CUENCA.- Veinticuatro horas bastaron para lograr el objetivo propuesto, los 800 euros necesarios para cubrir los gastos de la elaboración de las alegaciones técnicas a los proyectos de instalación de tres macrogranjas porcinas en el entorno de su pequeño municipio, y en apenas cuatro días han duplicado ya esa cantidad.
Y es que el crowdfunding ha sido la única forma que ha encontrado un grupo de vecinos de la localidad conquense de Portalrubio de Guadamejud, en colaboración con la asociación Pueblos Vivos Cuenca, para poder plantear alegaciones a las iniciativas de ganadería intensiva que amenazan su entorno.
Una zona de alto valor ecológico, ubicada en las inmediaciones del embalse de Buendía, donde se ha proyectado la instalación de tres macrogranjas porcinas, todas ellas entre el Vallejo de Valdevicente y el Vallejo Grande. Lugar a cuyas fuentes acuden a beber la mayoría de los animales de la zona, siendo habitual encontrar en sus inmediaciones corzos o jabalíes.
Un entorno que los vecinos de Portalrubio de Guadamejud ven peligrar tras proyectarse allí la instalación de tres macrogranjas, impulsadas por ICPOR Castilla-La Mancha S.L, sociedad del grupo Incarlopsa, que contarán con casi 7.500 cerdos, cifra que en el futuro creen que podría duplicarse.
Dos de estos proyectos se ubican en el término municipal de Portalrubio, mientras que el tercero se sitúa en Huete, muy próximo a sus pedanías de Moncalvillo y Valdemoro del Rey, sobre el que ya alertaba a finales de junio desde Pueblos Vivos Cuenca.
Instalaciones industriales que no solo no beneficiarán a Portalrubio, argumentan, sino que generarán "problemas de malos olores, un inmenso consumo de agua, la contaminación de aguas subterráneas y, muy posiblemente, del cercano pantano de Buendía".
Según las estimaciones realizadas, estas tres explotaciones de ganadería porcina consumirían 30 millones de litros de agua anuales, "veinte veces más de lo que consume el pueblo en un año", precisan, y se producirían casi 17 millones de litros de purín, el equivalente a 4,8 piscinas olímpicas, y emitirán 38 toneladas de amoniaco y 68 toneladas de metano al año.
Circunstancias por las que se verá afectado no solo este pequeño pueblo que cuenta apenas con una treintena de habitantes, sino también los siete núcleos de población situados a menos de 10 kilómetros de él: Tinajas, Garcinarro, Moncalvillo de Huete, Jabalera, Valdemoro del Rey, Villalba del Rey y Buendía.
Consideran así que se trata de "un ataque ecológico a toda la zona de la Alcarria conquense", un lugar ya golpeado por la despoblación y también -recuerdan- por las consecuencias del trasvase Tajo-Segura.
Motivos por los que no pueden dejar ahora que se convierta también en "un estercolero" para "exportar carne barata a Europa y China", puesto que de hacerlo, "muchos de estos pueblos, probablemente, desaparecerán" -advierten-. Un escenario que "hace peligrar los recursos naturales y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", apostillan.
Por ello se oponen con firmeza a la instalación de estas macrogranjas y piden ayuda para poder contar con asesoramiento legal para la elaboración de las alegaciones técnicas.
Recuerdan que cada uno de los proyectos, que ha sido presentado individualmente, cuenta con una capacidad de 2.496 cerdos de cebo, cuatro por debajo de los 2.500 que obligaría a presentar una autorización ambiental integrada, lo cual retrasaría la construcción de las instalaciones, cuyo inicio de obras está previsto para noviembre de este mismo año.
Una estrategia de presentar los proyectos de forma individual que permite a la empresa "sortear" la moratoria al porcino industrial aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, apuntan desde Pueblos Vivos Cuenca, puesto que "cualquier expediente que no requiera la autorización ambiental integrada" -todos los de menos de 2.500 cabezas- "se siguen aprobando con normalidad".
"BORDEA LA LEGALIDAD"
Pero la puesta en marcha de esta microfinanciación colectiva para la elaboración de alegaciones técnicas no es la única iniciativa en la lucha contra la instalación de estas tres macrogranjas en el entorno del embalse de Buendía.
Así, desde ACEM Ecologistas en Acción de La Manchuela no solo se ha alegado ya al proyecto ubicado en el término municipal de Huete, sino que se denuncian públicamente las prácticas "poco éticas y rayando siempre la ilegalidad" de las grandes integradoras y cárnicas que se encuentran detrás de estos proyectos.
Algo a lo que dicen contribuye la "ambigüedad" de la moratoria, al servir "de coladero" a proyectos dependientes de empresas poderosas, y los estudios de impacto ambiental "poco rigurosos y permitiendo irregularidades" que se elaboran.
Un contexto en el que se plantea este proyecto que consideran "bordea la legalidad y el fraude de ley", al demostrar las pruebas que "la granja de madres reproductoras en Villar del Domingo García va a tener una enorme producción de lechones que necesitan instalaciones para su engorde", y por otra parte la existencia anterior de un proyecto de instalación en Portalrubio de Gudamejud para 6.000 cerdos de cebo, tal y como figura en un estudio de compatibilidad urbanística emitido por la Diputación que figura en uno de los expedientes actuales de Portalrubio.
Un proyecto, apuntan desde ACEM Ecologistas en Acción de La Manchuela, promovido en su momento también por ICPOR, que al encontrarse con el "obstáculo" de la moratoria y para eludir el trámite de la autorización ambiental integrada, "se convierte en tres proyectos de 2.496 cerdos de cebo", que suman 7.488 cabezas, "situados en parcelas casi colindantes y a distancias que rayan el límite legal". Movimientos para los que, denuncian, "cuenta con la cooperación necesaria de personajes locales que ceden agua de sus concesiones de regadío para uso ganadero".
Una manera de "negociar" con un bien escaso y colectivo como es el agua "para especular y obtener grandes beneficios" que les paree "poco solidaria y poco ética", y consideran que requeriría una respuesta de denegación por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, desde la cual se están permitiendo sondeos en la zona "como si tuviera a su disposición un bien inagotable", argumentan.
Por último, el colectivo ecologista hace un llamamiento a los ayuntamientos de la zona para que se opongan a estos proyectos, que no traerán empleo y riqueza sino "más despoblación, contaminación y dificultades de desarrollo en su ámbito", así como a la Junta de Comunidades para que no permita estas práctias que "intentan bordear la ley y aprovechar sus fisuras para seguir desarrollando actividades poco sostenibles y contaminantes como la ganadería industrial".
