El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere poner freno a la derivación de agua a Murcia a través de pozos de sequía en Hellín y para ello ha ordenado precintar cuatro de los cinco en obras, después de que los agentes medioambientales detectaran que ya estaban funcionando.
Se trata de las obras de emergencia aprobadas el pasado 8 de septiembre por el Consejo de Ministros, con el objetivo de acondicionar, poner en marcha y explotar baterías estratégicas de sondeos en Albacete y Murcia, por un importe de 4 millones. En concreto en territorio castellano-manchego se contemplaban obras para la explotación de la batería estratégica de sondeos en Hellín, por un importe máximo de 1,2 millones.
Obras que ya estaban en marcha y, como se ha podido comprobar, ya estaban en plena explotación. En sus informes los agentes medioambientales reflejan que estos sondeos "vierten agua al canal Martínez Parras", donde se ubican los pozos y que están funcionando con grupos electrógenos. Aspecto éste en el que se basa la orden de precinto de los pozos, puesto que según la normativa vigente en materia de incendios forestales en época de peligro alto -la cual se extiende hasta el próximo 30 de septiembre- está prohibido realizar trabajos en el medio rural que puedan producir chispas o deflagraciones, lo cual podría ocurrir al estar empleando para el funcionamiento de estos pozos grupos electrógenos.
Según destacaba el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, Manuel Miranda, quien detallaba que tras detectar lo que estaba sucediendo los agentes medioambientales se personaron en los sondeos puestos en marcha, levantando acta y procediendo a realizar la correspondiente denuncia.
Hechos que dan argumentos al Ejecutivo regional para ordenar el precinto de estos pozos de sequía, y de paso frenar el bombeo de agua hacia los regadíos murcianos, al menos hasta que finalice el periodo de riesgo alto de incendios, durante el cual según la normativa no se pueden emplear este tipo de equipos a menos de 400 metros de un paraje natural.
Considera "un atropello" que los recursos subterráneos "se aprovechen para estas cosas", mientras que aquí "estamos en sequía y también tenemos problemas".
Una situación de la que están al corriente tanto por los servicios jurídicos de la Consejería y de la Agencia regional del Agua, dependiente de Fomento, y por la cual se ha pedido una reunión con la Confederación Hidrográfica del Segura en diversas ocasiones, sin que se haya obtenido respuesta.
A la espera de esa reunión, desde la Consejería de Agricultura se estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra la decisión del Gobierno de Rajoy de desviar 9,9 hectómetros de agua de estos pozos de sequía presuntamente para beneficiar a regantes de Murcia.
Un extremo que desde la Confederación Hidrográfica del Segura se apresuraban a desmentir este mismo miércoles a través de su cuenta de Twitter, en la que aclaraba "frente a la errónea información de que la CHS extrae agua en Hellín para riego", que "son 4,5 hectómetros cúbicos y solo para uso doméstico". Un abastecimiento a la población, detallaba en otro mensaje, que tiene como destino "a la Mancomunidad de Canales del Taibilla".
Una versión en la que un día después ha incidido el subdelegado del Gobierno en Albacete, Aquilino Iniesta, quien ha asegurado que la autorización de extracción es "solo para abastecimiento humano" y no para regadío como se denuncia desde el Ejecutivo regional.
LLAMAMIENTO A LA MOVILIZACIÓN
Una derivación de agua de la que, sin embargo, también se había alertado a la Consejería desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), cuyo secretario regional, Julián Morcillo, anunciaba movilizaciones en contra de la apertura de estos pozos en Hellín.
Y es que, criticaba Morcillo, "tras tres años de sequía hemos llegado a un punto en el que Albacete no puede ni utilizar su reserva para regadíos sociales (10 hectómetros cúbicos) al declararse los acuíferos sobrexplotados", mientras que "se abren pozos de sequía para trasvasar agua a otras regiones".
Desde UPA no están dispuestos a permitir que les dejen "en secano", puesto que eso les obligaría a abandonar los cultivos y tener que "echar el cierre".
Pero UPA no ha sido la única en rebelarse contra la reapertura de estos pozos de sequía, puesto que la medida ha sido calificada también de "inadmisible e intolerable" por parte del Ayuntamiento hellinero. En este sentido se pronunciaba el pasado viernes su concejal de Medio Ambiente, Julián Martínez, quien lamentaba que "siempre estemos con medidas que perjudican, de manera muy grave, a la comarca de Hellín y benefician a otros agricultores de Murcia".
Asimismo, tildaba de "confusa" la situación creada tras aprobación por parte del Consejo de Ministros de estas obras, en las que se optó por el proceso simplificado de impacto medioambiental.
Tras el precinto de los pozos por parte de la Junta, hoy volvía a pronunciarse al respecto, en este caso acompañado por el alcalde de Hellín, Ramón García, quien aplaudía la "celeridad" del Gobierno regional al haber planteado esta solución "momentánea", para que no se siga extrayendo agua de los pozos de para enviarla a Murcia.
Martínez, por su parte, explicaba que los cuatro pozos de sequía fueron realizados por la Confederación en el año 2010, y que hasta la tarde del miércoles habían estado en funcionamiento aportando agua al río Mundo para regantes del Campo de Cartagena, no pertenecientes a la cuenca del Segura, tras una petición realizada a la CHS. Algo que contradice la versión de la propia CHS y del Gobierno, que insisten en que el agua derivada se destina exclusivamente al abastecimiento doméstico.
Desde el Ayuntamiento de Hellín califican esta situación como "muy compleja", al tiempo que muestran su preocupación por la "falta de transparencia" de la Confederación Hidrográfica y el Ministerio, cuyas aclaraciones consideran que debían haberse producido "por la vía correspondiente y oportuna, no a través de Twitter".
Asimismo, tal y como recoge El Faro de Hellín, los responsables municipales han hecho un llamamiento a la unidad de acción de los más de 30 municipios que podrían sentirse perjudicados por estas "maniobras", por las que piden "más seriedad" a la CHS.
