CIUDAD REAL.- Cuatro años de cárcel, siete de inhabilitación para cazar y 180.000 euros de indemnización es la pena a la que se enfrenta el guarda de una finca que habría colocado la trampa de lazo que estranguló a Kairós. Un ejemplar de lince ibérico que, tan solo cinco meses antes había sido liberado, en una finca de Sierra Morena Oriental, en la provincia de Ciudad Real, en el marco del proyecto Life Iberlince.
Se trata del primer caso de muerte de linces por intervención humana que llega a juicio en la provincia de Ciudad Real, desde que comenzaron las sueltas de ejemplares en el año 2014. La vista oral está fijada para el próximo 13 de marzo.
Este guarda, un vecino de Castellar de Santiago de 35 años, se le imputan dos delitos relativos a la protección de la fauna, al haber colocado lazos para eliminar alimañas en la finca en la que trabajaba, y en uno de los cuales habría quedado atrapado este ejemplar de lince ibérico que murió asfixiado.
Todo sucedió en diciembre de 2014 en la finca La Caminera, en la que se encontraba el coto privado Barranco de la Caminera, un aprovechamiento cinegético de caza menor ubicado entre las localidades de Torrenueva y Torre de Juan Abad. Según recoge el escrito de la acusación particular ejercida por Ecologistas en Acción, el acusado habría colocado en la finca este lazo para eliminar predadores, siguiendo instrucciones de la empresa responsable de la gestión, Promociones Sagemar, aun sabiendo de su ilegalidad por tratarse de una zona de tránsito de linces, especie en peligro de extinción.
Según la acusación particular, el vigilante habría colocado un lazo sin freno atado a un tronco de encina cortado en una de las gateras habilitadas por la propiedad de la finca a lo largo de la alambrada, con el objetivo de eliminar depredadores que amenazaban la caza de la finca. Algo que consideran hizo "con conocimiento del peligro que ello suponía para las especies animales" y sabiendo de la existencia de linces ibéricos en la zona.
En uno de esos lazos quedaba atrapado Kairós, uno de los primeros ejemplares liberados en la provincia de Ciudad Real meses antes, el cual moría por asfixia.
Pero al guarda no se le acusa únicamente de la colocación del lazo, sino que también desde Ecologistas en Acción se considera probado que, tras localizar el cadáver del animal, en lugar de comunicar lo que había ocurrido, lo lanzó a un coto colindante, donde fue localizado el 16 de diciembre.
Conclusiones que extraen de los diferentes testimonios ofrecidos por los agentes del Seprona, que llevaron posteriormente a la autoinculpación del guardia de la finca en la que murió el lince.
RECONOCIÓ LOS HECHOS
Y es que, aunque en un primer momento no se apreciaron signos que evidenciaran que la causa de la muerte de Kairós podría deberse a una acción ilícita, el Seprona inició una investigación al encontrar indicios de que el animal podría haber muerto en un lugar distinto al que fue localizado, existiendo por tanto algún tipo de participación humana en los hechos.
De este modo se practicaron diversas gestiones sobre las actividades cinegéticas realizadas en las fincas colindantes y tras recabar indicios sobre la posible colocación de lazos en la zona, se realizó un minucioso rastreo que llevó a la localización, junto a un vallado, de varios puntos en los que había señales de su colocación. En la zona había huellas de calzado reciente, que los agentes determinaron que podría corresponder a quien había colocado o retirado los lazos.
En uno de estos puntos se pudo comprobar, a través de signos sobre el terreno y la vegetación, que recientemente se había capturado un animal. Se localizaron también restos biológicos que fueron recogidos para su análisis y cotejo genético.
Desde ese momento la investigación se centró en personas del entorno, sobre los que se practicaron diversas actuaciones, llevando finalmente a determinar un principal sospechoso.
El acusado accedió a colaborar desde ese momento, y voluntariamente reconoció los hechos a los responsables de la fina en la que trabajaba, así como a los agentes encargados de la investigación.
Así se procedió a imputar a J.N.C., que entonces tenía 32 años, como presunto autor de un delito relativo a la protección de la fauna.
INDEMNIZACIÓN 'SOLIDARIA'
Por otra parte, desde el colectivo ambientalista también se subraya el carácter protegido de la zona en la que se encontró el cadáver de Kairós, un área crítica que se encuentra definida en el plan de recuperación de la especie, así como el hecho de que la propiedad del coto había sido advertida de la presencia del animal en la zona. Circunstancias todas ellas "perfectamente conocidas" por el titular cinegético y su máximo responsable, "de quien el guarda de la finca recibía órdenes directas".
Por ello, la acusación particular también exige una indemnización de 180.000 euros para los gobiernos de Castilla-La Mancha y Andalucía, que comparten el programa Iberlince; una cantidad que deberán abonar de forma "solidaria" tanto el guarda como la empresa para la que trabajaba.
En este sentido, el valor estimado del ejemplar que murió estrangulado se sitúa en 90.000 euros, al tratarse de una especie en peligro de extinción, incluida en el Decreto 33/1998 de 5 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. No obstante, el colectivo conservacionista considera que el valor podría ser superior, al sumar "los gastos en dinero público" al provenir el ejemplar de un programa de cría en cautividad.
