TOLEDO.- Los sindicatos quieren que la Junta castellano-manchega se siente a negociar en el plazo de una semana con una nueva propuesta para aplicar en la región el Acuerdo Estatal para la Mejora del Empleo Público o convocarán movilizaciones "contundentes". Amenazas que se producían este lunes y que hoy martes ya han obtenido respuesta del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha mostrado su predisposición para llegar a un acuerdo.
Concretamente, el ultimátum lanzado por los funcionarios es para que se convoque de nuevo la Mesa General de los Empleados Públicos, sobre la que el Gobierno autonómico debe poner una nueva propuesta que sustituya a la que hace unos días rechazaban cuatro de los seis sindicatos presentes en la misma, mientras que los dos restantes se abstenían.
Así lo pusieron ayer de manifiesto en rueda de prensa representantes de CSIF, CCOO, UGT y STAS -que representan a cerca del 90 por ciento de los empleados públicos-, quienes han advertido que iniciarán estas protestas si en el plazo de una semana el Ejecutivo regional "no recapacita" y se sienta a negociar de una forma "real y efectiva".
Un toque de atención al Gobierno de Castilla-La Mancha que se produce después de que estos sindicatos votasen en contra de la propuesta llevada a la Mesa por la Junta, al considerar que en ella se incluían "grandes mentiras", como el indicar que tras los empleados públicos de la región serían los que mayor subida salarial tendrían en el país -cuando en la Administración General del Estado han sido más las mejoras-, o que en lo relativo a la aplicación de la jornada de 35 horas semanales se quiera emplear la misma fórmula que la que ya fue echada atrás por los tribunales tras el recurso del Gobierno de Rajoy. Una propuesta "inaceptable" que llevó al cierre de la mesa negociadora.
Advertencias a las que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, respondía el pasado jueves desde la tribuna de oradores del Parlamento autonómico, pidiendo a los funcionarios "tranquilidad" y un ejercicio de responsabilidad.
Petición a la que desde los sindicatos se da una respuesta firme: o se producen cambios y negociación, o saldrán a la calle.
Así, el representante de UGT, Luis Manuel Monforte, subrayaba la necesidad de que el Gobierno "recapacite" y "haga números", los cuales consideran que "no han hecho". Para ello les dan siete días, tras la cual deberán convocar a los sindicatos a una Mesa General "real" para que exista "una negociación real que no recuerde a otros tiempos, como nos está recordando el consejero".
En este plazo esperan conocer la "cintura" negociadora que tiene el Ejecutivo autonómico, y de mantenerse en su postura, los sindicatos anuncian movilizaciones como las que llevaron a cabo en 2012 –con el Gobierno de María Dolores de Cospedal en plena etapa de recortes- cuando sacaron a la calle a 50.000 personas.
Medidas a las que esperan no tener que llegar pero que de producirse, confían en poder contar en las mismas con los dos sindicatos restantes, ANPE y SATSE, que la semana pasada se abstuvieron en la votación de la propuesta presentada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, a pesar de haber firmado inicialmente la propuesta sindical cuyo rechazo provocó la ruptura.
La propuesta que mantienen los sindicatos pasa por aplicar en 2019 un 0,35 por ciento de la masa salarial de fondos adicionales para negociar en cada mesa sectorial, un 0,4 por ciento para 2019 del Plan de Acción Social y un 0,6 por ciento del Plan de Acción Social para 2020.
Asimismo, proponen recuperar la carrera profesional en el ámbito sanitario, cuando sea posible, y en el ámbito docente volver a las jornadas laborales y ratios que había antes de la crisis, ha precisado por su parte el representante de Comisiones Obreras, Ramón González.
Por su parte Victoria Ortiz, del CSIF, ha considerado que su propuesta es "más que razonable", porque los sindicatos calculan que implicaría destinar 20 millones de euros para casi 70.000 empleados públicos cuando el presupuesto de la Junta de Comunidades para 2018 ha superado los 8.000 millones de euros y se prevé que el del próximo año sea mayor.
En este sentido, ha calificado de "trampa" los argumentos que está utilizando Ruiz Molina al citar las subidas salariales para los empleados públicos de la región, porque cuando habla de un 3,25 por ciento de subida salarial, "es falsear los números", lo que se ha aplicado es un 1,5 por ciento de incremento con fecha de enero, que era terminar de recuperar el recorte salarial aplicado en la anterior legislatura conocido como "tasa Cospedal".
Así, han puntualizado que en 2018 solo se produce una subida salarial real del 1,75 por ciento, pero es de obligado cumplimiento y aunque el Gobierno regional lo ha intentado "disfrazar" en la Mesa General de los Empleados Públicos, viene establecido en los Presupuestos Generales del Estado.
RUIZ MOLINA, ABIERTO A NEGOCIAR
Tras la amenaza de movilizaciones, hoy el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha mostrado dispuesto a seguir negociando con los sindicatos la propuesta para aplicar el Acuerdo Estatal para la Mejora del Empleo Público, pero ha manifestado que hay que acompasar la mejora de las condiciones de los empleados públicos con los derechos de otros sectores que también sufrieron recortes.
En una entrevista en la televisión pública castellano-manchega, Ruiz Molina ha recordado que la subida salarial planteada del 1,75 % con efecto retroactivo desde enero y julio es el máximo permitido según el acuerdo nacional, a lo que se suma la recuperación del 1,5 % de la denominada "tasa Cospedal" ya efectiva, lo que da lugar a una subida salarial del 3,25 %.
Además, ha apuntado que su propuesta incluye también la jornada laboral de 35 horas desde 2019, para lo que habrá que hacer una modificación legislativa, o medidas de conciliación.
Pero ha insistido en que, aunque las reclamaciones de los representantes de los empleados públicos son legítimas, hay que acompasarlas con sectores como son la sanidad, la educación y la dependencia que durante la anterior legislatura sufrieron recortes y que son áreas prioritarias en las que el Gobierno regional quiere recuperar los estándares de calidad.
No obstante, Ruiz Molina ha manifestado su disposición a seguir dialogando con los funcionarios, a quienes ha recordado que mientras que en la anterior legislatura se hablaba de "recortes, ahora de lo que se trata es de recuperar derechos, y hay una importante diferencia".
El consejero ha asegurado que, por su parte, no está agotada la negociación sino que "simplemente se puso sobre la mesa una propuesta" que era necesaria para trasladar a Castilla-La Mancha el acuerdo firmado por el anterior Ministerio de Hacienda y los sindicatos.
"Hemos cumplido incluso más de lo que venía en ese acuerdo", ha dicho Ruiz Molina, quien ha añadido que se puede seguir negociando porque "efectivamente hay mucho que recuperar", pero no solo en la función pública sino además en el resto de sectores que sufrieron recortes y que son una prioridad para el Gobierno regional.
"El diálogo no está acabado", ha afirmado Ruiz Molina, quien ha apuntado además que el objetivo no es solo recuperar los derechos de los trabajadores en sí, sino porque con ello se mejora también la calidad de los servicios públicos, pero hay que priorizar los recursos, por lo que ha considerado necesario "administrar la impaciencia de los sindicatos".
