TOLEDO.- Dos días tienen las sociedades Sinergias de Vigilancia y Seguridad S.A. y Cyrasa Seguridad S.L., integrantes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para regularizar el salario a sus trabajadores o de lo contrario el Gobierno regional iniciará el procedimiento de resolución del contrato.
Un ultimátum por parte del Ejecutivo de Emiliano García-Page que se produce después de que los trabajadores hayan comprobado en sus nóminas lo que venían denunciando hace semanas, una reducción de las mismas en más de 300 euros por debajo del convenio estatal por el que hasta ahora se venían rigiendo. La plantilla total en los 139 edificios de la Junta, la central de alarmas y otros 83 servicios autonómicos que tienen vigilancia asciende a 210 trabajadores que se han subrogado a las nuevas adjudicatarias del servicio, una de ellas la UTE de Cyrasa y Sinergia que aglutina a 133 empleados, los cuales se han visto afectados por dicha pérdida de retribuciones.
Y es que esta empresa, perteneciente al entorno empresarial de Miguel Ángel Ramírez, conocido como el 'capo' de la seguridad privada, tomaba las riendas del servicio de vigilancia de los inmuebles de la Junta en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara el pasado 1 de mayo, tras conseguir la adjudicación del servicio presentando la oferta "más ventajosa" en el concurso.
Una posición por delante del resto de empresas del sector de la seguridad privada que le confiere el contar con un polémico convenio propio con salarios y derechos por debajo del convenio estatal del sector, soportando así gastos menores.
Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha remitido una carta a la empresa Sinergia emplazándole a regularizar, en el plazo máximo de dos días desde la recepción de la misiva, la cuantía ajustada a los importes que los trabajadores venían percibiendo hasta el pasado 30 de abril, marcada por el convenio estatal de empresas de seguridad.
En caso de que la adjudicataria no atienda esta petición, y decida "ponerse en contra de la Junta y de los trabajadores, que estamos en el mismo bando", el Gobierno de García-Page iniciará el expediente de resolución contractual con la empresa. Y es que aunque esta posición pudiera parecer "tajante", asegura el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, que "la máxima prioridad" para el Gobierno es la defensa de los derechos de los trabajadores de la Junta de Comunidades, aunque sean de una empresa externa.
Esta carta no es el único toque de atención que el Gobierno socialista ha dado a la empresa Sinergia, puesto que ya el pasado 18 de mayo, era el propio consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ante el Pleno de las Cortes advertía que se rescindiría el contrato si se constataba que no se cumplía lo establecido en el convenio colectivo estatal del sector.
