GUADALAJARA.- El pasado sábado la Ley de Memoria Democrática cumplía un año desde su entrada en vigor, un tiempo en el que Castilla-La Mancha ha ocupado en diversas ocasiones los titulares, principalmente por la tarea pendiente de exhumar a dos militares golpistas, José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, que todavía permanecen enterrados con honores en la cripta del Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército, por lo que en este caso corresponde al Ministerio de Defensa su tramitación.
Además, la región cuenta con dos pueblos que aún son 'del Caudillo' y que deberían haber cambiado su denominación para cumplir la ley. Uno es Alberche del Caudillo, que inició en febrero las gestiones para despojarse de su nombre franquista -cambio que todavía, ocho meses después, no se ha hecho efectivo-, y Llanos del Caudillo, cuyo alcalde, del Partido Popular, no quiere ni oír hablar de la modificación del apellido de su municipio, pues ya en el mes de mayo declaró que se trataba de algo que "no preocupa a los vecinos" y que forma parte de la "historia".
A todo esto, y tras conocerse también este sábado que Castilla-La Mancha será la tercera autonomía -solo por detrás de Andalucía y Cataluña- en recibir fondos de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para proyectos de memoria democrática, con un total de 292.658 euros, se le suma una carencia del Gobierno regional que estos días ha sido reclamada por los memorialistas.
Concretamente, la asociación Foro por la Memoria de Guadalajara ha solicitado al Ejecutivo castellanomanchego que cumpla con la Ley de Memoria Democrática y anote, de oficio, la declaración de anulación de las sentencias represivas franquistas en los expedientes judiciales, al considerarlo un paso "indispensable" para la plena restauración de la dignidad y el honor de las víctimas.
Así lo han trasladado al Gobierno regional a través de su delegado en Guadalajara, José Luis Escudero, con quien se ha reunido el presidente de la asociación, Pedro A. García Bilbao, quien ha solicitado la inscripción "material y expresa" de la nulidad de estos expedientes, lo cual contribuirá a los procesos de memorialización en el contexto de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tal y como ha insistido -recuerdan- el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli.
Y es que consideran "inaceptable" que, cuando en el futuro las víctimas del franquismo o sus familiares, historiadores o cualquier ciudadano interesado en el pasado colectivo acceda a esos expedientes y sentencias, y estos permanezcan inalterados tal y como fueron elaborados por los organismos civiles, policiales, militares y judiciales que dirigieron la política de represión sistemática contra el adversario político, primero durante la Guerra Civil y después con el régimen franquista, "como si tales sentencias siguieran siendo firmes y justas".
En este sentido, recuerdan que los archivos históricos provinciales, que son competencia del Gobierno regional, custodian "miles y miles de expedientes carcelarios y sentencias de consejos de guerra, de los tribunales de responsabilidades políticas, de la masonería y el comunismo, del Tribunal de Orden Público, y cualesquiera del resto de tribunales relacionados con la represión de la dictadura franquista". Fondos documentales que fueron trasladados desde los archivos judiciales a los archivos históricos tras cumplirse el plazo legal para que las sentencias pudieran ser consultadas.
Ahora desde el colectivo memorialista piden que, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en el que se declara la "ilegalidad e ilegitimidad de los órganos represivos de la dictadura y la nulidad de sus resoluciones", la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha proceda, de oficio, a la inscripción de dicha nulidad en todos y cada uno de los expedientes y sentencias dictados por los órganos de represión.
Nulidad a la que hace referencia el punto tercero de este artículo, declarando asimismo "ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia" por cualquiera de los tribunales u órganos penales o administrativos existentes durante la dictadura contra "quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones".
Así, atendiendo a todo ello, Foro por la Memoria de Guadalajara pide que todos los archivos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes incluyan una diligencia en todos los expedientes afectados por este artículo 5 de la Ley de Memoria Democrática "sin necesidad de que sea solicitada por los afectados o sus familiares".
Una diligencia que proponen diga: "Se declara la ilegalidad e ilegitimidad y, por tanto, la plena nulidad, de la presente sanción (identificar la resolución sancionadora) dictada contra (identificar a la persona) por el órgano administrativo (identificar el órgano) consistente en (especificar la sanción impuesta) en virtud del artículo 5 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática".
Mientras, para todas las sentencias afectadas por la norma, proponen el siguiente texto: "Se declara la ilegalidad e ilegitimidad y, por tanto, la nulidad de pleno derecho de la presente sentencia (identificar la sentencia y el órgano que la dictó) consistente en (expresar la condena impuesta) en virtud del artículo 5 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática".
Unos fondos documentales, cabe recordar, a cuya digitalización tiene previsto destinar el Ejecutivo autonómico más de 125.000 euros, tal y como apuntaba la viceconsejera de Cultura, Carmen Olmedo, a finales del pasado mes de agosto. Señalaba entonces que el objetivo de esta actuación era no solo la digitalización de cerca de medio millón de documentos, sino también su posterior difusión.
