TOLEDO.- Castilla-La Mancha volverá a situarse a la vanguardia en protección social tras la aprobación de la nueva Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad. Texto normativo que hará que la comunidad autónoma sea "la más avanzada, más proteccionista y más garantista" en la materia, dando una respuesta a la preocupación de las familias.
Una ley cuyo anteproyecto recibía luz verde del Consejo de Gobierno en su última reunión de este año, tal y como el pasado viernes avanzaba el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, durante la rueda de prensa que ofrecía junto a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
Una nueva norma que ofrecerá "tranquilidad" a las familias de las personas con discapacidad, puesto que "podrán decidir sobre su futuro" cuando falten, y el Gobierno regional "velará por ellos". Se garantiza así un "plan de futuro" para aquellas personas que tengan dificultad para decidir sobre su vida.
En la región, detallaba por su parte la consejera de Bienestar Social, hay 140.823 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Esta ley se dirige expresamente a aquellas personas que necesitan apoyo para la toma de decisiones, personas con discapacidad psíquica mayores de 18 años, tal y como se denomina técnicamente.
De esta proteccionista legislación podrán beneficiarse más de 35.700 castellano-manchegos con discapacidad intelectual, enfermedad mental, daño cerebral o deterioro cognitivo, lo que representa el 25,36 por ciento de las personas con discapacidad de la región.
Por ello, para el presidente del Ejecutivo ha supuesto "un auténtico orgullo" que el primer acto tras la aprobación este jueves del presupuesto para 2018 en las Cortes haya sido la presentación en público de la ley que se aprobará la próxima semana por el Consejo de Gobierno. Una ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad que es "la columna vertebral de la conciencia de cualquier sociedad que se precie de ser moderna, justa y solidaria".
En este sentido, García-Page destacaba la "preocupación vital" de tantas familias que "a pesar de vivir en un país moderno, avanzado", tienen dudas sobre "qué puede pasar con su gente cuando ellos falten", por lo que "no terminan de fiarse".
De ahí que se haya mostrado "tremendamente contento" del impulso a esta nueva ley que, junto al balance de gestión, "casi justifica toda una legislatura, por no decir toda una vida pública".
Una ley que permitirá "decir con franqueza" a todos los familiares que tienen un discapacitado grave "que duerman tranquilos", puesto que "si un día ellos no están, estará la sociedad".
Por ello, Emiliano García-Page se ha mostrado confiado en que esta ley tenga unanimidad en su tramitación en las Cortes.
Una ley para la que ya se ha contemplado un presupuesto de 5 millones de euros para el ejercicio 2018. Una dotación que servirá, en primer lugar, para la creación de las unidades de protección y apoyo que serán las encargadas, junto a las seis fundaciones tutelares, de elaborar un plan personal de futuro para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones.
Asimismo, posibilitará la creación de 105 plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual, así como la puesta en marcha de 85 nuevas plazas residenciales para enfermedad mental y para el impulso en la creación de plazas de atención especializada.
Pero en esta presentación la consejera de Bienestar Social tampoco se olvidaba de destacar la colaboración del CERMI Castilla-La Mancha en la elaboración de esta ley. Asimismo ha apuntado que durante la fase de consulta pública se presentaron 26 alegaciones al texto, de las cuales se han incorporado al mismo el 80 por ciento.
"Es una ley que sitúa a Castilla-La Mancha a la vanguardia a nivel nacional en servicios sociales y atención a la discapacidad", una ley "pionera en España", la cual "supera los avances importantes de este contexto nacional y también las recomendaciones europeas", destacaba Sánchez, para quien, ante todo, "es una ley que da tranquilidad, seguridad y bienestar a las familias de Castilla-La Mancha".
Una aprobación del anteproyecto de ley sobre la que informaba también este martes la consejera de Bienestar Social, quien subrayaba cómo esta nueva norma es "un éxito de toda la sociedad castellano-manchega". La ley, aseguraba Sánchez, "con más espíritu y más alma del Gobierno regional".
