TOLEDO.- Malestar en los seis colegios de abogados de Castilla-La Mancha por el nuevo servicio de asistencia jurídica a víctimas de agresiones sexuales puesto en marcha desde el Instituto de la Mujer, desde el que se ha concedido una subvención directa a la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo  (Amformad) del proyecto ’Prevención e intervención integral en materia de agresiones y abusos sexuales en Castilla-La Mancha’. 

Una asistencia jurídica a las víctimas de agresiones sexuales que ya está cubierta en el marco del convenio de colaboración suscrito por el propio Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha con el Instituto de la Mujer, ofreciendo asistencia letrada gratuita a estas mujeres por parte de abogados de los colegios de la región, que cumplen unos requisitos mínimos de formación y especialización para prestar estos servicios. 

En un comunicado, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha muestra el “profundo malestar” existente en los colegios de abogados de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo, al estimar que el servicio de atención y asesoramiento “ya está contemplado y cubierto” por dicho convenio. 

Y es que además de la asistencia jurídica gratuita a víctimas de agresiones sexuales, este convenio cubre la asistencia letrada en juicio a mujeres víctimas de violencia sexual cuando ésta no sea amparada por la asistencia jurídica gratuita en casos de procesos iniciados por mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual, acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como en los procesos seguidos por mujeres que han sido víctimas, dentro del territorio de Castilla-La Mancha, de trata con fines de explotación sexual, prostitución o comercio sexual. 

Publicidad

Queda así cubierta esa asistencia jurídica a las mujeres víctimas de violencia sexual, las cuales estarían asistidas por abogados pertenecientes a los turnos de oficio especiales de violencia de género existentes en los colegios de abogados. Por tanto, insisten, “las mujeres no víctimas de género, pero sí de violencia sexual, tendrían cubierta la asistencia jurídica gratuita a través de los turnos específicos de los seis colegios de abogados”. 

No obstante, recuerdan que está pendiente de firmar aún la prórroga del convenio suscrito con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

De este modo, y tras manifestar su malestar por esta subvención directa planteada por la Junta, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha anuncia su intención de llevar a cabo, con la participación de todos los colegios de la región, “las gestiones y actuaciones necesarias” al objeto de defender y mantener un servicio que se presta por los colegios de abogados a través de los turnos especiales de violencia de género, según el convenio vigente.  

20.000 EUROS, PERO NO 230.000 

Una posición conjunta a la que se han ido sumando las protestas particulares de varios de los colegios de abogados de la región. El primero en levantar la voz a título individual era el Colegio de Abogados de Guadalajara, que mostraba su total rechazo a la decisión del Instituto de la Mujer de prestar un servicio de atención gratuito a víctimas de agresiones sexuales que incluye servicios psicológicos y jurídicos, a través de un convenio con una asociación. 

Una actuación con la que consideran se intenta ”obviar” a los colegios de abogados de la región “privatizando dicha prestación bajo el falaz argumento de que los profesionales del turno de violencia carecen de la especialización necesaria”, cuando son los únicos que pueden prestar asistencia jurídica gratuita.  

Insisten en que dicha asistencia jurídica ya está cubierta para todas las víctimas de agresiones sexuales por el turno de oficio, según lo establecido en la ley de Asistencia Jurídica Gratuita y por el acuerdo de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, eso sí, por una cuantía de 20.000 euros “y no de 230.000 euros”. 

Un convenio que se dirige a las mujeres víctimas de violencia doméstica, sexual o de violencia ejercida por terceras personas sobre sus bienes, su persona o la de sus familiares a instancias del maltratador, empadronadas en la región, que incluye también a aquellas personas que estén sometidas a trata con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual, detallan. 

Convenio según el cual, la prestación del servicio de defensa en juicio, a través del turno de oficio especializado en violencia de género, se designará por parte del colegio de abogados de la provincia que corresponda, partiendo siempre de una derivación y autorización previa por parte del Instituto de la Mujer. 

Y es que, subrayan, según el ordenamiento jurídico son los colegios de abogados quienes tienen competencia en materia de justicia gratuita, como se prevé en la ley, pero “no es gratis la asistencia jurídica que ofrecen determinadas asociaciones privadas que firman un convenio con otras administraciones públicas, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan para la víctima”. 

Mismos argumentos que se han empleado también desde el Colegio de Abogados de Toledo, desde el que también en primera persona han manifestado su “total rechazo” a esta privatización del servicio de asistencia jurídica gratuita, la cual ya está cubierta y no precisaba de una “subvención directa” como la que el Instituto de la Mujer ha decidido dar a una asociación privada. 

“A DEDO” 

Críticas al servicio presentado el pasado 30 de agosto por la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, que se encargaba de azuzar el Partido Popular, cuyo portavoz adjunto en las Cortes, Lorenzo Robisco acusaba al Ejecutivo regional de privatizar el servicio “presuntamente de forma ilegal e irregular”, al haber sido adjudicado “a dedo” a una asociación. 

El diputado popular recordaba la existencia del convenio suscrito entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha para la prestación de este servicio, por lo que criticaba que se hayan destinado 230.000 euros a esta adjudicación sin concurrencia pública y sin tener en cuenta méritos y capacidades. 

Los populares consideran la medida un “despilfarro” de dinero público, a lo que se suma el “desprecio y ninguneo” que representa para los psicólogos y abogados de la región. 

Para el PP no existe explicación para esta privatización, “más allá de intereses espurios y de saltarse la ley”. 

ASESORAMIENTO “COMPLEMENTARIO” 

Acusaciones que rebatía desde el Grupo Parlamentario Socialista su portavoz, Blanca Fernández, quien tildaba de “clamorosa y dura” la denuncia de los populares, calificándola además de ser “todo lo machista que se puede ser a la hora de hablar de un servicio indispensable y demandado por las víctimas como es un asesoramiento complementario”. 

En este sentido, Fernández explicaba que las víctimas de agresiones sexuales no siempre son consideradas como víctimas de violencia de género, por lo que “les puede caer un abogado de oficio que no sea experto en violencia de género”. 

Aseguraba la portavoz socialista que el nuevo servicio no es para sustituir la asistencia jurídica gratuita que se ofrece a través de los colegios de abogados, sino que servirá para complementar. 

Respecto al procedimiento de adjudicación, Blanca Fernández subrayaba que se ha realizado siguiendo “todos los pasos legales”. 

Lamentaba por ello que desde el PP se trate de “polemizar absurdamente” con este asunto o de defender “los intereses de algún colegio de abogados que haya podido protestar”, cuestión esta que llegaba incluso a poner en duda, aunque como después se ha visto, no solo son colegios a título particular los que han levantado la voz, sino que también lo han hecho de forma conjunta representados por el Consejo de la Abogacía regional. 

Concluía Fernández insistiendo en que el nuevo servicio tiene como finalidad “ayudar a los abogados” con expertos en violencia de género, ya que “no se puede exigir a los abogados de oficio ser expertos en todo”, sentenciaba.