MADRID.- La inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha servido para escenificar el acuerdo existente entre cuatro comunidades, tres de ellas gobernadas por el PP -Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia- y el feudo socialista de Castilla-La Mancha para reclamar la liquidación de la cuenta que el actual modelo de financiación autonómica tiene con ellas, al haber estado infrafinanciadas.
Un objetivo compartido, aunque no así la calificación que han dado a los minutos de conversación que han compartido mientras esperaban la llegada de los reyes. Para el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, "un breve encuentro", mientras que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se refería a esta reunión de las cuatro autonomías "peor tratadas" como "minicumbre", llegándola a bautizar como la "conjura de Fitur".
Por su parte el presidente andaluz, Juanma Moreno, también considera el encuentro "una pequeña cumbre informal", al tiempo que confirmaba que los cuatro responsables autonómicos van a "colaborar" para cobrar la "factura pendiente" que el Gobierno central tiene con estas regiones por la infrafinanciación sufrida en estos años.
Matices aparte sobre el carácter que han querido dar unos y otros al encuentro -aunque está claro que se han buscado para propiciar la foto-, todos coinciden en el diagnóstico, en línea con lo recogido en el informe presentado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que propone la creación de un fondo complementario de nivelación, de unos 3.000 millones de euros anuales, para compensar la financiación de estas cuatro comunidades autónomas.
Un breve intercambio de pareceres, suficiente para Page, quien ha apuntado que "no hace falta que nos extendamos mucho", puesto que "estamos de acuerdo en que las cuatro somos objetivamente perjudicadas".
En este sentido, ha recalcado que hay autonomías a las que el modelo actual les "ha ido bien" y entre las que -admite- le hubiera gustado estar, pero al no ser así "el nuestro se tiene que ajustar y compensar" tal y como establece la ley, "no es algo que nos estemos inventando".
Por ello considera que "para ser serios", antes de abrir el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica hay que "liquidar el actual", en el que "a algunos nos han salido las cuentas distintas a las previstas".
Un modelo en el que todas las comunidades autónomas, excepto estas cuatro, "han salido bien paradas", incluida Cataluña, ha apuntado antes de precisar que si bien "entiende" que su gobierno quiera más dinero para mañana, "con el dinero de hoy, solo cuatro comunidades autónomas, objetivamente, estamos incluidas en la categoría de infrafinanciadas y eso se tiene que compensar, de una manera o de otra".
Una reclamación en la que a Page le da "lo mismo" de qué partido sean los presidentes de las otras regiones que se encuentran en la misma situación, ha precisado. "Yo trabajo para mi región, que es para lo que he jurado el cargo", ha insistido, y por ello "mi tierra va por delante de todo como presidente autonómico".
Por otra parte, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha recordado que cuando se aprobó el modelo aún vigente, se estableció un mecanismo de nivelación, "de ajuste final", y ahora es el momento de aplicarlo.
Una cuenta pendiente que, según el informe elaborado por Fedea, de optarse por la máxima nivelación, supondría un total de 3.277 millones de euros cada año, de los cuales 1.409 millones serían para Andalucía; 1.148 para la Comunidad Valenciana, 405 corresponderían a Murcia y 315 a Castilla-La Mancha.
En lo que respecta al debate sobre la nueva financiación autonómica, García-Page ha deseado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "la mejor suerte del mundo" en la negociación para conseguir un acuerdo que -reconoce- va a ser "dificilísimo", más aún "con la postura de los independentistas catalanes, que no se quieren sentar a la mesa a negociar".
"NUESTROS INTERESES SON OPUESTOS"
Un futuro debate en el que Castilla-La Mancha tiene clara cuál es su prioridad, conseguir una financiación ajustada al coste real de los servicios y no basada en el número de habitantes.
En este sentido, la consejera portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha negado que se vaya a hacer frente común con estas tres comunidades gobernadas por el PP -tal y como reclaman los populares en la región- en relación al nuevo modelo de financiación autonómica puesto que "nuestros intereses son opuestos".
Durante la rueda de prensa ofrecida en Toledo para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, Padilla ha recordado que Page lleva tejiendo alianzas "desde hace tiempo" con regiones de diferentes signo político "con las que compartimos objetivos", si bien ha rechazado "ponernos al lado de comunidades que tienen intereses contrapuestos", puesto que lo que pide Castilla-La Mancha es "más dinero por el coste real de los servicios".
En este sentido, ha insistido en que lo que reivindica la comunidad autónoma es una financiación "justa", que garantice la prestación de servicios públicos "en igualdad de oportunidades" y, además, que antes se liquide la cuenta pendiente del actual modelo.
Una reclamación que al Gobierno socialista le gustaría poder realizar "con una postura de consenso como región", a la cual aún está a tiempo de unirse el PP de Castilla-La Mancha -ha precisado-, "de no perder esa oportunidad de ponerse al lado de los intereses de los castellanomanchegos".
De este modo, se pide a los populares que "la deslealtad con nuestra región que hemos visto en otras materias como el agua o con el ATC, no se repita con la financiación autonómica", puesto que lo que reivindica el Gobierno de Castilla-La Mancha es "una financiación equitativa y justa en el país" para que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades "vivan donde vivan".
Una propuesta sobre la que ya se está trabajando desde la Consejería de Hacienda, a modo de resolución, de cara a la Conferencia de Presidentes para que "cuando el Estado tome una decisión que afecte a ingresos y gastos de las comunidades autónomas, vaya acompañada de una memoria económica sobre su impacto en las finanzas de las mismas y cómo compensarlo en su caso".
