TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha, gobernado por el socialista Emiliano García-Page, ha registrado este lunes el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, cuya interposición aprobaba el Ejecutivo el pasado 30 de julio.
Así lo ha confirmado en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad toledana de Villarrubia de Santiago la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha precisado que la presentación se ha hecho de forma telemática y que se produce tras la decisión adoptada por el Gobierno regional después del estudio del "contundente" dictamen del Consejo Consultivo elaborado a petición del presidente respecto a la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña
Castilla-La Mancha se convierte así en la primera comunidad autónoma gobernada por el PSOE en recurrir la Ley de Amnistía, un paso que este lunes también ha formalizado la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso, y a la que en las próximas horas se sumarán el resto de territorios gobernados por el PP, como la Comunidad Valenciana -en la que Carlos Mazón ha convocado un Consell extraordinario para la tarde de este lunes con el objetivo de aprobar el recurso- o Andalucía.
El Ejecutivo castellanomanchego ha dado este nuevo paso, formalizando el recurso anunciado hace semanas, tras el análisis del informe solicitado al Consejo Consultivo por parte del presidente regional.
Un requerimiento planteado el pasado 14 de junio, en el que se solicitaba una valoración de la adecuación de la norma al bloque de la constitucionalidad, teniendo en cuenta que, a través de la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se trataba de "borrar las consecuencias jurídicas derivadas de las actuaciones contrarias a la configuración constitucional del Estado, tipificadas como delito en el momento de su comisión". De este modo, se pretende que el Tribunal Constitucional, en su condición de intérprete supremo de la Constitución, pueda efectuar una adecuada depuración objetiva del contenido de esta ley.
Junto a ello, desde el Gobierno regional se instaba también al Consultivo a pronunciarse sobre si la fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la Ley de Amnistía infringía o no los principios democráticos del Estado y si hubiera sido necesaria una reforma constitucional.
Dictamen en el que se determinó no solo la legitimidad del Gobierno de Castilla-La Mancha para recurrir la norma, sino que también consideró, respecto al fondo, que era inconstitucional al "romper el principio de igualdad entre los españoles" amparado en el artículo 14 de la Carta Magna, así como los principios de interdicción de la arbitrariedad y de seguridad jurídica, garantizados en el artículo 9.3.
Un dictamen en el que, apoyándose en diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha subrayaba la legitimidad del Ejecutivo regional para plantear recurso de inconstitucionalidad ante cualquier infracción constitucional en la que pudiera incurrir la norma, no solo en cuestiones relacionadas de forma directa con sus competencias.
Y es que, señala el Consultivo en su dictamen, la ley analizada "es un frontal ataque que debilita, cuando no deslegitima, al Estado autonómico". En este sentido señala que el legislador estatal "impone" con la aprobación de esta norma "la desactivación de la legalidad penal y sancionadora vigente, que fue diseñada precisamente para dar protección a los principios esenciales del Estado Autonómico que el texto constitucional diseña".
De ahí que no sea solo un derecho, sino "un deber esencial" de una comunidad autónoma ejercer la legitimación que le da la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 32.2 para recurrir la inconstitucionalidad de una norma que "se inmiscuye de forma tan directa e intensa en el ámbito competencial autonómico".
Por otra parte, y puesto que también se había pedido por parte del presidente regional el pronunciamiento del Consultivo respecto al fondo de la norma, en el dictamen se señala que la Ley de Amnistía no tiene cabida en la Constitución, al vulnerar sus artículos 62.i), 117 y 118, por lo que su aprobación habría requerido previamente una reforma constitucional.
En esta misma línea, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha señala también en su dictamen que, aun cuando no se vulnera al procedimiento legislativo por el hecho de que la norma tenga su origen en una proposición de ley orgánica ni por acordar su tramitación por el procedimiento de urgencia, al tratarse de una Ley Orgánica que regula una materia no prevista en la Constitución, la amnistía, su aprobación requeriría la previa reforma de la Carta Magna.
De esta forma, y a dos días de que finalizara el plazo para poder formular recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley de Amnistía -tres meses a contar desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que se produjo el 11 de junio-, Castilla-La Mancha ha presentado su recurso, con apenas horas de diferencia respecto a varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
