La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, a través de su servicio jurídico, acaba de ultimar el escrito de reclamación de todos los recortes en prestaciones, servicios o grados que se hayan producido bajo el amparo de la Orden de Prestaciones e Intensidades para las personas en situación de dependencia.
Según informan, este recurso es para todos los expedientes que tengan fecha posterior al 8 de agosto de 2013, y lo consideran como condición imprescindible para iniciar posteriores demandas contenciosas-administrativas, las cuales aseguran que “sin ningún género de dudas se ganarían todas”.
Desde la plataforma han explicado que independientemente de si los reclamantes son o no miembros de la misma, presentarán de forma totalmente gratuita las reclamaciones ante José Ignacio Echániz, Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha.
Aseguran, que la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado una norma reglamentaria llevada a cabo por el órgano judicial competente del orden contencioso-administrativo produce la eliminación de dicha norma con efectos "ab initio", es decir, conlleva privar radicalmente a dicha norma de todo efecto jurídico. Desde la plataforma indican que esto significa que “todos aquellos expedientes de Dependencia tramitados y resueltos conforme a esta Orden son nulos y no tienen efectos jurídicos”. Esto, explican que supondría que “quien recurra su resolución PIA tiene todas las posibilidades de ganar”.
¿A quiénes les afectará? A todas aquellas personas que a raíz de esta norma han visto como:
- La Administración revisaba de oficio su PIA y les extinguía la prestación económica de cuidados familiares que venía percibiendo o se la reducía conforme a dicha norma.
- Se les hacía elegir entre dos servicios que hasta el momento eran compatibles, como por ejemplo entre Servicio de Ayuda a Domicilio de alta intensidad y Servicio de Centro de Día
- Se les hacía elegir entre seguir percibiendo una prestación económica y recibir un servicio.
- Como se les revisaba su grado de dependencia sin haberlo solicitado y se les rebajaba el grado conforme a un nuevo baremo que no era el mismo por el que inicialmente se les valoró. Y todo para que se les quitaran derechos, prestaciones y servicios.
Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha han asegurado que se va a producir un "aluvión" de recursos contencioso-administrativo que, casi con toda seguridad, supondrá la "paralización" de la propia administración de justicia en el orden contencioso, y la paralización posterior de la Administración regional en la gestión de los procedimientos administrativos, en tanto que se obligará a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a retornar a la situación inicial todos los expedientes resueltos conforme a una normativa que es nula de pleno derecho, a revocar resoluciones, a resolver de nuevo, a pagar atrasos a los que se les redujo o quitó la prestación, a compensar por daños y perjuicios a quienes se les privó de servicios ilegalmente.
Para finalizar, desde la plataforma han instado a Cospedal, así como a su Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, a “terminar con todo el sufrimiento y agonía que han provocado en todas las personas en situación de dependencia”, y por lo tanto les han pedido que “restituyan, acatando la sentencia, los derechos hurtados a este colectivo al amparo de una legislación que la justicia ha considerado ilegal”.
¿Cómo solicitar la ayuda de la plataforma?
Según indican en su comunicado, la forma de presentar el recurso que la asesoría jurídica de esta organización ha preparado, está colgado en sus redes sociales:
https://www.facebook.com/dependenciacastillalamancha.únete
https://twitter.com/DEPENDENCIACLM
