explicado que la trabajadora –que forma parte de la bolsa de empleo de Guadalajara, se presentó a las elecciones sindicales como integrante de CSIF y en diciembre de 2019 entró a formar parte del Comité de Empresa de Correos en la provincia.
La sentencia, con fecha del 17 de febrero, prueba que desde que fue elegida delegada de CSIF comenzó a ser discriminada por la empresa pública postal, ya que solamente recibía jornadas parciales y de corta duración pese a sustituir a compañeros con contratos a tiempo completo.
El fallo recoge que también ha habido periodos en los que ni siquiera ha sido llamada durante meses para trabajar frente a otras personas que tenían peores puestos en la bolsa provincial de la empresa o que ni siquiera formaban parte de la misma.
La magistrada también señala que no hay causa que justifique que en diciembre de 2020 no fuera contratada a pesar de que existían nueve puestos de trabajo a cubrir por los integrantes de la bolsa de empleo de Guadalajara y tenía un "derecho preferente".
Sin embargo, sí fueron contratadas en ese periodo dos trabajadoras que no estaban incluidas en ninguna bolsa de empleo, tres empleados pertenecientes a la bolsa de empleo de Madrid y cuatro integrantes de la bolsa de Guadalajara con un número inferior en el orden de prelación al de la empleada afectada.
Por estos hechos, la sentencia ha condenado a Correos a indemnizar con 9.854 euros a esta trabajadora, en concreto, a 2.369,29 euros por daños patrimoniales y a 7.485,31 euros por daños morales.
La jueza recoge en la sentencia que "la actuación de la empresa fue muy lesiva" para la afectada, incluso "demasiado descomedida y desconsiderada", al castigar a una trabajadora que pertenece a una bolsa de empleo y está sujeta a una contratación temporal.
También constata que la empresa pública "expande una noción de que un trabajador perteneciente a una bolsa de empleo no tiene derecho a presentarse a unas elecciones sindicales".
Además de la violación del derecho fundamental al ejercicio de la libertad sindical, también refleja que se ha vulnerado la garantía de indemnidad, es decir, la protección que tienen los trabajadores frente a posibles represalias de la empresa por haber reclamado sus derechos frente a ésta.
Para la organización sindical la sentencia es ejemplar, ya que aborda cuestiones como las represalias que afronta una mujer por ejercer su derecho a la libertad sindical, así como las consecuencias morales y económicas que sufre por este motivo.
