ALBACETE.- El Gobierno regional, a través de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, investiga las posibles vacunaciones irregulares que se habrían producido en los dos centros sociosanitarios de la Diputación Provincial de Albacete, la residencia de mayores 'San Vicente de Paúl' y la Unidad de Media Estancia, destinado a personas que sufren enfermedades mentales, además de en el servicio de mantenimiento de la Institución provincial.
Presuntas irregularidades que eran puestas en conocimiento de la autoridad sanitaria por el propio equipo de Gobierno de la Institución Provincial el pasado 28 de enero, dando traslado de la situación tanto al Comité de Seguridad y Salud de la Diputación, en primer lugar, y posteriormente a la Delegación Provincial de Sanidad.
De este modo se ponía en marcha una inspección por parte de Sanidad, que confirmaba este miércoles el consejero Jesús Fernández. Preguntado al respecto, explicaba que "cuando averigüemos todas las causas" se tomará una decisión al respecto.
Una vacunación supuestamente al margen de lo establecido en el protocolo sobre la que no se conoce con certeza cuántas personas se podrían haber beneficiado. Si bien desde Libertad Digital, citando fuentes cercanas a la Diputación, se apuntaba hace unos días que habrían sido "30 personas", entre las que se encontrarían "administrativos, pintores y jardineros", según el PP en la reunión del Comité de Seguridad se habría planteado la duda en torno a una decena de casos.
Según los populares, se habría "consentido" la vacunación de "trabajadores que no prestan servicio en centros sanitarios y a varios exempleados jubilados", tal y como señalaba el portavoz del PP en la Diputación, Antonio Martínez, en una nota de prensa.
En este sentido se ha publicado en diversos medios que entre esos trabajadores se encontraría personal del servicio de mantenimiento de la Diputación Provincial de Albacete, que si bien no forman parte del personal de estos centros sí desarrollan algunos trabajos en los mismos cuando así se requiere.
Otros medios, como La Tribuna, publicaban este martes que el origen de las presuntas vacunaciones irregulares en la residencia San Vicente de Paúl podría haber estado en el uso de las dosis sobrantes de los viales. Aseguran que fuentes cercanas al caso habrían indicado que "una de las jornadas de inmunización en la residencia coincidió con las fuertes nevadas de la borrasca Filomena, lo que llevó a que parte del personal no llegase al centro y el sobrante de los viales pudo haber sido ofrecido a otros trabajadores de la entidad o a sus representantes sindicales", recoge el citado medio.
Una vacunación que según informaba en nota de prensa la Diputación Provincial se iniciaba la tarde del 4 de enero, cuando las 130 dosis recibidas eran administradas 100 de ellas a usuarios de la residencia y las 30 restantes a diferentes profesionales en turno del centro. Progresivamente, señalaban, se vacunaría "al resto del personal, tanto de la propia Residencia como de la Unidad de Media Estancia (UME) y Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), alcanzando así la protección de todos los y las profesionales del ámbito sociosanitario, dentro del periodo en el que el Gobierno autonómico tiene previsto completar esta primera fase del proceso".
Circunstancias y baile de datos que desde la propia Diputación aseguran estar dispuestos a esclarecer, para lo cual se ha facilitado a Sanidad un listado de todas las personas que han sido vacunadas, con el objetivo de establecer en qué casos se ha podido incurrir en una irregularidad.
Vacunación presuntamente irregular sobre la que también ha abierto su propia investigación la Diputación de Albacete, cuyo equipo de Gobierno anunciaba este jueves en el pleno la apertura de un expediente de información reservada para esclarecer lo sucedido en la vacunación de los dos centros sociosanitarios dependientes de la entidad.
Un expediente que se convertiría en el paso previo de la apertura de uno disciplinario en caso de que la investigación abierta desde la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria del Gobierno regional concluyera que se produjeron fallos en el proceso. Expediente disciplinario que se incoaría a quien hubiera vulnerado lo establecido en el protocolo marcado por la Estrategia de Vacunación, tal y como informaba la Institución Provincial.
Tanto el equipo de Gobierno como el diputado de Unidas Podemos-Izquierda Unida en la Institución, José Ignacio Díaz, coinciden al considerar este expediente como "el instrumento más objetivo para investigar el tema, al estar instruido por personal funcionario", mientras que desde el PP y Ciudadanos se pedía comisión especial de investigación.
Tanto el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, como el vicepresidente de la misma, Fran Valera, quien se encargó de anunciar la apertura del expediente, subrayaron el propio interés de la Institución Provincial en que se aclare lo sucedido y se depuren responsabilidades si es el caso.
En este sentido recordaban que el proceso de vacunación "se diseña y ejecuta a nivel técnico", señalaba Valera, mientras que Cabañero incidía en que se trata de "un protocolo sanitario, decidido por la Interterritorial y que interpretan los sanitarios". Ese listado, continuaba, "es de las pocas cosas que pasan por una administración local, en este caso por la Diputación, que no sólo no tiene que tener el visto bueno del político de turno, sino que ni siquiera estaría bien visto que el político de turno decidiera a quién hay que vacunar y a quién no".
Cabañero incidía en este punto en que quien ha denunciado esta situación ha sido el propio equipo de Gobierno de la Diputación, puesto que de no haber dado traslado al Comité de Seguridad y Salud la oposición ni siquiera lo sabría. "Nosotros hemos cometido errores", admitía el presidente de la Diputación, "y los hemos puesto en conocimiento de quien los teníamos que poner: el Comité de Seguridad y Salud, para que haya transparencia, y la autoridad sanitaria".
Así, señalaba por su parte el vicepresidente Valera, cuando se produzca un pronunciamiento por parte de la inspección sanitaria y los responsables de la instrucción del expediente informativo, "nosotros saldremos a valorarlo, claro que sí, pero no vamos a prejuzgar a nadie", argumentaba.
Por ello insistía a los grupos de la oposición que no cuenten con el equipo de Gobierno "para montar un circo", puesto que en su opinión es lo único que se pretende con una comisión de investigación. "No vamos a aceptar la comisión de investigación por parar el tema de cara a la prensa, porque no es coherente con nuestros postulados, porque nuestra conciencia está tranquila", concluía.
Sin embargo esta negativa a la comisión de investigación era interpretada desde el Partido Popular como un "veto", ya que en su opinión "debería haberse constituido".
Además de esta comisión de investigación, los populares también han pedido la dimisión del diputado provincial de Sanidad, Francisco García, al considerar "caótica" la vacunación que se ha desarrollado en la residencia sociosanitaria 'San Vicente de Paúl'.
No obstante, el portavoz de los populares, Antonio Martínez, señalaba ser consciente de que no es responsabilidad de los trabajadores de la Institución que han recibido la vacuna sin ser prioritarios, ya que "no tienen por qué saber si se estaba incumpliendo el protocolo". Así responsabiliza a la Diputación al haber sido ésta "la que les ha ofrecido vacunarse".
Desde el grupo popular se pedía asimismo al vicepresidente de la Institución y responsable de coordinar la residencia 'San Vicente de Paúl', el también alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, que explique de forma "clara y precisa" el proceso de vacunación y los motivos de su incumplimiento.
Por su parte desde Ciudadanos sostenían su interés en que una comisión "arroje luz a lo sucedido" y así "deje de enturbiar el buen nombre de esta casa".
