ALBACETE.- A más de seis millones de euros ascienden las sanciones que la Dirección Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Albacete, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha propuesto para la compañía eléctrica Iberdrola por la muerte de varias aves en la provincia.
Así lo ha avanzado la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) tras tener conocimiento de las propuestas de sanción, derivadas de las electrocuciones de un águila real en Povedilla en el año 2016; de un águila imperial y un águila culebrera en Balsa de Ves ese mismo año; de cinco águilas imperiales, un milano real y un águila culebrera en Munera entre los años 2016 y 2017, y un águila imperial en Albacete el año pasado. Multas e indemnizaciones que ascienden a un total de 6.615.655 euros.
Desde este colectivo destacan cómo con estas propuestas de sanción la Dirección Provincial de Agricultura y Medio Ambiente albaceteña se ratifica de nuevo en las denuncias de "conductas omisivas" por parte de la operadora eléctrica, las cuales "están dando lugar a reiterados y muy graves casos de electrocuciones en Albacete".
Se trata así de forzar a la compañía para que incremente "sustancialmente" el ritmo de modificaciones de los tendidos más peligrosos para las aves, los cuales están "causando estragos" en poblaciones de especies emblemáticas para el medio ambiente.
En este sentido, la Sociedad Albacetense de Ornitología advierte de que "este año se superarán fácilmente más de 300 denuncias por electrocuciones de avifauna" en la provincia, las cuales tendrá que tramitar la Junta de Comunidades "si se demuestra con informes forenses que la muerte ha sido por esta causa".
Así, detallan cómo en lo que va de año se han encontrado al menos doce águilas imperiales, dos águilas perdiceras, decenas de búhos reales, dos decenas al menos de águilas reales, decenas de ratoneros, águilas culebreras, azores, halcones, buitres leonados y otras especies.
En cada uno de estos casos, explican desde el colectivo conservacionista, se levanta la correspondiente acta y se realiza el informe veterinario forense para averiguar la causa de la muerte, de modo que si procede, se plantea la correspondiente denuncia.
También critican que "la compañía eléctrica únicamente procede a arreglar cinco postes por cada caso de electrocución muy grave que ocurre, en lugar de cambiar tendidos peligrosos enteros".
Esta 'política de muerte-reacción' por parte de la compañía eléctrica, conlleva que tenga que ocurrir una electrocución para que Iberdrola proceda a rectificar únicamente cinco postes, denuncian desde la organización.
Así, lamentan que la eléctrica se empeñe en "parchear" con este tipo de soluciones "microscópicas" ante las decenas de miles de postes por corregir. En este sentido, señalan que en Castilla-La Mancha hay aproximadamente "más de 100.000 postes" a corregir.
Como consecuencia de las electrocuciones, advierten desde la Sociedad Albacetense de Ornitología, las poblaciones de especies como el águila imperial no consiguen recuperarse al ritmo que sería deseable para alcanzar un grado de conservación favorable.
MÁS DE DOSCIENTAS NOTIFICACIONES
Recuerdan que el deber de prevenir los daños ambientales por electrocución se encuentra contenido en la ley de Responsabilidad Medioambiental, en la ley de Industria y en la propia ley del Sector Eléctrico, y que hace seis años acabaron los plazos señalados en el Real Decreto 1432/2008 para que las compañías eléctricas hicieran las inversiones necesarias para cambiar los tendidos y evitar esas muertes.
Por ello, subrayan que en las propuestas sancionadoras recientemente cursadas por parte de la Administración regional se hace referencia al "dolo" de la compañía, que se muestra renuente a emprender las acciones correctivas legalmente exigidas.
Y es que, apuntan, de acuerdo con el principio 'quien contamina paga', quien tiene que acometer las inversiones de prevención de daños ambientales es el operador eléctrico, no siendo obligatorio para la Administración tener que aprobar ayudas para cumplir con esos deberes legales, "como se excusan empresas multimillonarias".
Destacan que las grandes compañías eléctricas "son conscientes" de que las tipologías de tendidos antiguos son peligrosos para la avifauna, "saben y conocen cómo evitar las electrocuciones" y llevan décadas "obviando" este gravísimo problema de conservación.
Junto a ello, apuntan, se da la circunstancia de que la mayor parte de las electrocuciones están ocurriendo en tendidos peligrosos "que son ilegales hasta hace poco más de un año" y que "fueron regularizados sin tener en cuenta la normativa ambiental vigente".
Desde la organización conservacionista apuntan que la Dirección Provincial de Medio Ambiente en Albacete ha cursado más de doscientas notificaciones requiriendo la modificación de tendidos peligrosos a empresas tanto del sector eléctrico como de otros sectores, especialmente agrícolas, tanto públicas como privadas, comunicando sucesos de electrocuciones producidas, para que procedan a modernizar los tendidos con otros no peligrosos para la avifauna.
Un proceso de modificación de tendidos eléctricos que está suponiendo la creación de numerosos puestos de trabajo entre las empresas especializadas que se dedican a ello.
ALBACETE, A LA CABEZA
Con estas propuestas de sanción, de nuevo la provincia de Albacete se vuelve a situar a la cabeza en la lucha "contra la lacra de las electrocuciones" a través de la Dirección Provincial, siendo "un referente nacional para otras comunidades autónomas".
Pero además de la labor sancionadora, desde la Sociedad Albacetense de Ornitología destacan también cómo por parte de los agentes del Seprona y los agentes medioambientales de la Junta se han incrementado "muy sustancialmente" las revisiones de tendidos eléctricos "en los que no se sospechaba que las cifras de muerte fueran relevantes". Un trabajo que ha llevado a la localización de nuevos tendidos peligrosos que "representan una auténtica tragedia ambiental".
Por ello, felicitan a los agentes que llevan a cabo estas inspecciones, así como a la Dirección Provincial "por promover que se siga con la inspección de nuevas líneas eléctricas hasta ahora no revisadas o muy poco revisadas".
Por último, desde el colectivo conservacionista subrayan cómo las sentencias de los tribunales de Albacete han servido para "despertar" un grave problema que ha permanecido oculto durante décadas.
Esto ha supuesto que la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid haya creado una Red de Seguimiento de las electrocuciones en la que participan y colaboran agentes medioambientales y del Seprona de todo el país, y que desde la Fiscalía General de Medio Ambiente se hayan cursado diversos escritos a todas las comunidades autónomas y a las propias compañías eléctricas solicitando información de muy diverso tipo, y requiriendo actuaciones por parte de las Administraciones Públicas.
Biólogos y profesionales jurídicos se darán cita como ponentes a finales de febrero en Albacete para estudiar esta problemática en el marco de un curso organizado por la Dirección Provincial de Medio Ambiente. En él se dilucidará -apuntan desde la Sociedad Albacetense de Ornitología- si los casos de electrocuciones más graves podrían ser incluso un delito tipificado en el nuevo artículo 326 bis del Código Penal, y se darán a conocer experiencias prácticas y jurídicas sobre las electrocuciones de especies protegidas.
