TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la puesta en marcha de una línea directa de ayudas a fondo perdido dirigidas a autónomos -con y sin asalariados- y micropymes de la región, dotada con 25 millones de euros. Ayudas de 1.500, 2.200 y 3.000 euros con las que se pretende apoyarles en el reinicio de la actividad tras la paralización o la ralentización obligada por el estado de alarma.
Una medida que se enmarca en el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha con motivo del COVID-19 firmado el pasado 4 de mayo con los agentes sociales, tal y como ha apuntado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la rueda de prensa telemática que ha ofrecido para dar a conocer este acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno.
Del total presupuestado, 15 millones de euros se destinarán a ayudas directas para trabajadores autónomos, con un pago de 1.500 euros por beneficiario. Una cantidad que, tal y como ha explicado Franco, se podrá destinar a los gastos derivados de su actividad, incluyendo el pago de las cuotas a la Seguridad Social, o a gastos operativos corrientes.
En este sentido la consejera ha señalado que se pretende apoyar la vuelta a la actividad de los trabajadores autónomos con una ayuda directa, que puedan destinar "a los gastos que consideren más necesarios y urgentes", para de este modo "asegurar la liquidez necesaria para poder levantar el cierre y volver a la actividad durante el proceso de desescalada".
Se trata, ha insistido, de un "empujón económico" para aquellos que por las circunstancias derivadas del COVID-19 se encuentran con más dificultades para afrontar la recuperación.
Por su parte para las micropymes de menos de 10 trabajadores se destinarán otros 10 millones en ayudas. Así, las empresas que tienen entre 1 y 4 trabajadores a tiempo completo percibirán una ayuda de 2.200 euros, mientras que aquellas de entre 5 y 9 trabajadores -la mayoría del tejido productivo de la región- recibirán 3.000 euros. Ayudas que podrán destinarse a cualquier gasto operativo que suponga el reinicio de la actividad, incluido el pago de salarios o cuotas a la Seguridad Social.
REQUISITOS
Para poder acceder a estas ayudas, es requisito imprescindible el que la actividad se haya visto suspendida por la orden de cierre del RD 463/2020, que provocó el cierre de las actividades no esenciales, o bien que, en el caso de no haber sido afectado por el cierre, la facturación haya caído en más de un 60 por ciento con motivo de la crisis del coronavirus.
En ambos casos, el decreto establece como compromisos el reinicio y el mantenimiento de la actividad, así como del empleo durante los doce meses siguientes a la concesión de la ayuda.
Se trata, ha subrayado Franco, de "impulsar de manera directa el reinicio de la actividad" de autónomos y micropymes, para que puedan afrontar "los pagos más inmediatos a la hora de volver al trabajo en el tiempo en el que ese reinicio continúa marcado por las restricciones sanitarias en materia de seguridad".
En este sentido la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha subrayado el compromiso del Ejecutivo castellanomanchego para "estar al lado" de quienes se pueden encontrar con más dificultades para retomar la actividad y abordar la recuperación.
"Teníamos claro que no queríamos acotar la ayuda a un gasto determinado", ha explicado, por lo que se ha articulado una ayuda a fondo perdido que suponga "una pequeña inyección de liquidez" para encarar cualquier tipo de gasto como consecuencia del reinicio de la actividad.
Una medida que se suma a otras ya puestas en marcha por el Gobierno regional, como la priorización en la resolución de las ayudas Adelante Inversión e Innova Adelante, cuya resolución provisional se publicará cuando finalice el estado de alarma con la aprobación de más de 800 proyectos con ayudas por valor de 27,5 millones de euros; o la Línea Aval COVID-19, con avales por valor de 15 millones de euros, en cuyo marco se han aprobado 19 operaciones por 1,13 millones y otras 114 solicitudes se encuentran en estudio por parte de las entidades financieras, que podría suponer llegar a 7,5 millones de euros.
