TOLEDO.- Castilla-La Mancha contará con una nueva ley de la Viña y el Vino que contribuirá a que este producto "siga siendo el motor de la economía" de la región y que vendrá a cubrir el déficit existente en la comunidad autónoma con mayor superficie y producción nacional, tras la derogación de la anterior normativa en el año 2013 por el Partido Popular. Se establecerá así una normativa básica de la que emanarán otras muchas, al ser el del vino un sector "muy regulado" tanto a nivel europeo como nacional y autonómico.
Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar sobre la aprobación del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno. Un texto que será remitido al Consejo Consultivo para su dictamen y que deberá volver al Ejecutivo para el asentimiento final del texto, último paso para su remisión a las Cortes donde se espera quede aprobada en este mismo periodo de sesiones, antes de que finalice el verano.
Desde el Gobierno regional recuerdan que el plan estratégico del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha de febrero de 2019 analizaba la situación del sector regional y proponía una hoja de ruta para garantizar su futuro a medio y largo plazo. Entre las recomendaciones que incluía, señalaba dotar al sector regional de una regulación moderna, efectiva y adecuada. "Y así se ha hecho", ha subrayado el consejero, quien ha valorado el carácter 'moderno' de la norma tanto desde el punto de vista económico y social, "para una región en la que hay 85.000 viticultores y hasta 600 bodegas y cooperativas que llevan el nombre de Castilla-La Mancha al mundo".
La nueva ley recoge, entre otras cuestiones, aspectos que tienen que ver con la flexibilidad. Así, se autorizan nuevas variedades de vid para atender las demandas de los consumidores y se simplifican los procedimientos de tramitación de las indicaciones geográficas protegidas.
En lo que respecta a la calidad, ha detallado el consejero, se regulan las bonificaciones con el objetivo de trasladar el mensaje de que en Castilla-La Mancha "tenemos un vino excelente", a lo que se suma la obligatoriedad a las figuras de calidad -denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas- de contar con un órgano de gestión reconocido por la Consejería, y la introducción de novedades en el etiquetado.
En este punto Martínez Arroyo ha explicado que en la nueva norma se crea el concepto de 'vinos de finca', para que aquellas bodegas que ya cuenten con una denominación puedan añadir una adicional y diferenciar sus productos por encontrarse en un paraje o municipio concreto, sin renunciar a la propia denominación a la que pertenecen.
Por otra parte, la normativa refleja también la apuesta decidida del Gobierno regional por mantener el viñedo de secano en vaso. Para ello, ha explicado el consejero, se ha decidido poner en marcha una medida agroambiental específica para este tipo de viñedo, a la cual se van a destinar 26 millones con el objetivo de proteger las 50.000 hectáreas existentes de este cultivo social.
En lo que respecta a la promoción, Martínez Arroyo ha precisado que todos los fondos se van a destinar al vino embotellado vinculado a alguna de las nuevas denominaciones y la indicación geográfica protegida, al ser el vino embotellado y con figura de calidad el que "genera entre cuatro y cinco veces más renta". En este sentido ha recordado que el Ejecutivo regional va a destinar "más de medio millón de euros este año para la promoción de nuestros vinos de calidad en Fenavin".
Asimismo, y en relación con la trazabilidad, el consejero de Agricultura ha apuntado que con la nueva ley se va a dar "garantía absoluta" del vino en toda la cadena vitivinícola, de modo que Castilla-La Mancha será "la comunidad autónoma con más trazabilidad".
Para ello, ha detallado, se van a digitalizar todos los registros o los libros de bodega, y se contará con la tecnología blockchain (un conjunto de tecnologías que permiten la transferencia de un valor o activo de un lugar a otro sin intervención de terceros) para la relación del viticultor con la bodega, con el propio consumidor o para que todos los eslabones de la cadena vitivinícola puedan relacionarse con la Administración, a través de un código QR.
Se trata de un proyecto que ya está en marcha, en el que se van a invertir 2 millones de euros, y que se espera pueda estar en funcionamiento en el año 2024.
Por último, la nueva ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha incluye la autorregulación del sector, la diversificación de las producciones y la necesidad de lograr acuerdos de campaña, así como el impulso a la interprofesional regional de vino en colaboración con el sector, y la creación de un comité regional vitivinícola.
Como materias trasversales de la normativa, el consejero ha destacado el impulso al asociacionismo agrario, la integración de las mujeres en todos los niveles del sector y el relevo generacional, cuestiones que serán preferentes a la hora de conceder subvenciones y ayudas al sector.
