La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha registrado en la mañana de hoy un escrito dirigido al Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el que se insta, de manera urgente, a la retirada de las tasas que las personas dependientes y con discapacidad deben soportar a la hora de pedir una revisión de su grado de dependencia, de discapacidad o de su programa de atención, para la obtención del certificado de idoneidad o renovación de la tarjeta de accesibilidad.
Según explican, las tasas impuestas por el anterior Gobierno de Cospedal han supuesto durante estos últimos años , en la inmensa mayoría de los casos, una barrera infranqueable para que las personas dependientes pudieran adecuar su situación personal con la situación real que vivían en función de la evolución de sus enfermedades.
En este sentido, las tasas implantadas por el Ejecutivo conservador equiparaban una situación sobrevenida en función de una enfermedad, accidente o circunstancia personal, con los trámites y pagos que, por ejemplo, debían realizar empresas para el desarrollo de su negocio
En la actualidad, los tributos establecidos para las revisiones del grado de dependencia son de 40,80 euros, para el programa de atención individual (P.I.A.) son de 15.30 euros y para el grado de discapacidad 30.60 euros, a los que hay que añadir 10.20 euros más si hay que realizar un desplazamiento al domicilio para valorar la necesidad de concurso de una tercera personas. Del mismo modo, se viene cobrando una tasa para la expedición de la tarjeta de accesibilidad de 8.16 euros y de 16.40 euros si se solicita un duplicado.
“Especialmente sangrante y que demuestra hasta donde ha llegado el ensañamiento por parte de la expresidenta Cospedal con los cuidadores familiares de personas dependientes, la mayor parte grandes dependientes y muchos de ellos menores de edad, es el establecimiento de una tasa por una ‘certificación de idoneidad’ para que los padres puedan cuidar a sus hijos o los hijos a sus padres. El pago por este certificado asciende a 35.70 euros”, han denunciado desde el colectivo.
Como se puede comprobar, las tasas aplicadas contra este sector social suponen, en la práctica, un muro infranqueable para el reconocimiento y adaptación de su situación real a las prestaciones o servicios que deben ir prestándoles en función de la evolución de sus necesidades.
Por esta razón, desde esta plataforma han instado a García-Page a que “de manera inmediata inicie las gestiones y acciones oportunas para dejar sin efecto todas estas tasas con las que se han coartado los derechos de las personas en situación de dependencia”, aunque han asegurado no dudar de que “el presidente de los castellano-manchegos seguirá mostrando su especial atención y sensibilidad hacia este colectivo, como hasta el momento lo ha hecho”.
