TOLEDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con los votos a favor de PSOE y Podemos, la nueva ley de Caza. Un texto que sustituye a la polémica norma que aprobó el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal en el último tramo de su legislatura y que supone respecto a ella un cambio sustancia. Una modificación de la ley en la que se ha trabajado durante los dos últimos años que termina con cuestiones tan controvertidas como la posibilidad de que se pudieran "abatir" perros y gatos, o la supresión de los cotos sociales, y se estimula la federación de cotos, planteando una reducción del 30 por ciento del coste para aquellos que lo hagan.
Otras de las mejoras introducidas en este texto es la recuperación del uso de los caminos públicos para el conjunto de la ciudadanía, así como un aumento de las sanciones en caso de incumplimiento de la norma. Al mismo tiempo reconoce a los agentes medioambientales como agentes de la autoridad que, entre otras funciones, tienen encomendada la de policía judicial en sentido genérico.
Una nueva ley que sí mantiene la edad mínima para poder cazar en los 14 años, a pesar del planteamiento en contra manifestado desde Podemos y de las críticas suscitadas al respecto por parte de colectivos proteccionistas. Posiciones contrarias que se volvían a poner de manifiesto en los últimos días, como la expresada por la asociación Proanimal Castilla-La Mancha, desde la que acusan al Gobierno regional de haber cedido a las presiones del lobby cinegético.
Precisamente una de las enmiendas que llegaba viva a este debate era la planteada por la formación morada en la que se pedía elevar esa edad mínima hasta los 16 años.
Para el Ejecutivo regional esta ley de Caza "es mejor" que la que estaba en vigor hasta el momento, y con ella se da respuesta a los intereses tanto de los cazadores como del resto de ciudadanos, "desterrando prácticas que no deben estar en una ley como ésta". Así lo señalaba durante su intervención ante el pleno el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien subrayaba la posibilidad que ofrece esta ley de "compatibilizar" el disfrute del monte y del medio rural por parte de todos los ciudadanos con la actividad cinegética.
Por otra parte, esta nueva ley modifica a su vez la ley de tasas, estableciendo una exención para el pago de las mimas a los jubilados que deseen obtener una licencia de caza o pesca, "un avance" desde el punto de vista de la caza social, subrayaba el consejero.
Medidas articuladas para favorecer y proteger una actividad que es "fundamental" para la región, al generar más de 600 millones al año, y a su vez "responder a las demandas de la sociedad del siglo XXI", eliminando prácticas que "no representan a esta tierra", aseguraba Martínez Arroyo.
En esta misma línea afirmaba que la ciudadanía quiere "una caza moderna y sostenible", de gente que "apueste de verdad" por la actividad y el desarrollo del medio rural, siendo estos los únicos intereses que deben primar.
Por último, el consejero de Agricultura señalaba que se pretende que esta ley represente "lo mejor de Castilla-La Mancha", una norma que "hecha entre todos" y en la que "todos se sientan representados".
PARA EL PP ES UNA LEY "IDEOLÓGICA"
En contra de esta modificación de la ley de Caza se volvían a pronunciar los populares, cuyo portavoz en este debate, Francisco Núñez, llegaba a justificar su voto en contra debido al componente "ideológico" que a su juicio había tras la misma.
Y es que para los populares este cambio en la ley representa el punto de partida de una hoja de ruta para "cargarse" la caza en Castilla-La Mancha, al tiempo que acusaba al presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, de mantener "un enfrentamiento con los cazadores", a los cuales trata "como delincuentes".
Asimismo desde el PP han reprochado al jefe del Ejecutivo que no se haya puesto en contacto con ellos para abordar la modificación de la ley, a pesar de que el consejero haya asegurado haberse reunido con todos los sectores implicados.
Por su parte el portavoz de Podemos, David Llorente, centraba su intervención en la defensa de las cuatro enmiendas de su formación que llegaban al debate aún vivas, entre ellas la de la edad mínima. Cuestiones que eran rechazadas, al igual que las enmiendas planteadas por el PP y una del PSOE.
Llorente reprochaba a los socialistas que se escuden en el reglamento de armas estatal para no apoyar esta petición, considerando así que "este PSOE es un lastre para el cambio", puesto que "un arma de fuego no es un juguete".
