Los ayuntamientos de Ocaña y La Roda denunciados por incumplir la ley de Memoria Histórica 

Numerosos ayuntamientos del país se resisten aún a cambiar la denominación franquista de sus calles. Siete de ellos, entre los que se encuentran los castellanomanchegos de Ocaña y La Roda, han sido ya denunciados ante la Fiscalía por no cumplir lo establecido por una ley que lleva ya más de diez años en vigor.

TOLEDO.- Dos localidades castellano-manchegas, la toledana Ocaña y la albaceteña La Roda, se encuentran entre los primeros siete municipios españoles que han sido denunciados ante la Fiscalía por incumplimiento de la ley de Memoria Histórica. Localidades que se han negado a retirar los nombres franquistas que aún pueblan sus calles, a pesar de que la ley lleva ya más de diez años en marcha y las peticiones al respecto planteadas en el Senado. 

Esta denuncia ante las correspondientes fiscalías provinciales son el primer paso, esperando que se abran diligencias al respecto en cada una de ellas. Algo que de no producirse, haría contra los casos más flagrantes se interpusieran querellas directamente en los juzgados. 

Junto a estos dos municipios de Castilla-La Mancha, también se ha denunciado a los ayuntamientos de Serratella  (Castellón), Rionegro  del Puente (Zamora), Nalvalmoral de la Mata (Cáceres), Tórtoles (Ávila)y Pajares de Laguna (Salamanca), que también ha sido por injurias y calumnias. 

El encargado de presentar estas primeras siete denuncias ante otras tantas fiscalías provinciales ha sido el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet. Un paso que da después de meses de trabajo a lo largo de los cuales, en colaboración con entidades sociales y memorialistas de todo el Estado, se elaboraba un listado de municipios en los que no se estaba cumpliendo la ley de Memoria Histórica. Un elenco que fue remitido al Gobierno de Rajoy, pidiéndolo que instara a los ayuntamientos de estas localidades a cumplir con la legalidad. 

Una petición que el Ejecutivo central no ha atendido, argumentando hasta en dos ocasiones que toda la responsabilidad del cumplimiento de esta norma recae en los ayuntamientos. 

Por ello, se requirió a los propios consistorios el cambio de la nomenclatura franquista de sus calles, ya fuera física o por falta de actualización en el catastro o en el Instituto Nacional de Estadística. Una iniciativa que ha llevado a que centenares de calles hayan ido desapareciendo del callejero de ciudades y pueblos de todo el territorio español, aunque todavía hay gobiernos municipales que se resisten a aplicar la ley. 

El listado de ayuntamientos incumplidores se ha ido actualizando, y se han ido registrando los cambios producidos al respecto. Así, algunos ayuntamientos han remitido los cambios que se habían realizado con anterioridad al requerimiento, mientras que otros ni siquiera han respondido a pesar de haberse requerido reiteradamente la información.  

Otros, como en el caso de los ahora denunciados ante la Fiscalía, han contestado reconociendo que no han cumplido la ley, pero tampoco muestran interés en hacerlo, llegando algunos a responder de forma "insultante". 

Por ello se da el paso de acudir a la justicia para que se les haga cumplir la ley. Por una parte, a los que no contestan, por un posible delito de desobediencia, pero también a quienes no cumplen con la ley, por posibles delitos de prevaricación. 

La intención de la formación es presentar denuncias en todos los casos de incumplimientos. Advierte Mulet que ésta es la "primera tanda", que servirá también para "explorar" qué fiscalías son más proactivas a actuar en estos casos, "qué argumentos nos dan y qué vías tomar". 

Defienden que si la ley está en vigor "se ha de cumplir en todos sus extremos", más aún cuando ha existido "tiempo suficiente" para poder cumplirla. 

Respecto a aquellos ayuntamientos desde los que se ha actuado de manera "injuriosa e irrespetuosa", o bien ni siquiera se han atendido los requerimientos", asegura el senador que serán llevados ante la justicia. 

Entre estos últimos se encuentra precisamente el ayuntamiento de Ocaña, gobernado por el Partido Popular, desde el que, según recoge el listado elaborado por Compromís no solo no ha cambiado el nombre de las calles del municipio que aún conservan una denominación franquista, sino que también se ha permitido "chulear" a quien les ha pedido el cumplimiento de la ley. 

Por su parte respecto a La Roda, detallan que el gobierno municipal ha reiterado su intención de no cambiar los nombres franquistas de sus calles. 

OTROS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN 

Pero además de estas dos localidades a las que ahora se ha denunciado ante la Fiscalía, en el listado de ayuntamientos incumplidores con la ley de Memoria Histórica, cuya última actualización se produjo en el pasado 4 de diciembre, también se encuentran otros municipios de la región. 

Entre los que sí han atendido el requerimiento y han cambiado los nombres de sus calles que aún recordaban a la dictadura, están las localidades de Yepes y Calzada de Oropesa, en Toledo; así como Socuéllamos, en Ciudad Real. 

Por su parte, entre los municipios que ya habían cambiado una parte y han ampliado el cambio de denominación figura otra localidad toledana, San Román de los Montes. 

En el capítulo de incumplidores que se niegan al cambio, junto a Ocaña se encuentra también otro municipio castellano-manchego, Atienza, en la provincia de Guadalajara. 

También están incluidos en el listado las localidades de Golosalvo (Albacete), que tampoco ha cambiado los nombres de sus calles; la ciudadrealeña Llanos del Caudillo, gobernada por el PP; al igual que Reillo y Villares del Saz en Cuenca. 

En la provincia de Guadalajara se niegan a cumplir con la ley en la localidad de Peñalver, como también lo hacen en los municipios toledanos de Fuensalida, La Torre de Esteban Hambrán, Manzaneque y Santa Cruz de la Zarza, todos ellos gobernados por el Partido Popular. 

Sí lo han hecho Munera y Montealegre del Castillo, en Albacete; Anchuras y Socuéllamos en Ciudad Real; Belmonte, Belvís de Monroy, Masegosa, Monteagudo de las Salinas, Valdemorillo de la Sierra y Villora en Cuenca. Por su parte en la provincia de Guadalajara sí ha atendido el requerimiento la localidad de Corduente. 

Entre los municipios toledanos, han aceptado el cambio de nombres requerido por la ley de Memoria Histórica las localidades de Albarreal de Tajo, Azután, Cervera de los Montes, Cobeja, Marjaliza, Paredes de Escalona, Segurilla y Sotillo de las Palomas. 

Entre las que se han comprometido a llevar a cabo el cambio, las localidades conquenses de Huete, Lagunaseca y Santa María del Val, así como las toledanas de Chueca y Miguel Esteban.  

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