TOLEDO.- "Priorizar el acceso al empleo público de las personas de Castilla-La Mancha", es una de las propuestas con las que Unidas Podemos se presenta a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Una iniciativa que recogen textualmente en el programa que han titulado 'Darle la vuelta al mundo', y de la que su candidato a la Presidencia de la Junta, José García Molina, se ha hecho eco en rueda de prensa y en vídeos publicados en sus redes sociales.
Un programa sobre el que los medios de comunicación han destacado las formas ‑del formato a la fotografía, pasando por el hilo conductor de un viaje a través de propuestas 'europeas'‑, pero poco se ha hablado del fondo, sus contenidos, algunos de los cuales resultan, cuando menos 'novedosos', viniendo de una organización que se presume de izquierdas, y entre las que se encuentra esa propuesta de discriminación en el acceso al empleo público.
Medidas que García Molina presentaba en rueda de prensa este lunes, acompañado por los cabezas de lista de la coalición a las Cortes por Albacete, María Díaz; Ciudad Real, Juan Ramón Crespo, y Guadalajara, Ana Isabel del Val, y cuyo contenido va desgranando a través de las redes con distintos vídeos y publicaciones.
Una propuesta que va en contra de los principios de "mérito y capacidad" que establece el artículo 103.3 de la Constitución española como rectores del acceso a la función pública, vulnerando asimismo otro artículo de la Carta Magna, como es el 23.2, en el que se señala que los ciudadanos "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos".
Preceptos constitucionales que no son tenidos en cuenta por Unidas Podemos al plantear su propuesta de priorizar ‑anteponer‑ a unas personas sobre otras atendiendo a su lugar de nacimiento, empadronamiento o lugar de estudio, en el acceso al empleo público.
Según García Molina, desde Unidas Podemos plantean esa prioridad "para que la gente de Castilla-La Mancha acceda a las ofertas públicas de empleo sobre otra gente", porque "no podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes, que nuestra gente, se vaya".
Y para evitar esa marcha del talento castellano‑manchego, ya sea de nacimiento o de adopción, puesto que aceptan como válido el haber estudiado o trabajado en la región, así como el estar empadronado, proponen que en las ofertas públicas de empleo se establezca esa discriminación positiva en el acceso. Una iniciativa que sorprendentemente plantea García Molina, nacido en Barcelona y que es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Es así cómo desde la coalición proponen una Castilla-La Mancha "de pleno derecho para todas las personas que nacen, viven, estudian, trabajan y que quieren quedarse en Castilla-La Mancha".
Un planteamiento que no solo es contrario a lo establecido en la Constitución española, sino que tampoco se ajusta a lo contemplado en la ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, en cuyo Título IV, capítulo I, se recogen los principios y requisitos de acceso al empleo público de Castilla-La Mancha. Norma que en su artículo 37 señala que "las administraciones públicas de Castilla-La Mancha seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".
Asimismo, entre los requisitos exigidos para poder participar en estos procesos selectivos (artículo 38) se señala explícitamente "tener la nacionalidad española" o encontrarse en una de las situaciones previstas en el siguiente artículo para los nacionales de la Unión Europea y de otros países; así como otros aspectos exigibles relativos a la edad, la capacidad funcional para el desempeño de las tareas o poseer una determinada titulación. Nada al respecto sobre el lugar de nacimiento, el empadronamiento o el lugar donde se haya estudiado, como ahora propone Unidas Podemos.
Ley de Empleo Público que si bien señala que en los procesos selectivos podrán exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos, estos deberán guardar relación "objetiva y proporcionada" con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar.
Pero al respecto de este tipo de planteamientos, y a raíz de la aplicación de los mismos en bolsas de empleo municipales o de acceso a empleo público de forma estable, también se pronunciaba en 2017 el Defensor del Pueblo. Consideraba entonces en un informe sobre el empadronamiento como criterio de acceso al empleo público que "la limitación de la gestión de estas ofertas de empleo a los inscritos en un servicio público de empleo de ámbito autonómico o a quienes residen en una determinada comunidad autónoma parece ser contraria a los objetivos generales de la política de empleo" enunciada en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Empleo, de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9.2 de la Constitución española, en el acceso al empleo. Asimismo lo consideraba contrario "a los objetivos de mantener la unidad del mercado de trabajo en todo el territorio estatal y de asegurar la libre circulación de los trabajadores y facilitar la movilidad geográfica, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, de quienes desean trasladarse por razones de empleo".
Una propuesta que, a pesar de todo ello, aparece en el programa‑catálogo 'Darle la vuelta al mundo', con el que Unidas Podemos ha querido innovar en esta campaña, planteando un recorrido por "lo mejor de Europa" que quieren para Castilla-La Mancha.
En este recorrido subidos a la moto de García Molina, esta medida de "priorizar el acceso al empleo público de las personas de Castilla-La Mancha" la sitúan en Irlanda, entre sus propuestas contra el despoblamiento.
Quieren que la región sea así "un lugar para quedarse" y para ello, bajo la imagen de los moradores de cervantina Venta de la Inés (Almodóvar del Campo, Ciudad Real), Felipe Ferreiro y su hija Carmen, enumeran sus propuestas en la materia que pasan, entre otras cuestiones, por dar prioridad en el acceso al empleo público a quienes hayan nacido, trabajen o estén empadronados en la región, "para que puedan seguir viviendo en Castilla-La Mancha".
Pese a ser anunciada a bombo y platillo, la propuesta se diluye -no queda recogida- en el documento titulado 'Cien medidas para gobernar', que constituye el programa electoral de la coalición Unidas Podemos Castilla-La Mancha y que la formación morada ha colgado en su página web.
Un programa electoral en el que, no obstante, aseguran reflejar el "compromiso" de Unidas Podemos con la ciudadanía y la sociedad civil, anclado "en un mandato constitucional y estatutario" como es el que "los poderes públicos tiene la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos sean reales y efectivas", algo que 'desentona' con la propuesta que en las redes están realizando desde la coalición.
Programa oficial que no incluye esa propuesta de "priorizar" el acceso al empleo público de los castellano-manchegos, pero sí otras iniciativas en materia de empleo público como impulsar la aprobación de ofertas de empleo público regulares; crear bolsas públicas de interinidad normalizadas; priorizar la dotación de nuevas plazas en los ámbitos sanitario, educativo, de servicios sociales y de inspección de la Administración, o la implementación de ayudas directas a la contratación de personas de Castilla-La Mancha para fijar población en la región.
Tampoco figura entre las propuestas de lucha contra el despoblamiento, que pasan por la elaboración de una estrategia regional contra la despoblación.
En este punto hacen también referencia a otras propuestas llamativas como la gratuidad de las matrículas universitarias para los créditos aprobados. Planteamientos de 'gratis' para todos, sin atender al criterio de la renta que tradicionalmente se ha venido defendiendo desde la izquierda.
Sistema universitario en el que se está lejos de lograr la equidad, al no reflejar la composición de las diferentes clases sociales, tal y como señala la segunda edición del estudio 'Via Universitària' (2017-2019) elaborado por la Xarxa Vives d'Universitats. Estudio en el que se señala que tan solo un 22 por ciento del total estudiantil en los estudios superiores procede de familias con un nivel formativo bajo.
Datos extrapolables al resto de universidades del país, y que en el caso de materializarse esta propuesta haría que de esa gratuidad de matrículas -sin atender a criterios de renta y financiadas con los impuestos de todos- se beneficiasen mayoritariamente las clases más altas.
