TOLEDO.- El Tribunal de Cuentas ha publicado su informe de fiscalización de la contratación pública en las comunidades autónomas y ciudades autónomas que carecen de órgano de control externo, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha, para los ejercicios 2016 y 2017. Informe en el cual se realizan una serie de observaciones a 68 de los 656 contratos comunicados para este periodo, y que en su conjunto suman 186,3 millones, lo que representa el 18,8 por ciento del montante total examinado, que supera los 988 millones.
Un informe en el que el Tribunal de Cuentas reconoce la transparencia del Ejecutivo regional en cuanto a contratación, aunque señala una serie de incidencias en diversos ámbitos.
Así, por ejemplo, en relación a la justificación de los contratos, considera el Tribunal de Cuentas que "no se ha justificado suficientemente la necesidad de celebración" de algunos de los contratos, bien porque se deriva a terceros la ejecución del servicio contratado a pesar de señalar que se cuenta con personal propio, como apunta en el caso de dos encomiendas realizadas a Geacam -para la eliminación de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas en la campaña 2016- y el de realización de analíticas en los influentes del Edares por parte de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha; bien porque los informes al respecto se limitan a mencionar la competencia y describir el objeto del contrato, como ocurre con los contratos relativos a la construcción de un nuevo colegio en Illescas y la ampliación de otros dos en Olías del Rey y Yuncler; o bien por ser demasiado genérica e insuficiente la justificación, como en el caso del contrato de servicio de medios aéreos adscritos al Plan Infocam durante la anualidades 2017/2018.
En lo que se refiere al régimen económico de los contratos, observa el Tribunal de Cuentas que en los contratos de obra adjudicados por procedimiento abierto fiscalizados en 2016 se produjeron "importantes bajas respecto al presupuesto de licitación", en algún caso de hasta el 52 por ciento, que atribuye a que "no se llevó a cabo una correcta estimación del presupuesto o que ésta se realizó sin ajustarse a los precios del mercado".
Por su parte en materia de preparación de los contratos apunta la "deficiente gestión y planificación de la contratación", al haberse detectado un salto de varios meses -en el caso del contrato de lavado de ropa hospitalaria del HGU de Ciudad Real es de cuatro años- entre el vencimiento de un contrato y la formalización del siguiente; o el empleo inadecuado del procedimiento negociado sin publicidad para la contratación del suministro de suturas manuales.
Respecto a la calificación jurídica de los contratos, observa el Tribunal de Cuentas un error en la calificación de cuatro contratos, entre los que destaca tanto por su importe como por su duración, 14,1 millones y un plazo de 15 años, que llega a considerar "a todas luces excesivo", el relativo a la gestión de servicios energéticos del sistema de calefacción de diferentes centros docentes de la región.
Un informe del que desde el Gobierno regional se destaca el hecho de que la contratación pública se ajusta a los principios de legalidad y transparencia, algo que no pone en entredicho el informe del Tribunal de Cuentas.
En este sentido, subrayan que en este informe de fiscalización el Tribunal solo ha examinado 68 de los más de 3.000 contratos formalizados por la Administración regional entre 2016 y 2017, los cuales se ajustan a la legalidad y respecto a cuya tramitación administrativa es a lo que se hacen algunas observaciones.
Cuestiones a cada una de las cuales desde la Junta de Comunidades se han presentado las correspondientes alegaciones, justificando en cada uno de los contratos examinados el cumplimiento de la normativa y el envío de toda la documentación que se había solicitado para la evaluación de los mismos.
Al margen de ello, el Tribunal de Cuentas indica en su informe que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumple en materia de transparencia "de manera destacada" en cuanto a contratación administrativa con la publicación de las instrucciones de contratación, la existencia de los perfiles del contratante y el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, de igualdad y de transparencia de adjudicaciones y contrato.
Asimismo este órgano de fiscalización también reconoce el cumplimiento por parte del Ejecutivo castellano-manchego de las observaciones remitidas en informes anteriores, como por ejemplo, la relativa a remitir al Tribunal de Cuentas toda la información sobre contratación llevada a cabo en el sector público regional; cumplir con los objetivos de transparencia y objetividad en el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, o aumentar la diligencia en la elaboración y supervisión de los proyectos.
Otras de las observaciones hacen relación a la admisión de ofertas fuera de plazo -seis días más (del 19 al 26 de diciembre) en el contrato de obras del nuevo colegio en Illescas-; la falta de justificación de la utilización de la tramitación por urgencia de un par de contratos, o la imprecisión sobre los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor de otros tantos.
Asimismo apunta varias incidencias relativas a la ejecución de varios contratos y las modificaciones sufridas por otros.
GRAVES ACUSACIONES DEL PP
Un informe que ha servido este lunes a un medio nacional, OKDiario, para arremeter contra el presidente del Ejecutivo castellano-manchego, Emiliano García-Page, acusándole de no haber justificado 1.000 millones de contratos públicos. Una interpretación alejada de lo que realmente señala el informe del Tribunal de Cuentas, accesible a través de su página web, a la que sin embargo se han aferrado los rivales políticos del socialista en Castilla-La Mancha para atacarle.
Así lo demostraba la secretaria regional del PP Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, quien tomando al pie de la letra esa información exigía explicaciones a Page por "despilfarrar mil millones de euros" para colocar a "amiguetes socialistas", añadiendo que "jamás" se ha conocido "un pufo de tal cantidad en la región".
En un comunicado, los populares señalaban que así se pronunciaba Agudo "después de que el Tribunal de Cuentas haya detectado anomalías en la mayoría de los 656 contratos públicos adjudicados en 2016 y 2017 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por un importe de casi mil millones de euros", afirmación recogida tal cual de ese medio nacional.
Agudo lamentaba que la región "vuelva a ser noticia nacional por un nuevo escándalo" y que Page "haya convertido nuestra región -en tan solo cuatro años- en el cortijo que tenía el PSOE andaluz".
Según la versión de Agudo, "según el Tribunal de Cuentas, en muchos contratos firmados por la Junta, los auditores han observado la ausencia de los informes o de los estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado", de lo que concluye esta abogada de formación que "Page se ha gastado el dinero de manera irregular y presuntamente ilegal".
La dirigente popular recordaba así que "Page no se ha gastado los mil millones de euros en arreglar el caos sanitario de nuestra región, ni en solucionar las lamentables listas de espera sanitarias, ni acabar con el limbo de la dependencia, sino que los ha utilizado para beneficiar a sus amigos socialistas".
Extremos sobre los que Agudo apuntaba que "investigará" Francisco Núñez de llegar al Gobierno regional, para conocer "a dónde han ido a parar los mil millones de euros" y para depurar "responsabilidades y posibles consecuencias jurídicas".
"DEMOLEDOR" SEGÚN CIUDADANOS
Pero Agudo no ha sido la única que se ha apoyado en esa información para utilizarla contra el Gobierno regional, puesto que también lo ha hecho la candidata de Ciudadanos a la Junta, Carmen Picazo, quien incluso calificaba como "demoledor" el informe del Tribunal de Cuentas.
Picazo indicaba que "en un importante número de contratos adjudicados bajo la Presidencia de García-Page, no se justifica ni la necesidad, ni la cuantía de los contratos ni se comprueba que haya crédito suficiente para su adjudicación" y siendo a su juicio "lo más grave" que se utilicen "procedimientos que facilitan la adjudicación a dedo".
Asimismo considera "alarmante" que "se hayan aceptado ofertas presentadas fuera de plazo, se hayan utilizado tramitaciones de urgencia o emergencia sin acreditar los motivos, haya deficiencias y falta de control en la aplicación de los criterios de adjudicación de los contratos y se hayan modificado contratos sin ajustarse a la ley".
