TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha contempla un escenario de contención fiscal para esta legislatura, pero abre la puerta a una reducción de ésta en aquellas zonas afectadas por la despoblación o que requieran de una mayor estimulación económica.
Así lo ha señalado el presidente del Ejecutivo castellano-manchego, Emiliano García-Page, durante la firma del Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023 que ha rubricado junto a los agentes sociales en el Palacio de Fuensalida.
Una declaración de intenciones en la que se plantean como objetivos el mantenimiento de la paz social por la que se ha venido caracterizando la región en los últimos años, pero también una paz fiscal.
García-Page ha subrayado su interés en que se "cultiven" en Castilla-La Mancha tanto la paz social, de modo que la región sea "la primera" en esta materia, pero también "la paz fiscal". De ahí que uno de los compromisos que plantee en este acuerdo sea el establecer "un calendario" que recoja unas "pautas de consenso" que permitan trabajar con una variable fiscal definida, de modo que no haya lugar a "caprichos fiscales ni grandes bandazos".
Un marco fiscal en el que apuesta por un escenario de contención, pero abriendo la puerta a plantear una reducción "de manera claramente orientada" para aquellas localidades que estén afectadas por el problema del despoblamiento o que requieran una mayor estimulación económica.
Se trata, reconoce el presidente del Ejecutivo, de "un ejercicio limitado", pero supone "un paso más" que Castilla-La Mancha puede permitirse gracias al crecimiento económico experimentado.
Dos tipos de paz para las que este documento "pone las bases", de modo que se puedan construir entre todos. Para García-Page este pacto supone señalar el cambio y comprometerse a ello, de modo que pueda traducirse en el objetivo de crear 100.000 puestos de trabajo en esta legislatura.
Se fijan así las bases de la estrategia de empleo para los próximos cuatro años, la cual contará con financiación y estímulo al empresariado. En este sentido ha precisado que todo el documento "tendrá correlación presupuestaria en la Comunidad Autónoma y contará con instrumentos financieros".
En esta línea apuntaba que antes de que acabe el año se aprobará la segunda edición del programa Financia Adelante y "habrá dinero" para que lo comprometido en el nuevo pacto "sea una realidad", algo para lo que se contará con la colaboración de entidades financieras.
Una hoja de ruta "ampliable", en la que Gobierno y agentes sociales han plasmado "no solo lo que queremos hacer, sino cómo lo queremos hacer".
Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, apuntaba que será en septiembre cuando se conformen los grupos y mesas de trabajo que se ocuparán de desarrollar el documento, de modo que "a finales de 2019 o a principios de 2020" pueda estar lista la "hoja de ruta", sobre cuyo cumplimiento se realizarán seguimientos semestrales.
Un nuevo acuerdo que se solapará en parte con el tramo final del Pacto por la Recuperación suscrito hace cuatro años y que según el último balance correspondiente al segundo semestre de 2018 se encontraba al 75,06 por ciento de su ejecución en cuanto a medidas, mientras que la ejecución presupuestaria alcanzaba el 86,43 por ciento de lo previsto hasta el 2020.
El presidente regional ha querido subrayar el "valor extraordinario" del convertir "en normal" diálogo. En este sentido, ha alertado del riesgo que supone que "el caos" se convierta en normal, "que no se consiga formar gobierno, que no haya diálogo", puesto que la gente termina acostumbrándose, "como ocurrió en Italia, a no tener gobierno". Por ello le gustaría que "en España nadie se acostumbre a que lo que está pasando es lo inevitable".
No obstante, en este contexto a nivel nacional y en algunas regiones españolas, García-Page ha aprovechado para "presumir de normalidad" y recordar cómo la foto de hace cuatro años con los agentes sociales, al firmar el Pacto por la Recuperación, supuso "un antes y un después de lo que encontramos al tomar posesión". Una firma que como la celebrada este miércoles "marca la legislatura".
DIÁLOGO SOCIAL REGULADO POR LEY
Un valor que también han destacado los agentes sociales durante sus intervenciones en el acto. El secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, subrayaba el valor del "clima social" que se ha logrado en la región, que se ha convertido en "una realidad constante".
Respecto a este nuevo Pacto, Pedrosa reconoce que en él "no está todo lo que queremos, pero sí todo lo necesario para hacerlo". De este modo destacaba el carácter trasversal de los acuerdos planteados para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre los cuales se dieron "algunos pasos" en la anterior legislatura y que ahora "entre todos" se deben "hacer posibles".
Por su parte el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha comprometido el trabajo "a brazo partido" y la complicidad de su organización para "buscar aliados" y no enemigos, para "continuar en la senda" emprendida hace cuatro años.
En este sentido, De la Rosa ha subrayado que aunque "se ha avanzado mucho", consiguiendo reducir los porcentajes de desempleo y mejorando la estabilización de la economía, "todavía casi un 25 por ciento de la población lo sigue pasando mal", a lo que se suma el problema de la despoblación. Así, una de las propuestas que se ha recogido en este acuerdo es la necesidad de "trabajar por las zonas rurales", para que "haya una redistribución de la población en las zonas despobladas", de modo que "vengan a vivir en esta tierra".
El secretario regional de CCOO manifestaba así su confianza en que ésta "se la legislatura definitiva del empleo", en la que se produzca "un salto cualitativo" y se consiga que los contratos "sean cada vez más estables e indefinidos". Todo ello unido necesariamente a una apuesta por unos servicios públicos de calidad, de cara a conseguir así "una tierra mejor".
Un diálogo social cuyos "muy buenos resultados" ha destacado el presidente de la patronal, Ángel Nicolás, quien considera sin embargo que no se ha sabido "vender" lo que esto supone, aportando un valor que "la sociedad no conoce".
No obstante, convencido de que "si no hay acuerdo, no hay progreso", apuntaba algunos de los asuntos abordados en este nuevo reto estratégico, como son una disciplina fiscal, la recuperación de la inversión pública, la prevención de riesgos laborales o potenciar el diálogo social, de forma que permanezca "gobierne quien gobierne".
Una idea en la que abundaba por su parte el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, quien precisaba que "es hora" de que en Castilla-La Mancha se regule por ley "el diálogo social al máximo nivel", lo cual quedará recogido en una legislación que "ya está horneada", la ley de Participación, en la que "cuenta y pinta todo el mundo".
Se garantizará así por ley el diálogo social en la región, de modo que no se permita "bajo ningún concepto" que "venga quien venga" se discuta este principio, y esté garantizado "el núcleo duro de la negociación". Algo a desarrollar en los próximos meses y de lo cual, ha avanzado García-Page, se ocupará el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro.
REUNIONES CON LA OPOSICIÓN Y TRASVASE
En otro orden de cosas, García-Page ha adelantado que ya tiene fecha para reunirse con el Partido Popular y con Ciudadanos. Será ya en el mes de septiembre, ya que "por distintas circunstancias, incluso personales no se ha podido hacer estos días" -ha precisado-, de modo que se comience el curso político con "escenarios de medio y largo alcance".
Así, para los días 4 y 6 de septiembre se han fijado las reuniones con el jefe de la oposición, el popular Francisco Núñez, y con la portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Carmen Picazo.
Del mismo modo el presidente regional aprovechaba para avanzar que el próximo martes el Ejecutivo autonómico recurrirá el trasvase del pasado mes de mayo. Recursos que se van a seguir produciendo, haya o no Gobierno la semana que viene, puesto que "la estrategia no va a cambiar hasta que haya motivos".
