TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha no descarta "ninguna medida" que se pueda adoptar para preservar los intereses de la región se llega a confirmarse que el que fuera director general de Documentación y Análisis en el gobierno de María Dolores de Cospedal, Andrés Manuel Gómez Gordo, investigado en la causa 'Kitchen', dedicaba su tiempo y la nómina que cobraba de la región a "montar informes falsos".
Así lo ha señalado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, quien ha apuntado que ante esta situación cabe preguntarse "si además de entregar fondos reservados al chófer de Bárcenas", tal y como se recoge en el sumario instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el señor Gómez Gordo se dedicó a tareas similares en Castilla-La Mancha".
En este sentido, Fernández ha recordado que durante los cuatro años de gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha -labor que compaginaba con la Secretaría General del Partido Popular a nivel nacional-, "se montaron cincuenta querellas contra ex altos cargos, tres consejeras y un director general", la mayoría de las cuales fueron archivadas y algunas acabaron en juicio, "demostrando la inocencia de quienes injustamente habían sido acusados en estos montajes".
Por ello se ha preguntado si quien fuera nombrado por Cospedal como director general de Documentación y Análisis, sin tener experiencia previa en la materia, figurando eso sí en su currículum el ser policía nacional y experto en cuestiones de seguridad, "se dedicó a montar informes falsos, que se publicaban en los medios nacionales".
En este sentido ha citado a modo de ejemplo el denominado 'caso Cuadrifolio', que "quedó en nada".
Y es que, ha insistido, Gómez Gordo dependía directamente de Presidencia, "se sentaba en esta misma sede de Fuensalida", por lo que hay que preguntarse si al igual que presuntamente hacía en Madrid, desde aquí también se dedicaba a "montar querellas falsas e imputar informes falsos".
Una pregunta que "nos tiene muy directamente interesados en el proceso judicial" que actualmente se sigue. En su opinión, "no era normal todo aquello que pasaba, todos aquellos asuntos que acababan en procesos judiciales o en los medios de comunicación nacionales, con titulares de prensa dando la sensación de que en Castilla-La Mancha había campado la corrupción, cuando nunca fue así con los gobiernos socialistas".
En este sentido, la portavoz del Ejecutivo regional ha asegurado que durante la etapa de gobierno del Partido Popular "había equipos en las consejerías" dedicados a buscar "permanentemente documentación", por lo que ahora se preguntan si también estaban dirigidos por Gómez Gordo.
Una etapa en la que mientras que en Madrid Gómez Gordo (según se apunta era el enlace entre Cospedal y Villarejo), "pagaba al chófer de Bárcenas con fondos reservados", en Castilla-La Mancha se realizaban "los mayores recortes de la historia".
Así ha recordado cómo "10.000 personas con dependencia fueron expulsadas del sistema, se recortó en más de 100 millones de euros la financiación de la residencias de mayores, se despidió a más de 3.000 profesionales sanitarios del SESCAM, se intentó privatizar hospitales, se despedía a 5.000 docentes, se cerraban escuelas y urgencias rurales, se eliminaron becas de comedor y ayudas de emergencias, se dejó a la universidad reducida a la mínima expresión y los recortes provocaron el despido de 22.000 profesionales de los servicios sociales".
"Eso pasó en Castilla-La Mancha mientras que, con el dinero público de los castellanomanchegos, se pagaba la nómina de un señor director general de Documentación que cogía fondos reservados para pagar al chofer de Bárcenas, con la intención de que hiciera desaparecer pruebas que pudieran probar lo que quedó aprobado finalmente, esa financiación irregular del Partido Popular", ha señalado la consejera.
Considera que se trata de "un asunto muy turbio", del que cada vez se conocen más datos y que podría apuntar a que la nómina de ese alto cargo, "dedicado al montaje de querellas falsas contra adversarios políticos" se hubiese pagado con el dinero de los castellanomanchegos.
Por eso, desde el Gobierno regional aseguran que estarán "muy atentos" al desarrollo de las investigaciones y del proceso judicial. Y aunque todavía no se puede avanzar medias, tampoco descartan ninguna.
No obstante, Fernández ha apuntado que estarán "muy atentos" a las iniciativas que puedan sustanciar los grupos parlamentarios en las Cortes, como por ejemplo peticiones de comparecencias.
"Es un asunto que afecta directamente a la Presidencia de la Junta entre los años 2011 y 2015", ha subrayado la portavoz regional, por lo que es "obligación" del Gobierno "estar atentos y hacer una valoración como ésta", sin descartar las acciones que se puedan emprender en un momento dado para preservar los intereses de Castilla-La Mancha y "vigilar si las acciones del señor Gómez Gordo pudieron suponer alguna merma en las arcas públicas".
