TOLEDO.- Un nuevo intento del Partido Socialista de Castilla-La Mancha de sacar adelante vía enmienda la consolidación de niveles para aquellos funcionarios que durante algún tiempo hayan ocupado un cargo público cuando regresen a sus puestos en la Administración, ha vuelto a despertar la polémica en la región, poniendo de nuevo en pie de guerra no solo a la oposición ‑dispuesta a emprender acciones legales si fuera necesario‑ sino también a los sindicatos de la Función Pública.
Medida que tendría efecto retroactivo, pues se aplicaría a todos los cargos públicos que hayan reingresado a su puesto de funcionario desde la creación de la Junta de Comunidades, y a los cargos no autonómicos desde 2007. En caso de aprobarse, las personas que ocupen o hayan ocupado un puesto de alta dirección podrán ascender hasta el máximo de su grupo en la Función Pública de una forma lineal, dos niveles cada año. Y esto, aunque el puesto de funcionario lo tuviera en adscripción provisional, mientras al personal funcionario se le exige que tenga carácter definitivo.
Un segundo tentativo que se produce dos años y cuatro meses después de que los promotores de aquella iniciativa, los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos ‑que por aquel entonces ya compartían Gobierno‑, se vieran obligados a retirarla ante el revuelo generado por la propuesta, ya que se consideraba que con ella no solo se garantizaba una mejora de los sueldos, sino también de las pensiones, sin necesidad de recurrir a la vía de la cualificación.
Decisión de retirar la enmienda que aseguraron los entonces portavoces de ambos grupos, Rafael Esteban y María Díaz, respectivamente, atendía a la petición del Ejecutivo de Emiliano García-Page ante la "confusión" suscitada y con el objetivo de explicar la propuesta a los agentes sociales.
Aclaraciones y explicaciones que desde ese 14 de agosto de 2017 parece que no han dado, puesto que los sindicatos han vuelto a levantar la voz ante la intención del Gobierno castellanomanchego de sacar adelante la medida sirviéndose de la mayoría absoluta de la que ahora disfruta y sin plantear el asunto en la mesa de negociación.
Una enmienda con la que el PSOE está dispuesto a seguir adelante y que ha llevado este lunes a las Cortes regionales a representantes de todos los sindicatos de la Función Pública (CCOO, CSIF y FSES ‑que engloba a ANPE y SATSE-, UGT y STAS‑) a registrar un escrito dirigido al grupo socialista instándole a retirar la enmienda a la ley de Medidas Administrativas y Tributarias que da "privilegios" a altos cargos.
Así lo expresaban en declaraciones a los medios de comunicación los representantes de los distintos sindicatos, como la portavoz del Área Pública de Comisiones Obreras en la región, Mercedes Gómez, quien instaba al PSOE a "repensar" la enmienda de consolidación de grado y a que el Gobierno regional la lleve a la mesa de negociación.
Gómez incidía en que la enmienda establece "consolidar el componente de altos cargos" y lamentaba que supone un incremento de la partida presupuestaria al mismo tiempo que "resta calidad a los servicios públicos" e "impide la posibilidad de mejora de las condiciones laborales y retributivas de los funcionarios".
En la misma línea, el representante de CSIF Gratiniano Lozano señalaba que se trata de "una gota más" en las políticas del PSOE de "ventajas para los altos cargos" tras la aprobación del Estatuto del Directivo Profesional y una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que aumenta en 5,5 millones de euros el presupuesto para altos cargos.
Por su parte, el representante de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) y presidente de Anpe, Ramón Izquierdo, criticaba la medida porque "viene a coartar y a dar una ventaja a aquellos que desempeñan cargos políticos respecto al resto de funcionarios sanitarios y docentes que no tienen carrera profesional".
Por tanto, ha dicho que se puede dar la situación de dos docentes que hagan el mismo trabajo pero uno cobrando "muchísimo más" por haber sido unos años cargo político, hasta entre 400 y 500 euros más por nómina "como mínimo", resaltaba.
También el secretario regional del Sector Autonómico de UGT, Luis Manuel Monforte, denunciaba que la propuesta del PSOE es "una vergüenza" porque mientras las organizaciones sindicales reclaman por la falta de personal "grave", el PSOE "cuela por la puerta de atrás, vía enmienda, una medida que implica aumentar el presupuesto en gasto de personal en un porcentaje elevado".
Monforte recordaba que esta enmienda ya fue retirada hace unos dos años e insistía en la necesidad de negociarla, un hecho que también apuntaba el representante de STAS Gustavo Fabra, quien subrayaba que "fue un escándalo a nivel nacional".
Fabra tildaba así de "indignante" el comportamiento del Consejo de Gobierno y del grupo socialista en las Cortes por su mayoría absoluta y "por soberbia", al tiempo que aseguraba que esta enmienda no ha sido debatida ni se ha entendido en los centros de trabajo, sino que más bien "se ve como una agresión" y como "un lastre" para la Función Pública.
"Se está atacando la carrera profesional de los empleados públicos, creando una casta de expolíticos que van a ir recayendo en los puestos más altos y estratégicos de la Junta solo por el hecho de haber sido nombrados antes por un cargo político", manifestaba.
En este punto, incidía Fabra en que afecta a directores generales, a jefes de gabinete, concejales y alcaldes liberados, al tiempo que exigía "transparencia" al Gobierno regional y que diga "cuánto cuesta esta medida" que, advertía, se pagará con "privatizaciones".
Por todo ello, Fabra anunciaba que este miércoles los empleados públicos llevarán a cabo concentraciones en todas las capitales de provincia, para exigir que el jueves no se apruebe esta medida en el pleno de las Cortes regionales.
"ENMIENDA DE LA VERGÜENZA"
Mientras tanto, desde el Partido Popular coinciden con los sindicatos al reclamar a García-Page la retirada de manera inmediata de "la enmienda de la vergüenza" que establece privilegios vitalicios para altos cargos.
Una propuesta que para la diputada regional conservadora Ana Guarinos supone "la segunda fase de NesPage" ‑aludiendo a la denominación que se dio desde algún sindicato al amago realizado durante la pasada legislatura‑, a través de una enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista publicada el día antes de un puente festivo "con premeditación y alevosía" y "por la puerta de atrás", sin convocar la Mesa de la Función Pública y sin el dictamen del Consejo Consultivo.
Medida que de ser aprobada supondría, según los ‘populares’, un incremento del presupuesto y más gasto, ya que se aplicaría inmediatamente después de su entrada en vigor. Por ello desde el PP preguntan al jefe del Ejecutivo cuánto costaría esta medida y a cuántos altos cargos afectaría, dada la "gran repercusión" que tendría en el presupuesto regional.
"NO ES PRIVILEGIO, ES DE JUSTICIA"
Una postura que no comparte el PSOE, desde el que insisten en que la polémica enmienda no se trata de un privilegio "sino de justicia", al "reconocer" a los funcionarios cuando dejan sus cargos públicos.
Una idea en la que volvía a insistir la portavoz del grupo parlamentario, Ana Isabel Abengózar, para quien la enmienda presentada "es justa", porque los empleados públicos que vuelven a sus puestos tras ocupar cargos de responsabilidad en la Administración regional no se encontrarían así en desventaja con el resto.
"No hablamos ni de complemento ni de incremento salarial, sino de que cuando vuelven a sus puestos que, al menos, consoliden el nivel", justificaba la portavoz socialista, que incidía en que "ni un beneficio más, pero tampoco ninguna desventaja, como sería no reconocer su consolidación de nivel".
En este sentido, Abengózar aseguraba que "la excepción" en su aplicación es ahora mismo Castilla-La Mancha porque ya se ha aprobado en otras comunidades autónomas, "alguna incluso gobernada por el PP", y rechazaba por ello las críticas de la diputada del PP Ana Guarinos.
"Poco tiene que decir el PP al respecto porque fue él quien se cargó el complemento y dejó a Castilla-La Mancha en distinta situación a la de otras comunidades autónomas, cuyos funcionarios sí lo cobraban", replicaba Abengózar, quien negaba que sea para "tener privilegios".
Al tiempo añadía que "no es cierto que se haya hecho con oscurantismo" porque "las enmiendas se conocen cuando se califican en la Mesa de las Cortes. No hay nada de tapadillo, ese oscurantismo de que habla el PP es su forma de hacer política", sentenciaba la diputada socialista.
