TOLEDO.- Treinta días es el plazo que la Fiscalía General del Estado, dirigida por Dolores Delgado, ha dado a las fiscalías superiores de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha para ofrecer información "detallada" sobre los procedimientos abiertos en relación a fallecimientos registrados en las residencias de mayores durante la pandemia de covid, al considerar "especialmente relevantes" los últimos datos facilitados por el Imserso en cuanto al número de muertes.
Una petición de información adicional tras las 6.479 personas muertas en residencias de la Comunidad de Madrid y los 5.744 fallecidos en Cataluña, pero también por las 2.959 que murieron en Castilla-La Mancha, y en concreto en esta comunidad autónoma por el fallecimiento de 75 residentes en un solo centro en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso, la residencia Elder, un dato que considera destacable.
Sin embargo, mientras que desde Madrid se pide más detalle respecto a estos procesos, desde la Fiscalía Provincial de Ciudad Real la fiscal del caso se opone a la reapertura de la causa al considerar que "no ha quedado acreditada la comisión de delito alguno" por parte del investigado, el director del centro residencial, José Manuel Sampedro, al que ocho familias denunciaron por un posible delito de homicidio por imprudencia u omisión del deber de socorro.
Entre los argumentos esgrimidos por la fiscal en su escrito de oposición al recurso de apelación planteado por la acusación particular -al que ha tenido acceso en exclusiva PeriódicoCLM a través de fuentes del Ministerio Fiscal-, respecto a la denuncia de falta de protocolos, considera que "no puede señalarse que hubiese una omisión total" de las recomendaciones contempladas en el documento técnico del 5 de marzo -momento desde el que, según su parecer, podría exigírsele algo a Sampedro, ya que hasta ese momento no había instrucción alguna por parte de las autoridades sanitarias-, ya que aun no habiendo emitido un protocolo por escrito o dado unas pautas claras sobre cómo actuar, se fue haciendo "bajo su control según iban surgiendo las dificultades".
Por otra parte, y en relación a la ausencia de Sampedro del centro, sí admite la fiscal que "llama la atención" que "la persona encargada de la dirección de un centro residencial no estuviese presente en los momentos más dramáticos de la historia de la residencia que lideraba".
Cabe recordar, que según ha quedado comprobado en el proceso, el director de la residencia Elder no asistió a su puesto de trabajo en el centro entre los días 11 y 15 de marzo de 2020. El primero de estos días -precisamente en el que llegaba la confirmación del hospital del primer positivo en la residencia- por tener que acudir a Madrid a declarar como testigo del que fuera su jefe en el Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, Nacho Villa, ante el Tribunal de Cuentas, y después supuestamente por presentar síntomas compatibles con el covid.
Para la fiscal, "la mayor o menor capacidad para soportar una enfermedad no puede ser la que nos sirva para analizar si se produjo o no un abandono del personal y de los residentes del centro; sino los actos concretos cometidos por el investigado".
Considera que el hecho de que Sampedro delegara en el coordinador de auxiliares, la gobernanta y la coordinadora de enfermería para ejercer el "liderazgo" en momentos tan críticos -durante el fin de semana del 14 y 15 de marzo murieron varias personas cada noche- no solo no puede ser una circunstancia incriminadora, sino que "es favorable al investigado". Una conclusión que choca con la versión de estos trabajadores en sede judicial, donde desvelaron mensajes de Whatsapp en los que el director "dijo que nos fuésemos de la residencia, que cuanta menos gente hubiese, mejor".
Señala también en su escrito que no se puede hablar de una "omisión absoluta de actuación por parte de José Manuel Sampedro", dando por buena la entrega de las recomendaciones -sin explicación y pautas detalladas a los trabajadores-, el cierre de la residencia -decisión adoptada por el Patronato de la Fundación Elder el día 11 de marzo tras confirmarse que el virus ya estaba en el centro-, así como las diligencias realizadas relativas al material, aunque se reconoce que faltaran mascarillas y equipos de protección individual, que no estuvieron disponibles hasta la intervención del centro por parte del Sescam.
Y aunque admite que la actuación llevada a cabo desde la dirección del centro "fue menos relevante que la de otros trabajadores que, sin tener un cargo de responsabilidad como el que el investigado ostentaba", a quienes atribuye un comportamiento "totalmente heroico y más cuidadoso que lo que se hubiese exigido a cualquier persona media", también justifica a Sampedro argumentando que "la falta de aptitudes de liderazgo en un momento tan delicado como fue el acaecido, podrá suponer un mayor o menor reproche moral, pero no puede ser la base de una acusación por delitos de homicidio imprudente".
Otro de los argumentos en los que basa la fiscal su oposición es el hecho de que la residencia Elder no fuera la única de la provincia de Ciudad Real que sufrió contagios por covid entre sus residentes y que contó con fallecidos entre los ancianos, a lo que añade, "y algunas de ellas, que no son Elder, sufrieron un número muy considerable de fallecidos, unos diagnosticados de covid-19 y otros con síntomas, aunque sin diagnosticar".
Hace referencia en este punto la fiscal a un resumen remitido a la Fiscalía con fecha 11 de diciembre de 2020 en el que constan todas las residencias de la provincia y el número de fallecidos en cada una de ellas hasta esa fecha por covid o con síntomas, aunque sin diagnosticar. Argumenta que "en todas ellas se adoptaron medidas que se revelaron insuficientes para evitar el fallecimiento de un número tan alto de residentes".
Un documento, al que ha tenido también acceso en exclusiva PeriódicoCLM, en el que sin embargo las cifras de muertes registradas en la Elder son casi el doble de las del siguiente centro con mayor número de fallecimientos por covid confirmado o posible.
Por otra parte, tampoco considera resultado de la "labor obstaculizadora" de Sampedro el hecho de que el fin de semana que murieron al menos ocho residentes en el centro no hubiera médico, puesto que "uno de los médicos trabajaba para un centro hospitalario y el otro se dio de baja por enfermedad justo el día previo a ese fin de semana".
Pero sí admite que "es más que posible que el director del centro pudiese haber hecho más, al menos moralmente, para ayudar a sus compañeros en la ardua tarea que desempeñaron durante los peores momentos de la pandemia", lo cual -apostilla- "hubiese sido un consuelo para internos y familiares".
No obstante, mantiene que tras analizar las pruebas existentes en la causa no se puede determinar que las acciones u omisiones investigadas pudieran haber dado lugar a los delitos que se imputaban a Sampedro en la denuncia, de ahí que su oposición a la reapertura del caso.
Unas conclusiones de las que se han dado cuenta a la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha, según ha podido saber este periódico, para que a su vez sean remitidas a la Fiscalía General, que ha considerado necesario "contar con información de mayor calidad acerca de los procedimientos penales incoados en las fiscalías territoriales y órganos judiciales de todo el Estado, que por su indudable importancia y trascendencia deben ser puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado".
Subraya así la necesidad de adquirir un conocimiento "detallado" y analizar con exhaustividad la situación actual de estos procedimientos -en el caso de la residencia Elder archivado provisionalmente después de que el juez atribuyera las muertes a "circunstancias desafortunadas"-, puesto que supondrá "proporcionar a las víctimas y a sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe garantizar".
Una decisión que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha apoyan. "Hay que tener transparencia y colaboración para tratar todos y cada uno de los casos", ha subrayado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha recordado que ya se puso de manifiesto cuando el Ejecutivo regional tuvo que tomar las desiones y actuaciones que se consideraron oportunas, "también en esa residencia de Tomelloso", ha precisado, "y es lo que vamos a seguir haciendo con responsabilidad".
Se ha referido así a la intervención de dicho centro de titularidad privada por parte de la Administración regional en marzo de 2020, después de que en apenas una semana (del 13 al 20 de marzo) se contabilizaran 28 muertes por covid entre los 160 residentes con los que contaba en aquel momento. Fallecimientos que en junio alcanzaron los 75, prácticamente la mitad de los internos con los que contaba al inicio de la pandemia la residencia.
Por último, la responsable de Bienestar Social ha asegurado no tener conocimiento de que se hayan producido otras denuncias de familiares sobre la gestión de otras residencias además de la planteada por las familias de ocho residentes de la Elder de Tomelloso. Residencia que, ha precisado García Torijano, es la única que está en investigación y en la que el Gobierno regional tuvo que intervenir "para controlar la situación".
"UN PEQUEÑO AVANCE"
Esta petición de información adicional por parte de la Fiscalía General del Estado sobre el caso de Tomelloso, ha sido recibida con esperanza por parte de las familias que decidieron llevar el caso ante los tribunales, para esclarecer lo sucedido en la residencia en aquellos primeros meses de la pandemia.
Así lo ha señalado el abogado de las ocho familias que denunciaron al director del centro al ver indicios de presuntos delitos de homicidio por imprudencia u omisión del deber de socorro en las muertes de sus seres queridos.
El letrado, Luis Miguel Polo, asegura que para las famililas supone "un pequeño avance", tras haber sentido en todo momento "solos" en su lucha para que se esclarezca lo sucedido.
Considera que en un caso de tanta gravedad como este, se ha echado en falta "un ejercicio más activo de las fiscalías provinciales", frente a otras ocasiones en las que por cuestiones de menor entidad, como robos, sí se han llevado a cabo investigaciones más exhaustivas por parte de las fiscalías. Algo que en este caso no ha sido así, lo cual no deja de sorprender. A su parecer, la investigación sobre las muertes en la Elder ha sido "insuficiente y escasa".
Por ello están dispuestos a llegar hasta el final y quieren que se reabra la causa, puesto que hay motivos "más que suficientes" para que estos se produzca. Los familiares quieren que salgan a la luz las posibles irregularidades que se pudieran haber cometido en el centro.
Una decisión en la búsqueda de la verdad que sigue adelante tras haber recurrido el archivo provisional de la causa tras un proceso, cabe recordar, en el que la fiscal estaba de vacaciones cuando tuvo que declarar el único investigado, José Manuel Sampedro.
COBRAR LA FACTURA Y BUSCAR LA FOTO
Pero antes de Sampedro, pasaron por el juzgado seis testigos, cuyos testimonios pusieron de manifiesto la grotesca situación que durante aquellos días de mediados de marzo de 2020 se vivieron en torno a la residencia Elder.
Testimonios como el del entonces coordinador de auxiliares, Ángel S.M., que detalló ante el juez cuáles eran los intereses del director del centro quien tras ser relevado del cargo insistía en que le enviase "la lista de los muertos" porque tenía que pasar el cobro del mes, tal y como publicaba infoLibre el pasado mes de enero, tras hacerse públicos los testimonios escuchados en las fase de instrucción.
"Oye, cuántos fallecidos van, quién ha fallecido, tengo que cobrar, que tenía que hacer el cobro de mes", relató este testigo ante el juez reproduciendo los mensajes de texto y voz enviados por Sampedro, una vez ya cesado, y que sin embargo insistía en recibir esos datos.
Un listado que el trabajador no le llegó a facilitar, al considerar que por protección de datos no debía facilitar los detalles a quien había sido apartado de la dirección del centro por parte de las autoridades sanitarias.
Según publicaba infoLibre, en su declaración ante el juez dos de los mandos intermedios, Ángel S.M. y Marisa R.A., coincidieron en su relato sobre otra cuestión que preocupaba a Sampedro a su vuelta a la residencia, después de un fin de semana en el que se habían ido sumando fallecimientos y la mayor parte de los residentes presentaban síntomas.
"Llegó al patio de la residencia, de hecho llegó a mi altura y me dijo: 'Bueno, ¿a qué os ayudo?'. Y le dije: 'A nada, porque ya les hemos dado de comer", relató la gobernanta ante el juez. "Nos fuimos Ángel y yo a la oficina y él se marchó a las dos y media a su casa. Volvió a las cuatro y le dijo a Ángel que buscase a los residentes que mejor estuviesen para hacerles una foto y subirla [a las redes]. Ángel no hizo caso en ese momento. Me lo dijo a mí para poderles hacer una foto. Yo tampoco hice caso de buscar a nadie para hacer fotos", explicó al instructor la gobernanta.
Pero el hecho de que ni el coordinador de auxiliares ni la gobernanta atendieran su petición frenó al director de Elder. "Ángel y yo nos fuimos a las nueve y media o diez a casa a ducharnos. Se hizo una foto con dos compañeras, que fue cuando subió la foto esa de que todo estaba bien y al día siguiente salió dando las declaraciones que dio".
Un extremo que Sampedro -que como investigado no tenía la obligación de decir la verdad- negó ante el juez. "Las redes sociales de la residencia no las llevo yo. Tenía cosas más importantes que hacer. Y, además, si yo lo pedí, que me enseñen la foto. No es cierto. No hay foto. Jamás he usado a ningún residente para hacerme ninguna foto, ni para publicar nada", aseguró.
Cabe recordar que José Manuel Sampedro ese 16 de marzo -cuando desde el día antes las UVI estaban frente a la residencia pendientes del triaje puesto en marcha por el Sescam, con un médico militar en los primeros momentos- escribía un mensaje en Facebook en el que decía: "¡Estamos bien! Residentes, trabajadores y responsables del centro. Ni nos ha tomado el Sescam ni el Ejército. Seriedad, por favor. Estamos trabajando siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad. #Stopbulos #Stopmaldad".
Todo ello pese a que la noche del sábado al domingo habían fallecido varios residentes, y enviado a los hospitales de Tomelloso y Villarrobledo a otros nueve, debido al grave estado en el que se encontraban.
No obstante, Sampedro insistía en las redes en su versión de que todo iba "bien" y publicaba también en Facebook otros mensaje asegurando que en la residencia Elder estaban "trabajando con normalidad. La furgoneta que hay en la puerta es del hospital, verificando que todos los residentes están bien y haciéndoles pruebas del covid-19. Se está haciendo en todos los centros. Cualquier familiar que necesite información que me llame al … [su número de teléfono]. Pero está todo bien!!!!!!".
Una decena de personas ya habían fallecido, la residencia había sido intervenida después de la voz de alarma dada por el personal que había quedado al frente tras 'desaparecer' Sampedro, los trabajadores que no se habían dado de baja y seguían acudiendo a la residencia estaban desbordados y las familias no conseguían que nadie les informase sobre la situación real de sus mayores.
Sin embargo el miércoles 18, un día después de que Sanidad comunicase la intervención de la residencia, José Manuel Sampedro pasaba del "está todo bien" al "era como una película: veías entrar una caja, salir otra…" tal y como declaraba en una cadena de televisión nacional, cuando ni siquiera él había pasado por la Elder hasta el lunes a medio día.
