TOLEDO.- En solitario, haciendo uso de la mayoría absoluta que les dieron las urnas el pasado 26 de mayo, con la abstención de Ciudadanos, el PP en contra y con todos los representantes sindicales de la Función Pública reclamando que se paralizase la iniciativa, el Gobierno de Castilla-La Mancha sacaba adelante este jueves la polémica enmienda ‑planteada por el PSOE‑ sobre consolidación de nivel para los altos cargos que al abandonar la política vuelvan a su puesto en la Administración.
Esta decisión tendría efecto retroactivo, ya que se beneficiarán todos los altos cargos que se hayan reincorporado a su puesto en la Administración desde la creación de la Junta de Comunidades, siendo aplicable también a los cargos no autonómicos desde 2007.
De este modo, quienes hayan ocupado u ocupen un puesto de alta dirección podrán consolidar hasta el máximo de su grupo en la Función Pública de una forma lineal, dos niveles cada año, aunque el puesto de funcionario lo tuviera en adscripción provisional, mientras que al personal funcionario se le exige que tenga carácter definitivo.
Una medida que ya se intentó introducir durante la pasada legislatura, cuando los socialistas gobernaban junto a Podemos, pero que ambos partidos se vieron obligados a retirar tras la polémica suscitada en torno a ella a costa de los "privilegios" que se concedían a los altos cargos frente al resto de empleados públicos. Una enmienda que entonces se retiró con el compromiso de llevarla a la mesa de negociación y explicarla a los representantes sindicales, algo que desde entonces -era agosto de 2017- no se ha hecho.
Sin embargo ahora, dos años después y esta vez sí contando con mayoría absoluta en la Cámara, se volvía a presentar esta propuesta en forma de enmienda al proyecto de ley de Medidas Administrativas y Tributarias, conocida comúnmente como ley de acompañamiento, que se ha aprobado este jueves. Algo que, según denunciaba el Partido Popular, se planteaba de este modo para evitar que el Consejo Consultivo tuviera que pronunciarse al respecto, tal y como sí ocurre con el proyecto de ley de Presupuestos.
Populares que han tildado esta enmienda como aquella "de la vergüenza", al recuperar los privilegios vitalicios para los altos cargos de la Junta de Comunidades.
Idea en la que volvía a insistir ayer la diputada 'popular' Ana Guarinos, quien aseguraba que a partir de ahora la Comunidad Autónoma diferenciará entre "funcionarios de primera y de segunda categoría", con privilegios unos y otros no, al no ser "afines a la causa socialista".
Extremo que tanto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, como el presidente del grupo socialista y encargado de la defensa del dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos, Fernando Mora, insistieron en desmentir. Algo a lo que también les respondía Guarinos, recordándoles que la mayoría de los beneficiados -aunque ni desde el Ejecutivo ni desde el grupo parlamentario impulsor de la enmienda se ha facilitado el número ni la identidad de quiénes se beneficiarán de la medida- son "personas de confianza" de los socialistas, planteamiento lógico si se tiene en cuenta que el PP tan solo ha gobernado durante cuatro años en la región.
Y es que aunque desde el PSOE se defendía la "justicia" de esta medida y negaba cualquier tipo de privilegio, desde la bancada popular les recordaban que no todos los empleados públicos tienen la oportunidad de ser alto cargo, ya que la consolidación y aprobación de estos privilegios "para unos pocos" supone "una clara discriminación y un atentado contra los empleados públicos en general".
Desde el Partido Popular consideran esta medida una "cacicada" con la que se pretende recuperar el complemento de alto cargo suprimido en 2012 por el Gobierno de María Dolores de Cospedal, lo cual intentó recuperar en 2017 el Ejecutivo de PSOE y Podemos, algo que impidió el movimiento sindical a través de la campaña 'Nespage', según recordaba Guarinos.
Además la diputada popular criticaba el "oscurantismo", la "falta de transparencia" así como la "falta de respeto" hacia los empleados públicos de la región, al establecer este "premio" a los funcionarios "afines", sin dictamen del Consultivo y sin sentarse a negociar con los representantes de los empleados públicos.
Asimismo Guarinos lamentaba que desde el PSOE regional se intentase "esconder" esta enmienda con la que -aseguraba- se consolida una considerable subida de sueldo "de por vida" para los altos cargos, "a los que son, que lo han sido y que lo serán", puesto que al volver a su puesto de trabajo lo harán "con el máximo nivel posible correspondiente a su grupo o subgrupo".
Algo que desde los sindicatos se ha llegado a calificar de "latrocinio" e "infamia", que trataron de impedir mediante la presentación de un escrito en las Cortes, pero también llamando a la movilización de los empleados públicos con concentraciones en las cinco capitales de provincia este miércoles. Movilizaciones con las que, sin embargo, no consiguieron impedir que ayer la enmienda fuese aprobada en el Pleno del Parlamento autonómico.
DEFENSA DEL GOBIERNO Y EL PSOE
"Críticas injustas" por parte de los sindicatos y la oposición según el consejero Ruiz Molina, quien durante en su intervención este jueves en la tribuna de oradores de las Cortes regionales aseguraba que con esta enmienda lo que se pretende es promover la profesionalización de los puestos directivos de la Administración regional.
El responsable de Hacienda pedía así a los parlamentarios no quedarse exclusivamente en la enmienda de la consolidación de grado de los empleados públicos que acceden a la condición de cargo público, pues el texto de esta ley de Medidas Administrativas y Tributarias ha sido también "enriquecido" con otras enmiendas del grupo parlamentario socialista, entre las que ha resaltado la encaminada a mejorar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la Función Pública.
Explicaba Ruiz Molina que esta norma tiene como principal finalidad regular "un paquete de medidas" para incrementar la eficacia y la eficiencia de la Administración y mejorar la gestión tributaria.
Entre las relativas a las de naturaleza administrativa, ha citado la modificación de la ley de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para que esté adscrito siempre a una consejería con competencias en materia de igualdad o, en su ausencia, a la Presidencia de la Junta. Asimismo, ha indicado que se modifica la ley de servicios sociales para incluir la creación del observatorio de servicios sociales y dependencia.
Por otra parte, resaltaba que las medidas de naturaleza tributaria están encaminadas a mejorar la gestión de impuestos en el ámbito de las comunidades autónomas. Además, el consejero hacía hincapié en que esta ley cuenta con tres disposiciones adicionales entre las que ha destacado la exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario.
Mismo argumento, el de facilitar que las personas sin nacionalidad española puedan ser personal de la Administración, es el que utilizaba durante su intervención el presidente del grupo socialista en las Cortes y encargado de defender el dictamen de la ley, Fernando Mora, que destacaba esta medida para ser aplicada en el ámbito sanitario, "sobre todo teniendo en cuenta las dificultades para cubrir determinadas especialidades".
El texto también reconoce el grado de enfermería para desempeñar "algunas tareas importantes en la administración del Sescam" y recoge que las empresas que hayan sido sancionadas por incumplir la ley de igualdad no podrán recibir ayudas de la administración pública.
Lamentaba finalmente el dirigente del PSOE que todo el debate se reduzca a la incorporación de la enmienda que consolida el grado a los altos cargos, algo con lo que "quieren hacer un escándalo, pero aquí no hay escándalo para nadie", al tiempo que ha recordado que el Gobierno regional que presidió María Dolores de Cospedal rebajó el sueldo de los funcionarios un 3 por ciento y suprimió los días de asuntos propios con una proposición de ley, que tampoco pasó por el Consejo Consultivo.
