ALBACETE.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se ha incorporado al Programa de Intermediación Hipotecaria que el Gobierno de Emiliano García-Page inició en octubre del año pasado con los colegios de abogados y el Colegio regional de Trabajadores Sociales.
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, y el presidente de dicha institución judicial, Vicente Rouco, han comunicado hoy la firma de un pacto que ya fue suscrito por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Concretamente, dicho acuerdo reconoce la necesidad mutua de actuar cuando se produce un incumplimiento sobrevenido de las obligaciones derivadas de préstamos o créditos hipotecarios que puedan culminar en procesos de ejecución que supongan la pérdida de la vivienda habitual.
Sobre este asunto, la consejera ha recordado que el programa impulsado por los socialistas ha evitado el desahucio directo de treinta y ocho familias cuyos procesos habían llegado a término en sede judicial, además de proporcionar asesoramiento o intermediación a más de 1.200 personas con problemas para hacer frente a las cuotas de sus respectivas hipotecas.
En este sentido, el convenio firmado entre el Ejecutivo de Page y el Tribunal Superior de Justicia la región reconoce que el riesgo de exclusión también puede afectar a los supuestos de procesos de desahucio abiertos por impago de rentas de arrendamiento y establece para ambos casos un protocolo de actuación conjunto siempre que se observe una situación de especial vulnerabilidad de los afectados.
Esta circunstancia permitirá una rápida comunicación del problema a las oficinas de intermediación hipotecaria en las primeras etapas del procedimiento judicial.
UN PASO QUE CIERRA EL CÍRCULO
Según ha explicado Elena de la Cruz, al trabajo que la Consejería ha efectuado durante el último año en la implicación de los distintos organismos que pueden contribuir a paralizar un desahucio, le faltaba "una parte importante", que arranca "cuando el procedimiento judicial ya se ha iniciado. Ahora podemos atender en cualquier estadio de este proceso".
De la Cruz ha agradecido la disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desde que se le propuso la participación de los órganos judiciales a finales del pasado año y ha destacado las posibilidades de control estadístico que permite la inclusión de los juzgados en el programa.
"Teníamos que saber la incidencia real que estos procedimientos tienen en vivienda y en primera vivienda", ha afirmado, ya que muchas de las ejecuciones abiertas en los juzgados afectan a otro tipo de bienes inmobiliarios que no son objeto del programa de intermediación.
Para Elena de la Cruz, el compromiso del alto tribunal regional permite "cerrar un círculo" en cuanto a las entidades que participan en el programa.
“LOS JUECES NO SOMOS INSENSIBLES”
Por su parte, Vicente Rouco ha indicado que “los jueces no somos insensibles al drama social” de los desahucios y ha abogado por que “dentro del respeto a la ley” se puedan arbitrar “fórmulas para que el derecho sea más humano”.
Rouco ha reconocido que desde el inicio de la crisis los procedimientos de desahucio han sido muy numerosos, aunque es un problema que en la actualidad “está disminuyendo”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado que desde el primer momento en que el Gobierno regional creó las oficinas de intermediación hipotecaria “nos pusimos manos a la obra buscando la fórmula de cómo colaborar”.
El Tribunal Superior de Justicia se compromete mediante el protocolo a llevar a cabo actividades formativas, informativas y de divulgación del propio convenio, así como a favorecer la máxima colaboración de abogados o procuradores en la consecución de los objetivos.
También colaborará con el Gobierno regional a la confección de un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones llevadas a cabo mediante el convenio, cuyo seguimiento, vigilancia y control corresponderá a una comisión mixta (Junta de Comunidades y Consejo General del Poder Judicial) que se reunirá de forma ordinaria cada seis meses.
La vigencia del acuerdo es de un año prorrogable automáticamente por iguales periodos siempre que haya acuerdo entre ambas partes.
