Castilla-La Mancha eleva el techo de gasto para 2021 hasta los 7.562 millones

  • Se trata de 942 millones más que en el ejercicio actual, lo que supone un aumento del 14,2 por ciento respecto al ejercicio actual.
  • Tras la suspensión de las reglas fiscales acordada por el Gobierno de España para dar respuesta de gasto público y mitigar la crisis económica derivada de la pandemia, el techo de gasto se eleva en la región cuatro veces más de lo que venía haciendo.

TOLEDO.- El techo de gasto no financiero del presupuesto de Castilla-La Mancha para el 2021 asciende a 7.562 millones de euros, 942 millones más que el presente ejercicio, lo que representa un aumento del 14,2 por ciento.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha aprobado el límite del gasto no financiero para el próximo año, que es diferente respecto a los ejercicios precedentes debido a la situación de excepcionalidad ocasionada por la pandemia de coronavirus.

El techo de gasto subirá así más de cuatro veces de lo que lo venía haciendo en los ejercicios precedentes, debido a la suspensión de las reglas fiscales acordada por el Gobierno de España para poder dar una respuesta de gasto público y mitigar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria de la Covid-19, de hecho, ha indicado que para este año se prevé una caída del Producto Interior Bruto (PIB) regional del 8,3 por ciento; aunque ya para el 2021 la tasa de crecimiento estimada se sitúa en el 4,2 por ciento.

Ruiz Molina ha explicado que en el apartado de ingresos propios de carácter no financiero la previsión es la de alcanzar los 6.176,9 millones, lo que en comparación con el presente ejercicio supone una reducción de 265,5 millones, el 4,1 por ciento menos.

De esa cantidad, por un lado, se cifra en 5.503 millones las entregas a cuenta del Estado y la liquidación del ejercicio de 2019, y por otro, los ingresos de carácter tributario gestionados por la comunidad autónoma que suman 873 millones de euros, además de alguna transferencia del Estado, y que representan una reducción de casi el 15 por ciento de la previsión de recaudación en 2020, como consecuencia de la covid.

En lo que respecta al déficit público, ha recordado que ya no hay un objetivo de obligado cumplimiento, sino una tasa de referencia a la que se pueden acoger las comunidades autónomas, y Castilla-La Mancha lo hará, del 2,2 por ciento, si bien el Estado financiaría la mitad, así que el porcentaje queda en el 1,1 por ciento del PIB, por lo que el incremento del déficit en el que va a incurrir la comunidad autónoma en el ejercicio de 2021 será del 1,1 por ciento, un total de 445 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 445 que se van a obtener vía transferencia del Gobierno de España.

Como novedad en la estructura del techo de gasto, el consejero ha explicado que se han incluido los recursos que se espera obtener del programa de ayudas para la recuperación y la cohesión de los territorios de Europa, incluido en el programa Next Generation, de subvenciones y prestamos, del cual a Castilla-La Mancha le corresponderían 392 millones, para destinarlos a sanidad, educación, empleo y fomentar la inversión empresarial.

Ruiz Molina ha indicado que, aunque la situación es complicada desde el punto de vista económico, la respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha "no va a ser la de primar los recortes" como se hizo en la anterior crisis de 2008, sino poner todos los recursos necesarios para revertir la situación.

Ha asegurado que no se va a escatimar ningún recurso en 2021, como se pondrá de relieve en el proyecto de ley de presupuestos de la Junta.

Una vez aprobado el techo de gasto por el Consejo de Gobierno, se llevará a las Cortes para tramitar el proyecto de ley de presupuestos para 2021 con la intención de tenerlo en vigor el 1 de enero o con una prórroga de breves días, ha manifestado el consejero, quien ha valorado que se haga "de la mano de los agentes sociales y de los partidos que han querido sumarse" y con el objetivo de "proteger a colectivos más afectados", con el compromiso además de no aumentar la presión fiscal. 

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