El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante la presentación del proyecto en Albacete. | JCCM

ALBACETE.- Eliminar el papel en el trámite burocrático y apostar por la digitalización a través de un código QR. Este es el objetivo del proyecto que el Gobierno regional va a poner en marcha de manera pionera en Castilla-La Mancha para digitalizar el sector agroalimentario.

Dotado con 2,5 millones de euros, la iniciativa supone eliminar el papeleo en la relación entre los diferentes eslabones de la cadena vitivinícola de la comunidad autónoma y confiar esta a la tecnología blockchain, para que agricultores, consumidores y Administración puedan relacionarse a través de un código digital, una apuesta que ya se anunciaba el pasado mes de marzo desde el Gobierno regional.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha presentado el nuevo proyecto puesto en marcha por el departamento que dirige en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, el Parque Científico y Tecnológico de Albacete y la empresa Tragsa.

Una iniciativa en la que ha destacado que se incluye información sobre la trazabilidad del vino, un sector tan importante en la región, de modo que el consumidor podrá acceder a todos los datos que precise mediante el código QR, así como también lo podrán hacer el sector y la propia Administración.

Martínez Arroyo ha hecho hincapié también en que este proyecto permite "adelantarse a lo que va a exigir la sociedad y la Política Agraria Común (PAC)" al sector vitivinícola, que en la región representa el 4,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y factura 1.740 millones de euros.

En este contexto, ha avanzado también que la futura Ley de la Viña y el Vino llegará a las Cortes regionales a la vuelta del verano para su debate final y aprobación, después del visto bueno del Consejo de Gobierno de esta semana.

De la nueva normativa, que la recupera el Ejecutivo autonómico después de que fuera derogada durante la etapa del PP, ha destacado que nace de un Plan Estratégico del sector del vino consensuado con el objetivo de alcanzar una facturación de 2.500 millones de euros en 2025.

La ley regulará el procedimiento para autorizar nuevas variedades de vid, las prácticas enológicas, las Indicaciones Geográficas y la trazabilidad del vino, e incluye la creación de un comité regional vitícola además de que abre la puerta a una Interprofesional regional del Vino, y crea la figura de los 'vinos de finca' dentro de las denominaciones de origen cuando los caldos se elaboren en explotaciones y con uvas exclusivamente propias.