TOLEDO.- El Gobierno que encabeza el socialista Emiliano García-Page ha aprobado el Proyecto de Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha con el que se pretende reforzar los controles sobre los altos cargos de la Administración autonómica, para los que se establecen nuevas obligaciones como la presentación de una declaración responsable de no estar incurriendo en causas de incompatibilidad o la obligación de abstenerse en cuestiones que pudieran ser objeto de conflicto de intereses, y se endurecen las medidas preventivas para evitar las puertas giratorias.
Una nueva norma que tras el visto bueno recibido este martes, inicia su tramitación parlamentaria en las Cortes, donde el PSOE dispone de mayoría absoluta, y desde el Ejecutivo confían en que pueda quedar aprobada en este periodo de sesiones, es decir, antes de agosto.
Así lo ha explicado el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha explicado que el objetivo es aprobar esta ley "con el máximo consenso posible" y seguir a la vanguardia en materia legislativa de transparencia.
Una ley que, junto con las de Transparencia y Participación, cierra la estructura jurídica en materia de integridad pública de la comunidad autónoma y de una correcta gestión de los asuntos públicos en Castilla-La Mancha.
En este sentido, Martínez Guijarro ha subrayado que desde su origen, Castilla-La Mancha ha sido "una comunidad autónoma pionera en materia de transparencia en la gestión pública. Ha recordado así que en la primera legislatura se aprobó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la segunda la Ley de Participación Ciudadana y en esta tercera verá la luz la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha.
Una nueva norma que incluye una definición "más clara" de lo que se entiende por alto cargo, entre los que se encuentran incluidos los miembros del Consejo de Gobierno y los órganos directivos de asistencia y apoyo, pero también todas las personas que son presidentes o directores generales de cualquier ente público que forma parte del sector regional, así como quienes tengan un contrato de alta dirección o que sean personal directivo.
En su articulado, el proyecto de ley establece también nuevas obligaciones a los altos cargos, como la obligación de presentar, en el momento de la toma de posesión, una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública. Esta declaración se unirá a las de actividades, bienes y rentas que se vienen ya realizando.
Además, ha explicado que la futura norma incluye, además, la obligación de los miembros del Consejo de Gobierno de presentar una declaración de patrimonio en el mismo momento de la convocatoria electoral, de tal manera que pueda comprobarse que no se haya producido ""ningún incremento de patrimonio que no sea explicable por los ingresos que durante ese tiempo haya tenido como miembro del Gobierno", o lo que es lo mismo, se comprobará que no exista un incremento de patrimonio irregular durante el tiempo que haya ejercido ese cargo público.
Otra novedad que incluye la norma es la relativa al conflicto de intereses. En concreto, los altos cargos tendrán que abstenerse en la toma de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses, ya sea por estar involucrados en las mismas familiares u otras personas que puedan condicionar la toma de decisión. Además, esta abstención se comunicará a la Oficina de Integridad para que conste en el registro de actividades del cargo en cuestión.
Pero además, una vez producido el cese, los altos cargos tendrán durante dos años la obligación de comunicar las empresas con las que vayan a establecer relación laboral, de modo que la Oficina de Integridad pueda comprobar que dicha actividad es compatible con el ejercicio del cargo público anterior. De este modo, se tratará de evitar las llamadas puertas giratorias, comprobando que no realizarán actividades para empresas en las que hayan tenido una intervención en expedientes de subvención o contrataciones.
Una Oficina de Integridad que tendrá un papel "clave" como órgano de prevención, control de la integridad y como organismo de vigilancia.
En este sentido, el vicepresidente primero ha explicado que entre las funciones de este órgano, que pasa a formar parte de la Oficina de Participación, se incluye la tramitación de los procedimientos de inscripción, modificación, suspensión y cancelación del Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha, como la recepción, custodia y publicidad de las declaraciones de adhesión al Código Ético de los altos cargos y asimilados de la Administración de la Junta de Comunidades, además de la supervisión y seguimiento de la publicación de las agendas de trabajo de aquellos.
Asimismo, el articulado del proyecto de ley incluye la habilitación del Canal Externo de Información, "el más importante para que cualquier ciudadano pueda dirigirse para denunciar posibles irregularidades", para el que, en el caso de esta comunidad autónoma, se ha designado al Consejo de Transparencia, un organismo autónomo que gestionará esas informaciones que lleguen de la ciudadanía. La ley regula igualmente el régimen sancionador, que va desde una amonestación hasta el cese en el cargo público.
