TOLEDO.- El Tribunal Constitucional ha suspendido la ley 'antifracking' de Castilla‑La Mancha, tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varias disposiciones de la norma autonómica que fue aprobada por el Parlamento regional el pasado 9 de marzo, con los votos a favor de PSOE y Podemos.
Así pues, y según ha transcendido este miércoles, el pleno del Constitucional acordaba el pasado 23 de enero suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados por el Ejecutivo central del Partido Popular, en concreto el artículo 3, las disposiciones transitorias primera y segunda, y la disposición final primera de la ley 'antifracking' castellano‑manchega. Una suspensión cautelar que deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses, al haber invocado el presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, en el que se establece dicho período de tiempo.
Concretamente, el Gobierno central recurre el artículo de la legislación autonómica en el que se establece la elaboración de un plan estratégico de la utilización de la fractura hidráulica en Castila-La Mancha con el objetivo de "prevenir, gestionar y reducir los impactos y los riesgos para la salud pública y el medio ambiente derivados de esta técnica en su territorio".
Un plan que debería ser objeto de evaluación ambiental estratégica y en el que se deberían incluir una "adecuada" evaluación de riesgos a escala regional que permitiera valorar los posibles efectos derivados de estas prácticas; una zonificación del territorio en las que se establecerían zonas que tendrían restringida la técnica de la fractura hidráulica y el establecimiento de distancias mínimas de protección.
Según el Gobierno que preside Mariano Rajoy, este planteamiento supone una vulneración de la ley del sector de hidrocarburos y de la ley de evaluación ambiental, cuyas competencias pertenecen al Estado.
Asimismo, el Ejecutivo central recurría el pasado 26 de diciembre las disposiciones relativas al otorgamiento de nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación, en la que se señala que "no se concederán nuevas autorizaciones" en tanto no se apruebe el plan estratégico también recurrido; así como la relativa a las autorizaciones ya concedidas o en tramitación, en la que se recoge que a éstas también será de aplicación esta norma.
Finalmente, Rajoy también recurría la disposición final primera del texto legislativo, por la que se modificaba el texto refundido de la ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (LOTAU) aprobada en 2010, añadiendo un apartado al artículo relativo al suelo rústico, en el que se incluían "los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica", entre los terrenos que debían obtener la preceptiva calificación urbanística.
Tras comunicar este acuerdo, el Constitucional da un plazo de quince días al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y al presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, para que se personen en el proceso y formulen las alegaciones que estimen convenientes.
SENTENCIA PARA LA LEY VASCA
Pero el recurso del Gobierno contra la ley 'antifracking' castellano-manchega no ha sido el único asunto sobre el que se ha pronunciado el pleno del Constitucional en los últimos días, puesto que también con fecha 25 de enero dictaba sentencia respecto a la normativa del País Vasco sobre esta misma materia. Una legislación autonómica que fue aprobada en junio de 2015, y contra la que planteó también recurso de inconstitucionalidad el Gobierno de Mariano Rajoy. El Tribunal decretaba en mayo de 2016 la suspensión cautelar de la misma ‑como ha sucedido ahora con la ley aprobada en Castilla-La Mancha‑ para levantarla en el mes de octubre de ese mismo año.
Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. El pleno ha estimado parcialmente el recurso, declarando inconstitucional y nulo uno de sus artículos al considerar que, si bien no prohíbe el 'fracking' de forma "absoluta y condicionada", sí contiene mandatos que "reducen, dificultan o impiden la eficacia" de la normativa básica del Estado, lo que las hace incompatibles entre sí. Esto se debe, según el Constitucional, a la "indeterminación" de los criterios enunciados en la norma autonómica.
Una sentencia que no anula la ley vasca, y que va a ser estudiada por el Gobierno que preside el socialista Emiliano García-Page, "para ver su posible aplicación en nuestra ley".
Así lo ha señalado su portavoz, Nacho Hernando, subraya que en Castilla-La Mancha se ha planteado una ley "doblemente garantista", tanto con la sostenibilidad del medio ambiente como en la medida en la que se ha legislado "dentro del marco de competencias de las comunidades autónomas". Una ley que dificulta, pero no prohíbe el fracking, asegura.
Para el Ejecutivo de Page, lo que pone de manifiesto esta sentencia sobre la norma vasca es la "absoluta necesidad" de que el Gobierno central "deje de poner en peligro el medio ambiente, que tome ejemplo y haga su propia ley antifracking, no para dificultar, sino directamente para impedir el fracking en nuestro país", concluye Hernando.
LA SOMBRA DE COSPEDAL
Al margen de las valoraciones sobre esta sentencia, desde el Gobierno regional se considera que "detrás" del recurso presentado por Rajoy contra la ley castellano‑manchega se encuentra la hoy ministra de Defensa y expresidenta de la comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal.
En este sentido, el portavoz regional lamenta que la expresidenta "se siga ensañando" con la comunidad autónoma desde su posición en el Gobierno de España e insista en "poner palos en las ruedas" a la ley 'antifracking'.
Asimismo, el portavoz de Emiliano García‑Page ha dicho que Cospedal no solo "está detrás" del recurso ante el Constitucional por esta ley, sino también de los polémicos trasvases del Tajo, de querer "plantar un cementerio nuclear en esta región" o del recurso que también presentó el Ejecutivo central contra la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos.
Para Hernando es "intolerable" que lo que Castilla-La Mancha reciba del Gobierno central esa "obcecación" por dañar a una región "que no quiso que Cospedal siguiera al frente de ella y que tengamos que estar pagando su rencor y odio", ha sentenciado.
