TOLEDO.- Cada día se presentaron once denuncias por violencia de género en Castilla-La Mancha, dos menos que en 2017. Una disminución en el número de denuncias por este tipo de delito que el año pasado se situaron en 4.207 frente a las 5.103 presentadas el anterior y que se acumulan, fundamentalmente, en la zona de los corredores de La Sagra, en la provincia de Toledo, y del Henares, en Guadalajara, al ser éstas las que cuentan con una mayor densidad de población. Descenso "no significativo" porque desde 2003 las cifras reflejan unas 5.000 denuncias anuales, pero "la variación es aleatoria, no hay una tendencia clara".
Asimismo, la violencia machista dejó en la región en 2018 dos víctimas mortales, ambas en la provincia de Toledo, y si bien no se cobró la vida de ningún menor, sí dejó un huérfano.
Cifras tras las que se encuentran "historias de vida, de lucha y de superación", que ofrecía este martes la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Castilla-La Mancha, Mar Álvarez, quien presentaba el balance de gestión del año 2018 preliminar, a falta de que el Gobierno central publique la memoria anual.
Situaciones de violencia contra la mujer por las que el año pasado fueron 1.336 las que solicitaran órdenes de protección, de las cuales 956 fueron concedidas. Medida con la que no llegan a contar todas las mujeres que lo solicitan, se conceden dos terceras partes, siendo varios los factores que influyen en que no se otorguen todas las demandadas.
En este sentido, la responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer detallaba que se deniegan en caso de que la víctima tenga respaldo familiar, si es derivada a un centro, cambia su residencia a otra comunidad autónoma o bien el agresor es detenido. Sin embargo también hay ocasiones en las que es la propia víctima "la que renuncia a esa protección", precisaba.
Así, a 31 de diciembre de 2018 había protección policial activa en 1.404 casos, frente a los 1.077 del año anterior. En total 327 mujeres más con este tipo de protección, un incremento "significativo", por lo que Álvarez agradecía la labor en este sentido de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.
Según los datos recogidos en el Sistema de Seguimiento Integral (VioGén), a 31 de diciembre en Castilla-La Mancha había registrados un total de 3.134 casos activos de violencia de género, para 3 de los cuales se contempla un nivel de riesgo extremo y para otros 6 un nivel alto. Asimismo 226 casos de violencia de género presentaban un nivel medio de riesgo, para 1.168 la calificación era de riesgo bajo, mientras que otros 1.730 casos se encontraban en situación de riesgo 'no apreciado', lo cual implica un seguimiento y nueva valoración cada tres meses.
En 2018 se registraron un total de 2.595 llamadas, frente a las 2.552 de 2017, una disminución que tampoco es significativa, según defendía Álvarez, que sí ha destacado que se han registrado un 6 por ciento más de llamadas de personas del entorno de la víctima. No obstante, las consultas realizadas por parte de las propias víctimas fueron alrededor 1.700, frente a las 700 que realizaron los familiares y allegados a ellas.
Asimismo, el pasado año se registraba un aumento interanual superior al 24 por ciento en el número de usuarias de los sistemas de seguimiento telemático, los cuales "son de los más eficaces" para la protección de las víctimas, subrayaba. Se pasaba así de 63 en 2017 a 79 el ejercicio pasado. Un incremento "importante", explicaba Álvarez, porque "los casos de asesinato raramente se producen con sistema de seguimiento activo".
La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer ha afirmado, igualmente, que los contratos bonificados realizados a castellano‑manchegas víctimas de violencia de género se incrementaron de 32 a 40 durante el último año y que las ayudas económicas en este mismo periodo, según la Ley 1/2004, han pasado de 3 a 6.
REPUNTE ENTRE LOS JÓVENES
Para este 2019 las actuaciones previstas se centrarán en las víctimas de especial vulnerabilidad, como son las que viven en el medio rural, aquellas con capacidades diferentes y las menores de 20 años.
Un colectivo este último en el que se ha experimentado un repunte de la violencia de género, por lo que se hace necesaria la puesta en marcha de más actividades que incidan en la prevención, como charlas y jornadas de puertas abiertas impartidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los centros educativos, con el fin de que los jóvenes aprendan a distinguir cuándo se está produciendo acoso.
Explicaba Álvarez que el repunte de estos casos de violencia machista se pueden deber a que "a lo mejor la gente joven no está entendiendo lo que es la sexualidad", y ha considerado que en ello puede influir el auge de las redes sociales, ya que, por ejemplo, una menor ve "normal" que su pareja esté todo el tiempo enviándole mensajes de WhatsApp.
Cabe destacar que los condenados menores de 20 años se han duplicado en el conjunto nacional, ya que, según el informe del Consejo General del Poder Judicial de 2017, las sentencias por delitos de menores en esta materia han pasado de 161 a 248.
