TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que sería "razonable" que la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, renunciara a los privilegios de los que pudiera disfrutar por tal condición si finalmente se produjera una condena firme por su presunta implicación en la presunta trama 'parapolicial' para la sustracción de pruebas sobre la financiación irregular del Partido Popular.
Así lo ha señalado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo para informar sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión de esta semana. Preguntada sobre la posibilidad de que el actual Ejecutivo planteara una modificación de la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo por la que quedan regulados los privilegios a los que pueden tener acceso los presidentes de la región tras dejar el cargo, Fernández ha señalado que no se trata de una cuestión que el Gobierno tenga encima de la mesa, pero que "se podría valorar si hubiera condena y tuviéramos a un expresidente en esa situación".
Para Fernández "no es satisfactorio" ver a quien ha sido la presidenta de todas y de todos los castellanomanchegos pasar por los juzgados, "pero tiene que pasar por ellos y dar muchas explicaciones". Unas las daba ayer en su declaración ante el juez en la Audiencia Nacional, "pero también parece que no las dio todas".
No obstante, ha recordado la portavoz regional, "estamos en plena investigación y judicialización de un proceso muy grave", como es la presunta policía política articulada en el marco de la operación para sustraer pruebas sobre la financiación irregular del PP, la cual -ha precisado- "sí quedó probada finalmente por la Audiencia Nacional".
Considera "muy feo" que la expresidenta de Castilla-La Mancha y a la sazón exsecretaria general del PP "dedicara buena parte de su tiempo a intentar sustraer pruebas un delito". Delito que ya "es grave" en sí, la financiación irregular del PP, que si se terminara probando que efectivamente hubo una operación 'parapolicial' para sustraer pruebas de un delito, "sería extremadamente grave".
Fernández ha deseado que la instrucción sea rápida y se esclarezcan los hechos, de modo que "cada uno asuma sus responsabilidades y no eche balones fuera".
No obstante, y dados los acontecimientos que se vienen sucediendo, la portavoz ha señalado que en el seno del Gobierno no se ha hablado de la posibilidad de modificar la ley, puesto que no van trabajando "con inputs judiciales" en relación a las informaciones que aparecen y que nada tienen que ver con el Ejecutivo.
Sin embargo, sí considera "razonable" que una persona que pudiera ser condenada "renuncie a todos los privilegios" de los que pudiera disfrutar.
Por ello Blanca Fernández ha señalado que "si hubiera condena" se podría "valorar", aunque reconoce que no es algo que esté encima de la mesa en estos momentos.
Cabe recordar que el último intento de reforma de estos privilegios que la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha contempla llegaba a las Cortes regionales en octubre de 2015. Entonces fueron los votos en contra de los socialistas los que dieron al traste con la propuesta que planteaba Podemos y el Partido Popular -los conservadores retiraron su proposición para votar la de la formación morada- para acabar con las prebendas que la ley de 2003 otorga a los expresidentes autonómicos.
Privilegios tales como poder contar con dos secretarios particulares, local de oficina con todos los medios materiales, chófer y coche oficial, todo a costa de las arcas regionales. Prebendas a las que tras el intento fallido de modificar la ley, renunciaron de forma expresa los dos expresidentes socialistas, José Bono y José María Barreda, no así Cospedal quien optó por no formalizar la carta de renuncia a la que instó entonces García-Page, al considerar la popular que su renuncia se había producido cinco años antes, que nunca los había pedido y que había solicitado su eliminación.
Sin embargo la renuncia formal nunca llegó a producirse, de modo que si la expresidenta Cospedal quisiera hoy reclamar esos 'privilegios' podría, legalmente, hacerlo.
Sobre el voto en contra de los diputados del PSOE que impidió que saliera adelante la derogación del artículo de esta ley que avalaba estas ventajas, desde Podemos -que entonces tenía representación en las Cortes y meses antes había facilitado la llegada al Gobierno de los socialistas- calificaron esta decisión como "un tiro en el pie", mientras que el PP cifró en 160.000 euros el coste anual de las prebendas de las que disfrutaba entonces el expresidente Bono, y se acusaba al PSOE de situar a Castilla-La Mancha en una situación "indigna".
Sin embargo García-Page justificaba su rechazo a la derogación de este artículo emplazando a los grupos políticos a "renegociar toda la ley", abordándolo desde un marco nacional que "homogeneizara" la cuestión. Les pedía que se incluyeran también las condiciones relativas a los diputados y grupos parlamentarios, así como sobre los cónyuges y familiares, emplazando al PP a plantear esa eliminación de privilegios a ex altos cargos en el Congreso, el Senado y el resto de parlamentos autonómicos.
