La Justicia ha vuelto a poner el foco de la supuesta financiación ilegal del PP en Castillla-La Mancha. Después de que Bárcenas señalara en 2013 que la campaña electoral de Cospedal en las elecciones autonómicas de 2007 se habría financiado con una mordida de 200.000€, el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo ha reactivado la investigación acerca de esta derivación de los papeles del extesorero del PP.
Un caso por el ya están imputados el exalcalde José Manuel Molina, el exconcejal Lamberto García Pineda y el gerente del PP José Ángel Cañas, que llegó a reconocer por escrito que se habían recibido de Luis Bárcenas dos comisiones de 100.000€, una en febrero de 2007 y otra en marzo del mismo año.
El juez Florencio Rodríguez, que se encarga de instruir el llamado caso Sufi, ha pedido al Ayuntamiento de Toledo todos los documentos relacionados con la adjudicación de los servicios de basuras a la filial de la constructora Sacyr, que habría sufragado la campaña del PP a cambio de recibir la contrata.
Además, también han pedido la comparecencia como testigo del economista municipal para el próximo 28 de abril, en la que tendrá que remitir a los juzgados toledanos el testimonio íntegro del acta del Ayuntamiento del 23 de mayo de 2007, día en el que se dio la adjudicación a la empresa del grupo Sacyr.
El Ayuntamiento asegura que ya entregaron los documentos a la Justicia
Por su parte, el Ayuntamiento de Toledo ya se ha pronunciado acerca de la petición del juez Rodríguez. Según fuentes municipales, toda la documentación que requiere la Justicia ya fue enviada en octubre de 2013 a la Audiencia Nacional, cuando la investigación de los papeles de Bárcenas seguía al frente del juez Pablo Ruz.
Por aquel entonces el juez no pudo determinar si había un vínculo entre el contrato y la presunta mordida, pero sí llegó a imputar al exalcalde de la ciudad, además de señalar que en los supuestos hechos delictivos podría participado la propia Cospedal y Vicente Tirado, que no fueron llamados debido a que estaban aforados.
