GUADALAJARA.- El alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal Martínez, de Entre Todos Fontanar (ETF), se enfrenta a diez años de cárcel por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, prevaricación, falsedad continuada en cargo público y administración desleal.
Fiscalía ha solicitado que el regidor de la localidad guadalajareña, además de cumplir pena de prisión, sea condenado por los mismos delitos a trece años de inhabilitación para ejercer un cargo público.
También será juzgada la secretaria interventora del municipio, para la que se pide una pena de cinco años de prisión por los delitos de falsedad continuada en cargo público, malversación de caudales públicos, administración desleal y apropiación indebida.
En el banquillo de los acusados se sentarán también el jefe de Protección Civil de Fontanar, Mikel Cid Jiménez, para quien el ministerio público pide cuatro años y medio de cárcel por malversación y administración desleal, y su madre, Amelia Jiménez, que se enfrenta a cinco años de prisión por malversación y fraude.
Por último, la Fiscalía pide dos años y medio de prisión para el responsable de los talleres de empleo del municipio por los presuntos delitos de falsedad en documentos oficiales y malversación.
El procedimiento se remonta a julio de 2019, cuando en una operación de la Policía Judicial impulsada por el ministerio fiscal, se detuvo al alcalde y a los demás investigados en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número tres de Guadalajara.
Entonces prestaron declaración ante el juez, que decidió dejarlos en libertad con cargos tras efectuarse un registro de la Guardia Civil en el consistorio.
La intervención fue fruto de las denuncias efectuadas por Unidas Fontanar y dos trabajadoras del Ayuntamiento. Según ha explicado Enrique Pérez, que fue concejal de la formación durante la anterior legislatura, una de las empleadas públicas fue despedida tras denunciar dichas irregularidades.
El despido de la trabajadora fue declarado nulo en una sentencia dictada hace menos de un mes por el Juzgado de lo Social de Guadalajara, que condena por vulneración de derechos al Ayuntamiento de Fontanar, que la ha recurrido.
A este respecto, Pérez ha precisado que el consistorio "ha preferido pagar el sueldo de la trabajadora despedida sin acudir al puesto de trabajo", a la espera de que la sentencia sea firme.
La causa contra el alcalde de Fontanar se suma a otra que ya tiene fecha de juicio el próximo 25 de noviembre, por la que la Fiscalía también pide una pena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública.
Además, un auto del juez de instrucción número uno de Guadalajara establece nueve años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público.
El alcalde fue denunciado en 2018 por dos concejales de Ahora Fontanar, uno de ellos Enrique Pérez, por la adjudicación y ejecución de las obras del Sector 4 a WTL Soluciones Integrales, una empresa sin experiencia en obras de urbanización y cuya administradora única es Amelia Jiménez, madre del jefe de Protección Civil, amigo íntimo del alcalde.
Los hechos investigados se remontan a la anterior legislatura, cuando San Vidal fue elegido alcalde por el Partido Socialista. La formación decidió no darle su apoyo en 2019 ante los procesos judiciales en los que se vio involucrado.
San Vidal se presentó entonces con la candidatura independiente de ETF, logrando obtener siete de los once concejales que se disputaban en la localidad. La dirección federal del PSOE acabó expulsándole por integrarse en la lista electoral de otro partido.
