TOLEDO.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la oferta de empleo público (OEP) de este año, que contempla un total de 4.042 plazas, de las cuales 3.481 serán de acceso libre, y cuyas convocatorias se acumularán a la oferta del próximo año, que el Ejecutivo de Emiliano García-Page tiene previsto aprobar en el primer trimestre de 2018.
Datos que adelantaba el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa que ofrecía hoy junto al portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, en el Palacio de Fuensalida. Una OEP 2017 cuyo objetivo es "blindar" las plantillas de empleados públicos para que no estén supeditadas a decisiones políticas, ni ser "moneda de cambio" como ocurrió la pasada legislatura, que afecten a la calidad en la prestación de los servicios públicos.
Además de las casi 3.500 plazas de acceso libre, esta nueva oferta contempla 561 plazas de promoción interna. Asimismo, esta OEP 2017, que forma parte de la segunda fase del Plan de Impulso a los Servicios Públicos de Castilla-La Mancha.
Aunque inicialmente estaban previstas 3.606 plazas de nuevo ingreso para este ejercicio, finalmente serán 3.481, debido a que 125 plazas de Educación finalmente se destinarán a promoción interna y se incorporarán como de turno libre en la OEP de 2018, tal y como ha precisado el consejero.
El 75 por ciento de las plazas ofertadas, en total 3.217, se destinan a las áreas de Educación y Sanidad. En concreto, y según ha detallado Ruiz Molina, se convocarán 1.013 plazas en el sector educativo, mientras que otras 2.204 serán de personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
Así, el 25 por ciento de las plazas totales se destinan al sector educativo, de las que 784 son del cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria, 139 del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional, 40 del cuerpo de inspectores de Educación y 50 del cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas.
Por su parte, las plazas ofertadas para el ámbito sanitario, corresponden a 652 para personal facultativo, 575 serán para personal sanitario diplomado, 457 para personal sanitario técnico y 520 plazas se destinarán a personal de gestión y servicios.
Finalmente, en Administración General se han aprobado 825 plazas, lo que supone el 21 por ciento del total. De ellas, 434 serán para personal funcionario, mientras que 391 serán de personal laboral. Entre las plazas de funcionarios, 115 corresponden al grupo A1, 137 al grupo A2, 113 plazas al grupo C1 y las 69 restantes al grupo C2. Por su parte las plazas de personal laboral serán 177 del grupo III, 47 del grupo IV y 167 plazas del grupo V.
Asimismo, esta oferta pública de empleo reserva el 7 por ciento del total de las plazas para personas con discapacidad. En total serán 288 las plazas reservadas, de las cuales 206 serán para discapacidad general y 82 para discapacidad intelectual. Ruiz Molina también detallaba la distribución que tendrán las mismas, siendo 31 plazas para funcionarios, 28 para personal laboral, 75 se destinarán al ámbito docente y 154 corresponderán a personal estatutario.
UN ÚNICO PROCESO SELECTIVO A FINALES DE 2018
Por otra parte, Ruiz Molina se refería a la convocatoria de esta OEP que se acumulará a la de 2018, la cual se aprobará el próximo trimestre. Esto permitirá sumar las plazas de ambas ofertas para aprobar un único proceso selectivo, a realizar previsiblemente, en el último trimestre de 2018, una vez que haya finalizado el de la Oferta de Empleo Público de 2016, la cual se sigue desarrollando.
En el Sescam se prevé que la convocatoria se produzca en los mismos términos, para acumular las plazas de 2017 y 2018, que también se aprobarán en el primer trimestre de 2018. Se estima que los exámenes se podrían convocar en el primer trimestre de 2019, una vez que hayan finalizado los anteriores.
Por último, en educación los procesos selectivos deberán estar finalizados en julio del próximo año para que se puedan incorporar al curso escolar 2018-2019.
UN 80% MÁS DE LAS PLAZAS INICIALMENTE PREVISTAS
Recordaba el consejero que con la aprobación de esta OEP se pone en marcha la segunda fase del Plan de Impulso a los Servicios Públicos que comenzó en noviembre de 2015 y que preveía aprobar 6.600 plazas a lo largo de toda la legislatura.
Ahora mismo, al incorporarse a la tasa de reposición la tasa de estabilización del empleo temporal en los cuatro años de gobierno del presidente García-Page se van a aprobar un total de 11.872 de turno libre, es decir, un 80 por ciento más de las plazas inicialmente previstas.
A este respecto, Ruiz Molina destacaba que el Ejecutivo regional está agotando siempre todas las posibilidades que permite la legislación vigente en relación a la tasa de reposición.
Por su parte, en relación a la tasa de estabilización, Ruiz Molina explicaba que permite aprobar hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016.
La tasa de estabilización del empleo temporal, que es la que ha permitido incrementar en un 80 por ciento las plazas que se preveían aprobar al inicio de la legislatura, es fruto de una propuesta que hizo el presidente García-Page en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero, que fue finalmente aprobada y que supone convertir en fijas, plazas ocupadas por interinos, para dar estabilidad a las plantillas de empleados públicos.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Las ofertas de empleo público que se están aprobando durante esta legislatura están teniendo como efecto una estabilización de las plantillas.
De este modo, al final de la legislatura se logrará reducir la tasa de interinidad al 8 por ciento, objetivo marcado para estos cuatro años. Concretamente, en Educación se pasará de una tasa de interinidad del 16 al 8 por ciento, en Sanidad del 23 al 8 por ciento, en funcionarios de una tasa de interinidad del 8 por ciento se reducirá al 0,7 por ciento y en personal laboral del 17 al 4,3 por ciento.
Además, el Ejecutivo de García-Page da garantías a los ciudadanos que desean acceder a la función pública para que conozcan el horizonte que habrá en los próximos años y también a aquellos empleados públicos que quieran mejorar en su puesto dentro de la Administración regional.
Por último, Ruiz Molina subrayaba que con estas medidas se está consiguiendo recuperar la calidad de los servicios públicos fundamentales y cumplir con los compromisos adquiridos con los ciudadanos, y especialmente, con los empleados públicos.
