Sobre este asunto se pronunció ayer el delegado de la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo, Javier Nicolás, el cual explicó que el proyecto de las obras del nuevo hospital de la capital regional está "terminado" y es "casi idéntico en su fondo" a lo que iba a llevar a cabo el anterior Ejecutivo socialista de José María Barreda, aunque con modificaciones "que van a reducir costes", algo que los socialistas ya reconocieron durante la legislatura de Cospedal cuando aseguraron en julio de 2014 que “lo anunciado por el consejero de Sanidad -José Ignacio Echániz- para el nuevo proyecto se parece mucho a lo que contemplaba el del anterior gobierno -liderado por Barreda-”.
Es cierto que la forma intencionadamente precipitada con la que Cospedal presentó el proyecto del Hospital de Toledo, a sabiendas de que el Gobierno de Castilla-La Mancha podía cambiar de color político, le llevó a cometer errores de mediciones que “ya están modificados”, según ha explicado Javier Nicolás.
Pero en toda esta historia surge una pregunta básica ¿Cuál es la diferencia entre la gestión propuesta en el proyecto que dejó Cospedal y el que va a ejecutar el nuevo Gobierno de García-Page?
Por la parte institucional, Javier Nicolás ha subrayado que la gerencia médica será pública, aunque no descarta que algunos servicios puedan ser gestionados por empresas privadas. "Si hay un aparcamiento y lo tiene que hacer una empresa, eso no influirá en la gestión".
Pero fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha han asegurado a periodicoclm.publico.es que estas declaraciones en las que se informa que el personal médico va a ser de carácter público, en referencia a la gestión del personal médico y de enfermería del nuevo Hospital de Toledo, “no difiere mucho de lo que acordó el anterior Ejecutivo de Cospedal”.
Según nuestros confidentes, “antes la gestión del personal denominado comúnmente ‘bata blanca’ también iba a ser de carácter público, las negociaciones se centraban por lo tanto en el personal que no tuviese plaza, o lo que es lo mismo, en la gestión del personal laboral no funcionario y de las nuevas contrataciones”. Explican además que “la empresa concesionaria sabía que tendría que ceder en tal sentido para dar una imagen ‘pactista’, pero además esta circunstancia se afianzó con el juicio ganado por parte de Comisiones Obreras en tal sentido”.
Nuestras fuentes del servicio público de salud explican que “uno de los problemas residía en definir quién pertenecía a ese colectivo ‘bata blanca’, si solo médicos y DUES, o si también entrarían auxiliares de enfermería, celadores y técnicos”.
En este sentido y aunque la empresa concesionaria quería dejar a estos tres últimos fuera para pasar a ser ella quien gestionase contratos y servicios de dicho personal, al final y tras la resolución judicial, estos pasarían a ser gestionados por el SESCAM, por lo que “el actual gobierno no ha sido artífice de dicho logro”.
Además, según informaciones a las que han podido tener acceso nuestras fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, "tras hablar en las negociaciones actuales de la posibilidad de externalización de algunos servicios, se está realizando un retroceso en el proceso negociador, devolviendo a la empresa la futura gestión de laboratorios esenciales para la praxis sanitaria”.
Por esta razón han trasladado un “fuerte sentimiento de preocupación”, ya que en las declaraciones del delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo “no se hace mención alguna al tema espinoso de la gestión del resto de recintos y servicios sanitarios, entre los que se encontrarían los centros de salud, el Hospital Virgen del Valle, HN Parapléjicos, el transporte sanitarios, etc”.
“Esto se puede interpretar como un descuido fortuito o bien, y casi más probable, como un desvió de la atención pública de las verdaderas monedas de cambio de las negociaciones la externalización de laboratorios y de la gestión de los centros de salud y transporte sanitario”, nos desvelaban nuestros confidentes del SESCAM.
Lo que sí está claro a día de hoy es que según el contrato con la concesionaria, tanto en la época Cospedal como Barreda, esta debería hacer frente a las inversiones iniciales, y a cambio recibiría como aliciente la gestión de diversas parcelas de la sanidad pública. Solamente el desarrollo final de las actuales negociaciones será el que determine si la gestión del Hospital de Toledo será pública o público-privada.
