TOLEDO.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales de la Junta para 2021, que asciende a 12.102,4 millones de euros, lo que supone 1.597,3 millones más (un 15,2 por ciento más) que en 2020, para fortalecer los servicios públicos fundamentales, atender a los sectores más vulnerables y reactivar la economía y el empleo.
Son las principales cifras de las cuentas previstas para el próximo ejercicio, que ha dado a conocer este martes en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Se trata, como ha apuntado, de un presupuesto "muy diferente" al de ejercicios anteriores, como consecuencia de la crisis sanitaria, que, a su vez, ha provocado una crisis económica y social, colocando a la región en una situación de "gran incertidumbre", ha aseverado.
Ruiz Molina lo ha definido como "excepcional", ya que contempla una variación tres veces superior al incremento medio desde que Emiliano García-Page es presidente; "expansivo en lo social y económico", con 1.000 millones más para el Estado del Bienestar y 600 millones adicionales para la política económica; "fuertemente inversor", pues duplica la cuantía respecto a 2020; y "ambicioso", dado que dedicará "una parte importante" a la modernización y transformación del tejido productivo.
Con todo ha señalado que también es "prudente", puesto que el apartado de ingresos se ha elaborado "con máximo rigor" y las cifras están avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), al igual que las estimaciones del Gobierno regional en relación al crecimiento de la economía.
El consejero ha explicado que se estructura en siete objetivos estratégicos: fortalecer los servicios públicos fundamentales, impulsar la modernización de los sectores productivos, acelerar la transformación digital, atender a los sectores más afectados por la crisis, recuperar la senda de crecimiento de la riqueza y el empleo, promover la sostenibilidad ambiental y avanzar en la lucha contra la despoblación.
En el apartado de gastos, el titular de Hacienda ha detallado que 330 millones de euros se destinarán a recursos humanos, lo que supone un aumento del 9,7 por ciento respecto al año pasado, centrado en la contratación de profesionales como sanitarios y docentes, que ha considerado "indispensables" en este momento.
Las cuentas incluyen también la subida en los Presupuestos Generales del Estado del 0,9 por ciento para las retribuciones de los funcionarios "en el máximo que nos permite la ley estatal", ha matizado.
Los gastos corrientes crecen prácticamente un 21 por ciento y "fundamentalmente ese capítulo II es absorbido por gran cantidad de suministros sanitarios", en unos casos para mejorar la calidad de la asistencia y, en otros, para tener material ante la posibilidad de rebrotes en relación con la pandemia, ha aclarado.
Las inversiones, por su parte, se incrementan en un 116 por ciento, con una inyección de 764 millones de euros más que en 2020, con lo que en 2021 alcanzarán los 1.423 millones, distribuidos en tres bloques: 702 millones para desarrollo económico, 410 para infraestructuras relacionadas con el Estado del Bienestar y el refuerzo de los servicios públicos y 309 para infraestructuras de carácter general básicas para promover el desarrollo económico.
Los gastos financieros experimentan "una reducción importante" del 22,8 por ciento, lo que, según Ruiz Molina, supone 48 millones de euros en términos absolutos, como consecuencia de la política de refinanciación del Gobierno con las entidades financieras, que permite sustituir "préstamos caros por préstamos mucho más baratos".
Además, el 40 por ciento del gasto no financiero lo absorbe el gasto de personal, "la partida más elevada", ha indicado, dirigida a pagar y contratar a profesionales de la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El consejero ha especificado que la Consejería de Desarrollo Sostenible prácticamente duplica su presupuesto para iniciar el despliegue de fibra óptica y la puesta en marcha de proyectos medioambientales y de economía circular, al tiempo que la de Economía, Empresas y Empleo también tiene "un importante crecimiento", junto con la de Fomento, que liderará las infraestructuras de carácter general.
En concreto, las consejerías que más cantidad de recursos van a gestionar son Sanidad, Educación, Bienestar Social y Agricultura, que absorben el 84 por ciento del presupuesto.
Y ha añadido que la única sección en la que decrece su cuantía es la correspondiente a deuda pública, por la reducción de la carga de intereses, que se limita al 1 por ciento, gracias a la política de refinanciación de los préstamos vigentes.
Por su parte, en el apartado de ingresos ha incidido en que los tributos, precios y tasas públicas representan el 35 por ciento del total de los ingresos y suponen una reducción del 5,8 por ciento respecto al ejercicio anterior, a la vez que destacado que "en ningún caso, el presupuesto contempla un incremento de la presión fiscal", de manera que "no suben los impuestos".
Las transferencias, es decir, la participación del Estado y de la Unión Europea, representan el 40 por ciento y reflejan un incremento del 44 por ciento respecto al año pasado.
Y en tercer lugar se encuentran los ingresos de carácter financiero como consecuencia del déficit en el que va a incurrir Castilla-La Mancha, un 1,1 por ciento del PIB en 2021, aunque el Ministerio ha dado como tasa de referencia el 2,2 por ciento.
Igualmente, el titular de Hacienda ha señalado que a Castilla-La Mancha le corresponde gestionar 490 millones del programa europeo ‘Next Generation’, que se han distribuido en 392 millones en 2021 y 98 en 2022 y de los que 297 millones (el 75 por ciento) se dedicarán a refuerzo de los servicios públicos fundamentales y 95 millones a reforzar actuaciones en los sectores productivos más afectados por la crisis.
Tras la aprobación de las cuentas por parte del Consejo de Gobierno, el proyecto de ley de presupuestos para 2021 se ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha para su tramitación, con el objetivo de que puedan entrar en vigor el 1 de enero.
