TOLEDO.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que él mismo se va a encargar de explicar su ley antiokupación al Gobierno de España "para que la intente asumir", aunque ha augurado que va a tener "problemas" porque "hay mucha demagogia y cuando la demagogia se sienta en un sillón oficial es peligrosísima".
Así se pronunciaba durante la inauguración del consultorio local de Alamedra de la Sagra (Toledo), un municipio perteneciente a una de las comarcas más afectadas por la ocupación ilegal de viviendas.
El presidente autonómico ha destacado que este jueves el Parlamento regional aprobó una proposición de ley para elevar al Ejecutivo central un proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, que ha definido como "la más ambiciosa e importante".
García-Page ha explicado que en la comarca toledana de La Sagra los ciudadanos están preocupados por dos cosas, "que haya gente sin vivienda y gente que crea que tiene derecho a la vivienda ajena" y, este sentido, ha apuntado: "Derecho a la vivienda sí, derecho a quedarse con la vivienda de otro, no".
Ha afirmado que se trata de un "problema serio" y ha recordado que la iniciativa recibió "el apoyo claro de Ciudadanos" en las Cortes, pero ha lamentado que el PP ‑que se abstuvo en la votación‑ se pusiera "de perfil".
En este punto, ha invitado a los responsables municipales de todos los partidos políticos a que "cierren filas" para sacar adelante la propuesta, pues a su juicio, "no se puede consentir que se generalice la idea de que en España es motivo de aplauso que alguien dé una patada a una puerta y se meta", ya sea en un inmueble de una entidad financiera o de particular.
"El problema no es solo quedarse con una vivienda que no es tuya, sino que va asociado a desorden público, a no pagar impuestos y a ciertos niveles de beligerancia", ha lamentado García-Page, quien también ha destacado la importancia de promocionar la vivienda pública y de favorecer su adquisición a un precio "asequible".
