Castilla-La Mancha quiere reconocer a las víctimas del terrorismo con una ley que tramitará en 2022

La futura normativa regional, anunciada con motivo del décimo aniversario del cese de la actividad armada de ETA, dará asistencia a los damnificados por la banda terrorista y el 11M.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, realizando el anuncio de la futura ley regional de víctimas del terrorismo, en el parque 'Puy Du Fou'. —  E. GONZÁLEZ
photo_camera El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, realizando el anuncio de la futura ley regional de víctimas del terrorismo, en el parque 'Puy Du Fou'. — E. GONZÁLEZ

TOLEDO.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que la comunidad autónoma tramitará, en el primer semestre de 2022, una ley que reconocerá y ayudará a todas las víctimas del terrorismo.

Un anuncio que ha realizado cuando se cumplen diez años desde que la organización terrorista ETA abandonara la actividad armada, acontecimiento que llevaría a su posterior disolución en mayo de 2018.

"Celebramos diez años de un éxito colectivo que fue vencer a los terroristas", ha declarado el jefe del Ejecutivo regional durante una entrega de premios celebrada en el parque temático toledano 'Puy Du Fou', mostrándose además convencido de que ese momento formará parte, como tantos otros, de la historia de España.

García-Page ha explicado que la próxima ley se sumará a otras que ya se han aprobado en los últimos años en la mayoría de comunidades autónomas, y servirá para ayudar y colaborar con todas las víctimas del terrorismo, "no solo las de Castilla-La Mancha".

"Seguramente es el mejor homenaje que le pueden hacer las generaciones que no lo han conocido", ha afirmado el presidente castellanomanchego, quien ha adelantado que el texto legislativo se tramitará durante el primer semestre del próximo año.

Instantes antes de realizar este anuncio, García-Page había criticado las declaraciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las que sostenía que apoyaría los presupuestos generales del Estado si, como contrapartida, se liberaban a los presos que ETA que continúan cumpliendo condena en las cárceles españolas.

"A mí personalmente me resulta un insulto, no solo a la dignidad de las familias y de las víctimas, sino a la moral de un país, que los herederos de la banda terrorista puedan estar planteando un intercambio de presos  por dinero", comentó el dirigente autonómico.

"Es tan inmoral este comentario que por sí mismo explica cómo pudieron amparar y convivir con la violencia", agregó el presidente en alusión a las palabras de Otegi, aunque sin citarlo directamente.

Respecto a la futura normativa también se ha pronunciado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, quien ha asegurado que el Ejecutivo del que forma parte está acometiendo "con mucha ilusión y con un sentimiento enorme de compromiso los trabajos para esa futura ley de asistencia y atención a las víctimas de terrorismo, tanto de ETA como del 11-M, ya que nuestra región junto con Madrid fue la Comunidad Autónoma que más víctimas tuvo en ese terrible atentado".

"No que hay que olvidar a las víctimas, tenemos que atenderlas, reconocerlas, saber que están ahí y jamás utilizarlas, sino estar a su servicio para que sean ellas las que puedan utilizar las instituciones en su propio beneficio", ha reconocido.

El planteamiento de la ley es lograr que las víctimas del terrorismo tengan su propio estatus y analizar con ellas qué medidas de ayuda les pueden ser útiles, ha detallado la consejera.

Para darle forma a la ley, el Gobierno regional trabaja ya, a través del diálogo con la sociedad civil, en desarrollar las medidas más eficaces que ayuden a las víctimas.

Finalmente, Fernández ha señalado que espera que sea en el segundo semestre del 2022 cuando esta ley pueda ser definitivamente aprobada.

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