TOLEDO.- Los recortes practicados en Castilla-La Mancha por el Partido Popular en su etapa al frente de la Junta de Comunidades siguen estando presentes para muchos sectores, entre ellos el agrario.
Muestra de ello la petición realizada desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) al actual Ejecutivo autonómico, encabezado por el socialista Emiliano García-Page, demandando la recuperación de la Comisión Regional de la Competencia, suprimida en 2011 por la entonces presidenta María Dolores de Cospedal.
El 15 de julio de ese año el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba el decreto que, tan solo unos días después de haber tomado posesión del cargo, había firmado la propia Cospedal, por el cual se suprimían los órganos de defensa de la competencia en la región dependientes de la Consejería de Economía y Hacienda, entonces dirigida por Diego Valle, para conseguir "un mayor nivel de austeridad y eficiencia".
Un recorte que se justificaba con la necesidad de "priorizar el ahorro en gastos corrientes y personal" por parte de la Administración regional, tratando de "optimizar" recursos. Para el entonces Gobierno autonómico del PP la defensa de la competencia en la región quedaba "plenamente garantizada" a través de la Comisión nacional, por lo que así se conseguiría un "menor coste" de funcionamiento.
Quedaba así derogado el decreto por el que se creaba este órgano, fechado en junio de 2008, cuya recuperación ahora se reclama desde el sector.
Consideran que esta figura permitiría volver a luchar contra el fraude, al tiempo que perseguir la posición de dominio de la industria y proteger los productos agrarios y ganaderos de la región.
Y es que desde la organización agraria valoran la labor realizada por este órgano durante los tres años que estuvo en funcionamiento, entre 2008 y 2011, puesto que desde la Comisión se atendieron todas las demandas planteadas por la organización, "investigando, instruyendo y, en su caso, imponiendo las sanciones y multas coercitivas a las entidades que alteraban el mercado de forma contraria a la libre competencia".
En este sentido recuerdan desde Asaja en nota de prensa cómo algunos de los procesos de investigación fueron motivados por las sospechas de prácticas fraudulentas y de competencia desleal por parte de algunas industrias en las cadenas agroalimentarias del champiñón, el azafrán, la leche de oveja y cabra, o el girasol.
Sin embargo, subrayan, mayor repercusión tuvieron las inspecciones realizadas a bodegas de Valdepeñas en los años 2009 y 2010. Recuerdan así cómo desde la organización agraria se denunció entonces que los grandes industriales de vino de la región "habían podido acordar precios", una práctica prohibida por la ley de Defensa de la Competencia por ser contraria a las normas del libre mercado.
Tras detectar indicios, la Comisión Regional de la Competencia abrió un procedimiento sancionador y dio traslado a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Resultado de ello, recuerdan desde la organización agraria en su comunicado, en el año 2012 se impusieron multas por valor de más de un millón de euros a tres asociaciones de productores de vino de las denominaciones de origen de Valdepeñas y Castilla-La Mancha por conducta anticompetitiva al fijar el precio de la uva.
Cabe recordar, en este sentido, que desde la Comisión Nacional se consideró probado el pacto de precios de la uva entre tres colectivos, impidiendo así que cada bodeguero individualmente pudiera decidir por su cuenta el precio a pagar. Por este motivo se impusieron tres sanciones, una de ellas de 746.871 euros a la Asociación Comarcal de Empresarios Vitivinícola de las zonas de producción y crianza de la D.O. Valdepeñas; 270.443 euros a la Asociación Regional de Empresarios Vitivinícolas de Castilla-La Mancha, y otros 13.370 euros a Agrupadores de Maestros Bodegueros de Valdepeñas, tal y como recogía entonces la CNC en su comunicado.
Es por ello que desde la dirección castellanomanchega de Asaja se ha planteado al Gobierno regional la posibilidad de recuperar un órgano de estas características, puesto que en un sector como el campo, donde los productores siguen siendo el eslabón más débil de la cadena alimentaria, "es muy necesario un órgano cercano que vele por su seguridad".
