TOLEDO.- En plena crisis sanitaria por el coronavirus el Partido Popular de Castilla-La Mancha que lidera Francisco Núñez está desplegando durante los últimos días su artillería pesada en las redes sociales, movilizando a todo tipo de cargos de partido e institucionales, desde diputados nacionales a alcaldes y concejales de toda la región, para cargar contra el Gobierno de Emiliano García-Page y reclamar que abra las instalaciones del nuevo Hospital Universitario de Toledo.
Quieren la apertura del edificio "esté como esté", pese a que la Junta de Comunidades ha informado en repetidas ocasiones que todavía no está equipado para poder tratar la pandemia y que actualmente no se dispone de personal sanitario suficiente para que inicie su actividad.
Una campaña en redes en la que los conservadores que no han escatimado en mensajes y vídeos atacando la gestión del Ejecutivo autonómico, al tiempo que exigían que el centro hospitalario, cuyas obras ellos mismos mantuvieron paralizadas durante sus cuatro años al frente de la Junta de Comunidades, abra de inmediato sus puertas.
Reclaman una apertura urgente del centro, sin recordar eso sí, que de no haber sido por ese periodo de ‘stand-by’, el hospital Universitario ya llevaría tiempo funcionando a pleno rendimiento.
En este sentido cabe recordar cómo meses después de ganar las elecciones, su entonces jefa de filas, María Dolores de Cospedal, con mayoría absoluta, decidía paralizar la obra y rescindir el contrato de las empresas concesionarias alegando que los plazos no se estaban cumpliendo.
Una decisión que costaría 17 millones de euros a las arcas regionales, tal y como desvelaba años después, y ya con el PP fuera del Gobierno, el consejero de Sanidad del Ejecutivo socialista, Jesús Fernández Sanz.
Y mientras desaparecían las grúas y el tiempo se paraba en el enorme esqueleto de hormigón del centro hospitalario, desde el PP se defendían de las críticas políticas y sociales asegurando que el proyecto seguiría adelante pero "redimensionado".
Tampoco dudaron en 'coquetear' con la idea de una gestión exclusivamente privada del centro, poniendo como modelo el hospital de Alzira, aunque finalmente y tras la polémica, no tuvieron más remedio que negar, tratando de aplacar la polémica acusando al anterior Ejecutivo socialista de haber proyectado unas instalaciones "de lujo".
Cerca de dos años estuvieron así, sin dar apenas detalles de cuál era su propuesta para el futuro hospital, hasta que en agosto de 2014 se activaba la cuenta atrás ante las elecciones autonómicas del año siguiente y el Gobierno de Cospedal desplegaba una intensa campaña publicitaria sobre la infraestructura hospitalaria y el nuevo contrato por valor de 1.750 millones de euros, IVA no incluido, que permitiría tener la obra acabada a mediados de 2016.
Un proyecto con el que se reducía el número de camas del nuevo centro hasta las 744, poco más de un centenar de las ya existentes en el hospital Virgen de la Salud al que esta infraestructura debe sustituir.
Sin embargo los ‘populares’ sí decidieron destinar el dinero de uno de los préstamos que se habían contraído durante la anterior legislatura para financiar las obras del nuevo hospital a gasto corriente. En total 115 millones de euros que se "desviaron" apenas mes y medio antes de las elecciones de mayo de 2015 que sacarían a Cospedal y al PP del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Se firmaba entonces un contrato de subrogación que desvinculaba el préstamo de la financiación original del hospital de Toledo para pagar "determinadas facturas", entre ellas algunas de publicidad institucional, por un importe de 9 millones de euros, tal y como desvelaba en 2016 el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Entonces los conservadores tampoco levantaron la voz contra ese cambio en la financiación del proyecto, como tampoco lo hicieron cuando se planteó el redimensionamiento de la infraestructura, con un hospital que ya se había quedado pequeño incluso antes de ver la luz y al que entonces sus responsables políticos decidían recortar aún más.
El mismo PP que ahora insiste en "la necesidad de que la Sanidad castellanomanchega cuente con más camas", puesto que así lo reclaman "los profesionales que están al pie del cañón" y por lo que dicen exigir la apertura del nuevo hospital de Toledo.
Mismos profesionales a los que durante su etapa en el Gobierno el Partido Popular no escuchó cuando protagonizaron encierros y salieron a la calle para protestar contra los despidos de 3.000 profesionales sanitarios y el cierre de los servicios de urgencias para 100.000 vecinos de la región.
Como tampoco desde el Partido Popular se rechistó durante esos cuatro años ante la falta de inversión en material de alta tecnología para los centros sanitarios del Servicio de Salud regional, ni por el cierre de 668 camas en los hospitales castellanomanchegos.
Ni cuando las protestas eran contra la privatización, ya organizada y prevista, en las áreas sanitarias de Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares o la propia Almansa, por aquel entonces gobernada por quien hoy preside el PP regional y lidera esta campaña contra el Gobierno de García-Page, Francisco Núñez.
Y si no lo hicieron con la paralización de las obras del hospital de Toledo, tampoco protestaron cuando Cospedal decidía detener otras obras sanitarias de importante repercusión para la región, que también estaban ya en marcha cuando llegó a la Junta de Comunidades, como las de los hospitales de Guadalajara, Albacete y Cuenca.
Ahora sí reclaman día sí y día también la apertura del nuevo hospital en la capital regional. Algo que para la actual portavoz del Gobierno autonómico, la socialista Blanca Fernández, es una "auténtica irresponsabilidad" y demuestra un "desconocimiento supino" de cómo funciona el sistema sanitario público en Castilla-La Mancha.
En este sentido Fernández recordaba hace unos días a Núñez que el nuevo hospital de Toledo podría estar abierto si el PP no hubiera paralizado su construcción durante su mandato, de ahí que se insista en pedir responsabilidad a quienes ordenaron pararla. "Le rogamos al PP responsabilidad por la intranquilidad que provoca a los ciudadanos, quienes necesitan tranquilidad" y que "no jueguen con los sentimientos de la gente".
