TOLEDO.- La Comisión de Presupuestos debate este viernes las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto pactado entre Emiliano García-Page y Podemos, acuerdo presupuestario que desencadenó el Gobierno bipartido de Castilla-La Mancha. En total serán 263 de las 351 planteadas las que se tramiten, después de que la Mesa de las Cortes no admitiera a trámite 72 de las presentadas por el Partido Popular.
Las 24 planteadas conjuntamente por los grupos de PSOE y Podemos salvaban el trámite, mientras que de las 327 presentadas por el PP se han admitido a trámite 239. Entre las enmiendas ‘populares’ que se han quedado en el tintero, las relativas al máximo de jornadas laborales de la Junta o la que pedía la inclusión en la publicación de las listas de espera en las que se incluyera la cirugía menor.
Siguen adelante sin embargo otras enmiendas a través de las cuales los conservadores castellano‑manchegos exigen lo contrario a lo que hicieron cuando la que gobernaba era María Dolores de Cospedal. Ejemplo de ello es la enmienda que plantean para que las retribuciones del director general del Ente Público Radio Televisión Castilla-La Mancha, el gerente de Geacam y el de Gicaman, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho mediante contrato laboral o mercantil, tengan que ser autorizadas por la Consejería de Hacienda y no puedan superar "en ningún caso" la cuantía que cobran los consejeros. Si existieran cantidades acordadas anteriormente, éstas "deberán acomodarse a la máxima cuantía" establecida en esta ley.
Limitaciones salariales que plantean quienes en su día mantuvieron a un director general de la televisión y la radio autonómicas, Nacho Villa, que cobraba un salario superior al de la presidenta regional, y que declaraba, por ejemplo, en 2013 haber percibido 73.000 euros en concepto de salario, cantidad superior a la que percibía la propia Cospedal en su calidad de jefa del Ejecutivo autonómico.
Algo que se contrapone también a lo planteado, por ejemplo, en los Presupuestos de 2014, en los que el Ejecutivo de Cospedal contemplaba gastar la misma cantidad, poco más de 7 millones, a los sueldos de 65 altos cargos y 84 trabajadores eventuales de las consejerías, que a las dos convocatorias de ayudas sociales que planteaban para los castellano-manchegos con mayores dificultades económicas.
Colectivos desfavorecidos para los que ahora, en la tramitación de estos presupuestos de 2017, piden que se reserve "al menos el 50 por ciento" de las cantidades presupuestadas en el Fondo de Contingencia, al tiempo que piden también en otra enmienda que estos fondos no puedan destinarse "en ningún caso" a gastos relacionados con la creación de las nuevas Vicepresidencia y Consejería a raíz de la incorporación de Podemos al Gobierno regional, ni a gastos de altos cargos o personal eventual relacionado con ello.
Y es que los ‘populares’ están convencidos que el aumento de 38 millones en gasto corriente de este presupuesto de 2017 se destinará a "poner sillones y platos de lentejas a los asesores y jefazos de Podemos".
Como también 'choca' con las políticas puestas en prácticas por el PP durante los cuatro años que gobernaron la enmienda que hace referencia a la modificación de las normas específicas sobre modificaciones de crédito que afecten a los órganos instrumentales. Piden así que los entes públicos como la Radio Televisión de Castilla-La Mancha y sus sociedades dependientes, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Gicaman, el Instituto de Finanzas o Geacam, así como las fundaciones (Impulsa, Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración, Sociosanitaria de Castilla-La Mancha o la Semana de Música Religiosa de Cuenca, entre otras) tengan la obligación de elaborar presupuestos de explotación y capital, cuya autorización no corresponda al Consejo de Gobierno, sino al titular de la consejería competente en materia de Hacienda.
Cuentas claras y autorizadas como las que no tenía, por ejemplo, la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha, cuya web en la que se debían ofrecer los datos al respecto atendiendo a la Ley de Transparencia permaneció "en mantenimiento" mientras gobernaba el PP, sin facilitar el acceso a la gestión que se hacía de los 32 millones presupuestados durante la legislatura, buena parte de los cuales se habrían destinado a publicidad en medios de comunicación afines al Ejecutivo de Cospedal.
También en contra de lo que hicieron, quieren que quede reflejado en los Presupuestos que únicamente se crearán nuevas fundaciones "si tienen como finalidad la defensa de los intereses sociales de los colectivos más desfavorecidos de Castilla-La Mancha".
Del mismo modo que también llama la atención la enmienda planteada por los ‘populares’ por la que plantean la inclusión de un apartado, en el artículo dedicado a la generación de crédito en el ámbito de los fondos europeos agrícolas, en el que se establezca que "el retraso en el pago de los fondos europeos a agricultores y ganaderos que sean imputables a la gestión y/o tramitación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, generará intereses de demora a favor de los mismos". Un planteamiento que realiza el mismo partido que convocó unas ayudas, las de la agricultura ecológica, sin dotación presupuestaria, y que se ha debido desbloquear a lo largo de esta legislatura.
Tampoco parecen recordar los ‘populares’ las medidas de su Gobierno en relación con los empleados públicos, los 500 despidos de interinos o la implantación de la famosa ‘tasa Cospedal’. Ahora, erigidos en valedores del empleado público, el PP plantea una serie de enmiendas encaminadas a mejorar las condiciones de estos trabajadores de la Administración regional.
Y así, por ejemplo, frente a los despidos de profesionales en el ámbito sanitario que llevaron a cabo cuando gobernaban, los conservadores proponen ahora mejorar los Presupuestos de 2017 incluyendo la "obligatoriedad" para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de cubrir "las bajas o ausencias de personal sanitario de cualquier grupo por causa de enfermedad en el mismo momento en que sea conocida dicha circunstancia".
Bajas y jubilaciones que durante la anterior legislatura no se cubrían, que ocasionaron importantes movilizaciones, y que estaban amparadas por una prohibición de contratar personal interino, porque no había dinero, tal y como apuntaba el entonces consejero del ramo, José Ignacio Echániz.
Personal para el que ahora reclaman también en sus enmiendas que quede "prohibida" la realización de contratos inferiores a media jornada.
Entre sus enmiendas también se encuentra una modificación relativa al régimen retributivo de interinos y del personal eventual en su conjunto, apuntando a la eliminación de contrataciones "por tiempo inferior a la jornada completa, salvo para casos de excepcionalidad y urgente necesidad".
En materia educativa, plantean que el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se produzca "como máximo, a las 48 horas" desde la situación que da origen a la misma.
También desde el Grupo Parlamentario Popular se plantea la introducción en el proyecto de presupuestos de un apartado que garantice de cara a los próximos ejercicios la consignación presupuestaria "suficiente y necesaria" para la educación concertada, de modo que tampoco se contemple ni adquiera "ningún compromiso de reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada".
Y proponen la reducción de horas lectivas del personal docente ‑que el Gobierno del PP amplió‑ estableciendo como máximo 18 para las Enseñanzas Medias y 23 para los docentes de Primaria, "siempre que exista disponibilidad presupuestaria suficiente que permita la dotación de docentes necesarios".
Asimismo, enmiendan las cuentas pactadas entre Page y Podemos para pedir que desde el Consejo de Gobierno se articulen las medidas necesarias para proceder a la consignación de una partida presupuestaria suficiente para cubrir "las indemnizaciones a los docentes interinos no universitarios" derivadas del reconocimiento por sentencia del pago del verano a los mismos. Un despido durante los meses estivales establecido por la propia Cospedal, con el objetivo de poder cuadrar las cuentas de la Comunidad.
Pero desde el PP no solo se apuesta por revertir las medidas de recortes planteadas durante su gobierno, sino que también ahora pretenden la recuperación de polémicos programas educativos puestos en marcha por el Ejecutivo de Cospedal. Entre ellos, por ejemplo, el programa ‘Castilla-La Mancha +Activa’, suprimido por el Gobierno de García-Page, desde el que se decidió no resolver la última convocatoria planteada por el PP antes de dejar la Junta. Para esta recuperación los populares sacan 371.000 euros procedentes de dos partidas del programa destinado a la dirección y servicios generales de la Consejería.
Por otra parte, en materia de dependencia, uno de los colectivos que mayores recortes sufrió en Castilla-La Mancha durante la era Cospedal, el Grupo Parlamentario Popular plantea que se destinen 500.000 euros para el plan de choque previsto, de cara a dar agilidad a la tramitación de los expedientes. Una enmienda que resulta chocante si se tiene en cuenta que durante los cuatro años de Gobierno del Partido Popular se despidió a 40 profesionales que revisaban las prestaciones por dependencia y se guardaron en los cajones 30.000 expedientes, dejándoles en el limbo.
Toda una serie de enmiendas parciales que el Partido Popular que preside María Dolores de Cospedal defenderá este viernes en Comisión, acompañadas de quejas y dudas sobre la tramitación de estos Presupuestos, para los que piden que se respeten los plazos. Críticas a las que desde las filas socialistas se responde tirando también de hemeroteca, y recordando a los conservadores su tramitación de urgencia de determinadas leyes, así como el hecho de que el PP, con Cospedal de presidenta, haya sido el único Gobierno autonómico que ha intentado reformar dos veces el Estatuto de autonomía, haciéndolo además "de manera unilateral", empleando el rodillo de la mayoría absoluta.
