Con esta nueva legislación, el Ejecutivo de García-Page busca cumplir con las demandas de la ciudadanía a la hora de acceder a una mayor información sobre las actuaciones de los poderes públicos. En este anteproyecto se recoge un artículo referido a únicamente a los procesos de contratación pública y obligará a publicitar toda la información relativa a las subvenciones públicas.
Para determinar la información a la que deben tener acceso los ciudadanos castellanos-manchegos, se pondrá en marcha un Consejo de Transparencia encargado de determinar la información que esté sujeta a publicidad. Este Consejo tendrá personalidad jurídica propia.
En cuanto a los grupos de presión, más conocidos por su anglicismo “lobbies”, se regularán por primera vez para evitar su gran influencia en las políticas de los Gobiernos de Castilla-La Mancha. Estas organizaciones estarán obligadas a inscribirse en un “Registro de grupos de interés” para poder ejercer su tarea de manera legal.
Por su parte, los altos cargos deberán firmar un compromiso de transparencia antes de poder acceder a un puesto público, y deberán declarar que no han cometido ningún delito con la Hacienda del Estado, la administración o la Seguridad Social.
También se verán obligados a publicar sus currículos profesionales y académicos, las retribuciones y dietas percibidas anualmente, los gastos de representación y protocolarios, las declaraciones de compatibilidad y las declaraciones responsables.
Además de estos, los afectados por la futura legislación serán la Universidad de Castilla-La Mancha, los partidos políticos o las entidades privadas o públicas que reciban más de 60.000 euros al año en subvenciones. Los que incumplan alguno de los puntos, podrían ser multados con sanciones de hasta 12.000€.
Para terminar, toda esta información se publicará en un portal web de Transparencia, para facilitar a la ciudadanía el acceso a esta información
