TOLEDO.- Los ciudadanos de Castilla-La Mancha podrán saber quién puede influir, directa o indirectamente en la elaboración y aplicación de normas y políticas públicas, así como en la toma de decisiones de carácter general. Todas esas organizaciones o personas que puedan ser considerados como "grupos de interés" -los lobbies o grupos de presión- deberán estar registrados, informar sobre sus intereses y además, comprometerse a actuar conforme al código de conducta que se establezca a tal efecto.
Un Registro de Grupos de Interés cuyo decreto de creación y regulación ha sido aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno, desarrollando así lo establecido en el capítulo IV del título III de la ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. Norma cuyas prescripciones se han respetado "escrupulosamente" tanto en la definición de quienes pueden ser considerados como 'grupos de interés' como en los que han de ser excluidos de esta condición.
Según esta definición, grupos de interés son aquellas "organizaciones y personas, sea cual sea su estatuto jurídico, que desarrollando sus actividades en Castilla-La Mancha, se dedican profesionalmente, como todo o parte de su actividad, a influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en las tomas de decisiones de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos y entidades públicas vinculados o dependientes, sin que ello impida el ejercicio de los derechos individuales de reunión y de acceso o petición".
Establece la ley que deberán inscribirse en este registro además de las personas y organizaciones que incluidos en esa definición, las plataformas, redes u otras formas de actividad colectiva que, a pesar de no tener personalidad jurídica, "constituyan de hecho una fuente de influencia organizada y realicen actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Registro".
Por su parte se excluye de registrar aquellas actividades "relativas a la prestación de asesoramiento jurídico vinculadas a defender los intereses afectados por el procedimiento administrativo, en actividades de conciliación o mediación, o para el ejercicio de derechos o iniciativas establecidos por el ordenamiento jurídico".
Desde el Ejecutivo regional estiman que más de un centenar de grupos de interés se inscribirán en este registro. Personas, organizaciones y colectivos que tendrán la obligación de aceptar que toda la información proporcionada se haga pública; garantizar que la misma sea "completa, correcta y fidedigna"; cumplir el código de conducta y además, aceptar la aplicación del régimen de control y fiscalización establecido, así como las medidas correspondientes en caso de incumplimiento del código o de lo establecido por la ley de Transparencia y Buen Gobierno.
Entre los requisitos mínimos que deberá incluir este Registro, se encuentra una relación, ordenada por categorías, de las personas y organizaciones consideradas como 'grupos de interés', así como la sede de su organización. Entre la información a suministrar, aparecerán las actividades que realizan, su ámbito de interés y sus fuentes de financiación, así como los fondos públicos recibidos.
En lo que respecta al código de conducta común, incluirá al menos el nombre y los datos de la persona que lo suscribe y de la entidad u organización a la que representa o para la que trabaja, así como los "intereses, objetivos o finalidades" que persigue su clientela.
Estos 'grupos de interés' deberán comprometerse a "no obtener ni tratar de obtener la información o influir en la toma de decisiones de forma deshonesta", así como a proporcionar información actualizada y "no engañosa" en el momento de la inscripción en el Registro, manteniéndola actualizada permanentemente.
Otro de los 'mínimos' de este Registro cuyo decreto de creación aprobaba este martes el Consejo de Gobierno, debe ser informar públicamente de las actuaciones de los grupos de interés, "especialmente de las reuniones y audiencias celebradas con altos cargos o asimilados", así como de las comunicaciones, los informes y otras contribuciones que realicen con relación a las materias tratadas.
CÓDIGO ÉTICO PARA LOS ALTOS CARGOS
Además del decreto de creación del Registro de Grupos de Interés, el Consejo de Gobierno daba luz verde al de creación del Código Ético para altos cargos y asimilados de la Administración regional. Código que también es un desarrollo de la ley 4/2016 de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, que entró en vigor en enero de 2017 y que contiene avances "inauditos" en la materia.
Así lo destacaba el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, durante la rueda de prensa que ofrecía para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, en la que ha subrayado que en esta materia Castilla-La Mancha está "mucho más avanzada" de lo que la ley estatal obliga y "a la vanguardia" de cualquier otra comunidad autónoma.
La finalidad de este Código Ético para altos cargos y asimilados de la Administración regional y sus organismos autónomos es "definir los valores, principios éticos y comportamientos o estándares de conducta a los que deben comprometerse en el ejercicio de su actividad".
Asimismo contempla el establecimiento de instrumentos que ayuden a su "cumplimiento riguroso", como una Comisión Ética, de la que formará parte el vicepresidente primero del Gobierno regional, junto a tres vocales de reconocida trayectoria en este ámbito.
A este Código Ético, estarán sujetos no solo los miembros del Consejo de Gobierno, sino también los viceconsejeros, directores generales y directores de organismos autónomos, los cuales deberán suscribir una declaración de adhesión al mismo.
"Esto no conlleva más rigurosidad de la que ya nos aplicamos hoy en día", explicaba Hernando, quien apuntaba que lo que se persigue es que "el comportamiento autoexigente no sea solo voluntad del presidente, sino que pongamos negro sobre blanco una conducta rigurosa, exigente, no solo para este Gobierno sino para el futuro", blindando así un comportamiento ético de cara a futuras legislaturas.
