TOLEDO.- Castilla-La Mancha contará con una ley de universidades que protegerá a los centros públicos de la región -la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH)- de los "nuevos aventureros del negocio universitario", cuyo planteamiento se considera "un ataque a la línea de flotación de lo público".
Así lo ha señalado este lunes el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, quien frente al modelo de proliferación de universidades privadas por el que se apuesta en otras comunidades autónomas, como Madrid o Andalucía, gobernadas ambas por el Partido Popular, se ha mostrado tajante al asegurar que en Castilla-La Mancha no contarán con tanta "facilidad" para implantarse.
Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, donde llevan gobernando los populares desde hace 29 años, el número de universidades se ha multiplicado. Así, mientras que en 1998 tenía seis centros públicos y cinco privados, hoy en día siguen siendo las mismas universidades públicas y son trece las privadas, con otras cuatro solicitadas.
En Andalucía, por su parte, fueron dos los nuevos campus privados que se autorizaron en 2023, uno de ellos incluso contando con informes contrarios por no cumplir los requisitos mínimos de calidad establecidos por la legislación.
Junto a ellos se encuentran otros dos proyectos de universidades privadas en trámite y a los que también se oponen los rectores de los centros públicos andaluces, que hasta ahora habían 'competido' con un campus privado, fundado en 2010.
Pero estas dos comunidades autónomas no son las únicas que se están dejando llevar por los cantos de sirena de la universidad privada, puesto que también se plantean iniciativas en esta línea en regiones como Aragón -que ya cuenta con un campus privado- o Canarias -donde las privadas duplican en número a las públicas, cuatro frente a dos-. Lo mismo sucede en el caso de Castilla y León, en la que gobiernan el PP y Vox, donde las universidades privadas son superiores también en número, cinco centros por cuatro de la pública.
Frente a ello, en Castilla-La Mancha, García-Page ha subrayado que en la Ley de Universidades autonómica, que se redactará en el curso 2025-2026, "quedarán claros los límites mínimos exigibles" tanto en nivel de calidad como académico, científico e investigador. Mientras se presenta esa ley, la comunidad autónoma no está dispuesta a facilitar la llegada del negocio universitario.
Y es que, cabe recordar, aunque corresponde al ministerio la elaboración de un informe previo de cumplimiento de los requisitos legales para las universidades privadas, son las comunidades autónomas las que deben proponer por ley su creación y autorizar su apertura e inicio de actividades.
Lo avanzaba así en Toledo, tras rubricar sendos convenios con los rectores de las universidades de Castilla-La Mancha y de Alcalá, para la realización de prácticas en los centros del Sescam. Una Ley de Universidades que blindará las relaciones de estas con la región.
García-Page ha mostrado su preocupación por los proyectos de universidades privadas que en los últimos años se plantean "solo como un negocio", pues si bien no tiene "nada en contra" de que se haga negocio en educación, sí considera que deben atender un nivel de calidad y exigencia, puesto que de otra forma los parámetros son "desiguales" y se ataca la línea de flotación de la pública, porque en lo privado "ni se plantean la investigación, ni se permite ni se permiten hacerla, y menos aún que se les pueda exigir".
Asimismo, ha lamentado que "una de las conspiraciones más absurdas" que vivió al llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha fueron los intentos de que la UCLM y la UAH entraran "en colisión", para que el Ejecutivo regional "rompiera su cordón umbilical tradicional" con la UAH, pero ha asegurado que todas las partes trabajaron para que eso no pasara y por ello ha celebrado que "las dos universidades no solo no trabajen de la mano, sino que entiendan que su amenaza no son las universidades públicas".
En esta línea, el presidente regional ha opinado que la prestación de servicios educativos, como los sanitarios, "no se pueden medir con parámetros de rentabilidad". Y así ha recordado que el mundo universitario se enfrenta a retos y desafíos como la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la cual "nació sin 'Almax' para digerirla".
No obstante, ha agradecido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que haya puesto "la carne en el asador" para tratar de llegar al 80 por ciento de financiación del gasto que supondrá su implementación. Pese ha ello, ha advertido, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se continuará reclamando el cien por cien, "porque es de justicia y facilita la digestión de una legislación que no puede imponerse con esa doctrina de yo invito, tú pagas".
