TOLEDO.- El Gobierno de Rajoy no colabora, pero Castilla-La Mancha sigue dando pasos en la recuperación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Aunque todavía la tasa de lista de espera se encuentra por encima de la media nacional ‑35,96%‑ según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, en los diecinueve meses que van de legislatura se ha conseguido reducir un 22% el número de personas pendientes de recibir una prestación y se han incrementado un 20% los beneficiarios.
Datos que ha confirmado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien detallaba que las cifras facilitados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a fecha 31 de enero, reflejan que en Castilla-La Mancha son 41.615 personas las que se benefician del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que supone 6.927 más que en julio de 2015. Beneficiarios que perciben 51.773 prestaciones, un 9,8% más que al inicio de la legislatura, "gracias a que ahora son compatibles las prestaciones entre sí, tras la reforma del decreto de catálogo", ha explicado.
En este tiempo, de los 26.919 expedientes que había en el "limbo de la dependencia", pendientes de un Programa Individual de Atención, restan en esa situación 12.382, lo que supone una reducción de la lista de espera del 54%. Por otra parte, el mes de enero se cerraba con poco más de 21.000 expedientes pendientes, un 22% menos que al inicio de la legislatura.
Unos datos que ofrecía Sánchez en rueda de prensa, durante la que también detallaba que entre las prestaciones que reciben las personas en situación de dependencia las que más crecen son las de ayuda a domicilio, un 46% más que en julio de 2015; la teleasistencia, que se ha incrementado un 23%, y los usuarios de centro de día, que son un 32% más que hace 19 meses.
En cuanto a las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar, ha detallado que se sitúan en 13.589, un 18% menos que en julio de 2015, lo que se debe al fallecimiento de la persona titular del derecho (en 7 de cada 10 casos), al acceso a otra prestación o al traslado de comunidad. Un derecho del que no se ha desposeído a ninguna persona, precisaban desde el Gobierno regional, sino todo los contrario, al haberse concedido 923 en este periodo frente a las 3 que concedió el Gobierno del Partido Popular durante la anterior legislatura.
Para Sánchez estos datos muestran cómo la recuperación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha "continúa". Un sistema en el que "se cree" desde el Ejecutivo regional, "principalmente como respuesta de atención a un derecho, pero también como un importantísimo yacimiento de empleo", ya que solo el servicio de ayuda a domicilio da trabajo en la región a más de 5.000 personas y constituye una herramienta efectiva contra el despoblamiento de las zonas rurales.
Una apuesta que se va a traducir en el futuro en la redacción de un nuevo decreto de procedimiento, actualmente en fase de elaboración por una comisión de trabajo; el impulso de nuevos trabamientos para dependientes de Grado I, y la renovación de la contratación de personal para reforzar el servicio de evaluación.
ROZANDO EL NOTABLE A PESAR DE LOS RECORTES
Datos que mejoran la situación en la que la Dependencia se encontraba en Castilla-La Mancha hace poco más de año y medio, y que la han llevado a mejorar dos puntos la calificación que otorga el Observatorio Nacional de la Dependencia en su dictamen anual. Se sitúa así como la tercera comunidad autónoma con mejor atención, puesto que comparte con Andalucía (ambas con una puntuación de 6,8 sobre 10), en cuanto a la valoración de la aplicación de la ley de Dependencia.
Un dictamen en el que se destaca cómo Castilla-La Mancha "sigue progresando" en todos los indicadores, incrementando el número de personas valoradas, personas con derecho, personas atendidas, y el número de servicios entregados; y en el que también se apunta el decrecimiento del número de cuidadores familiares.
Asimismo el Observatorio destaca cómo el "quebranto" económico de los recortes económicos del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido de 136,7 millones en los últimos cinco años, debiendo el Ejecutivo regional aportar el 83% de la financiación pública. Solo en 2016, lo que dejó de percibir Castilla-La Mancha por parte del Estado fueron 28,3 millones. Una cantidad, recuerda el Observatorio, con la que 3.800 personas más hubieran podido ser atendidas y se hubieran creado 950 empleos de nueva creación en el sistema.
CONTRA EL DECRETO DE RECONOCIMIENTO
Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia denuncia el incumplimiento por parte de la Consejería de Bienestar Social del Pacto por la Dependencia firmado en campaña electoral. En un comunicado, critican que tras veinte meses de legislatura desde la Consejería se siga utilizando el decreto de reconocimiento de la situación de dependencia del Gobierno de Cospedal, "con los gravísimos perjuicios" que implica para quienes solicitan que les sea reconocida su dependencia. Y es que según lo recogido en el segundo punto del pacto suscrito antes de las elecciones, el decreto 26/2013 de 23 de mayo, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, sería derogado. Sin embargo, subrayan desde la Plataforma, "a día de hoy en todos los reconocimientos de grado sigue apareciendo dicho decreto".
Aseguran haber instado a la consejera de Bienestar Social a la derogación de esta normativa "tan lesiva" para el colectivo y a promover un nuevo procedimiento, tal y como recogía el compromiso adquirido por el PSOE, a lo que únicamente tienen por respuesta que está siendo estudiado "por un grupo de expertos".
Lamentan que la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha no haya sido consultada "en ningún momento" y temen que se les vaya a presentar únicamente "cuando ya esté terminado".
LAS RECLAMACIONES DE LA VERGÜENZA
Además, desde la Plataforma aprovechan el comunicado para denunciar las "reclamaciones" de cantidades económicas que se están haciendo desde la Consejería de Bienestar Social "de forma sistemática" y que "supuestamente" se habrían cobrado indebidamente por los cuidadores de personas dependientes. Reclamaciones que, para la Plataforma, "no se ajustan a la legalidad, así como lo están sentenciando los juzgados a los que los dependientes se ven obligados a recurrir".
En este sentido, explican que las cantidades reclamadas "al colectivo más frágil y desamparado de nuestra sociedad" se elevan hasta los 7.000 y 8.000 euros, "todo ello basado en la incompetencia de gestión" de la propia Consejería, "que está tardando, en muchos casos, hasta 18 meses en emitir resoluciones para el Programa Individual de Atención".
Desde la Plataforma acusan al Gobierno regional de "seguir exactamente las mismas políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo de Cospedal", no sólo "masacrando a los cuidadores", al haberse perdido 3.400 prestaciones en lo que va de legislatura, sino que "se les quiere dar la puntilla con estas resoluciones".
