TOLEDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves la ley de extinción de cámaras agrarias provinciales que establece el régimen jurídico para realizar transmisiones de patrimonio procedente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, con apoyo de los tres grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos (Cs).
Los 19 diputados socialistas han votado a favor de todo el texto, mientras que la formación naranja ha votado en contra del único artículo enmendado -también por el grupo popular- y se ha abstenido en los artículos para los que el PP había presentado enmienda parcial; mientras que los 'populares' se han abstenido además en la exposición de motivos de la ley.
Las cinco enmiendas -una de Cs y cuatro del PP- que se mantenían vivas hasta esta sesión plenaria han sido rechazadas por el PSOE, y en el caso de la de la formación naranja también por el PP, así como los diputados de Cs se han abstenido en la votación de las enmiendas del PP.
Durante el debate parlamentario, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha pedido consenso en la aprobación del proyecto de ley y ha dicho que veía "surrealista" que el PP no la apoyase pese a erigirse como el defensor del campo.
Martínez Arroyo ha recordado que en la actualidad no hay ninguna finalidad de representación de los agricultores y ganaderos por parte de estos órganos que, a su juicio, deberían haberse extinguido "hace tiempo" como ya ha ocurrido en 12 comunidades autónomas de España.
Asimismo, ha hecho hincapié en que el patrimonio que resulte de la liquidación de las cámaras, cuyo destino será la Junta de Comunidades, "solo se podrá utilizar para fines y servicios de interés general agrario, incluyendo sobre todo los beneficios vinculados al desarrollo del territorio rural".
Por ello, ha explicado que ha sido "imposible" atender la petición del PP en sus enmiendas parciales y de algunos ayuntamientos, sobre todo de la provincia de Cuenca, que han solicitado que el patrimonio pase a las administraciones locales, porque quien representa el interés general agrario es el Gobierno regional que es el que tiene las competencias en materia de agricultura, si bien ha añadido que la ley contempla la cesión del patrimonio a corporaciones municipales y organizaciones agrarias.
De igual forma, ha precisado que el patrimonio dinerario se destinará a infraestructuras agrarias como el arreglo de caminos rurales de las provincias en las que estuvieran las cámaras extintas.
BANCO PÚBLICO DE TIERRAS
Además, ha resaltado que tanto el patrimonio dinerario como inmobiliario y las fincas rústicas de las cámaras agrarias servirán de "germen" para un futuro banco público de tierras, que ha dicho que será el elemento central del anteproyecto de Ley de agricultura familiar en el que ya trabaja la Consejería que dirige y que espera que llegue en fechas próximas al Parlamento regional para su tramitación.
También ha hecho hincapié en que la nueva normativa permitirá dar el uso libre de los huertos familiares de pueblos colonizados y regulará el patrimonio comunitario de zonas regables, así como resolverá una "cuestión de justicia" en relación al patrimonio incautado por el bando franquista tras Guerra Civil a organizaciones sindicales y políticas, que ahora podrán recuperar su propiedad previa justificación.
De hecho, el consejero de Agricultura ha avanzado que ya hay una solicitud en este sentido relativa a la que fue la Casa del Pueblo del PSOE en Tarazona de la Mancha (Albacete).
Por otro lado, Martínez Arroyo ha hecho referencia al debate sobre la representatividad en el campo, a raíz de la intervención de la diputada regional de Ciudadanos (Cs) Elena Jaime que ha vuelto a poner sobre la mesa este asunto, y ha apuntado que Castilla-La Mancha está a la espera de que a nivel nacional haya un mecanismo para la representatividad.
En la misma línea, la parlamentaria socialista Joaquina Saiz, ponente del dictamen de la comisión de Agricultura, ha subrayado que la nueva ley "beneficia a todo el sector agrario" y cuenta con el consenso de "todo el sector", por lo que ha pedido a los grupos de la oposición que se sumen a ese consenso, como finalmente ha ocurrido.
Por su parte, la diputada de Cs Elena Jaime ha expresado que, en opinión de la formación naranja, esta ley "llega tarde y mal", tarde porque Castilla-La Mancha es de las últimas comunidades autónomas en hacer lo que se podía haber hecho hace muchos años, y mal porque no incluye elecciones en el campo ni la representación de todas las organizaciones agrarias que existen en la región en el proceso de liquidación de las cámaras.
De su lado, el parlamentario 'popular' Emilio Bravo ha reprochado al Gobierno regional que la norma es "puramente expropietaria" de un patrimonio de las cámaras -3.526 parcelas con 5.600 hectáreas, 400 inmuebles y 1,8 millones en activos dinerarios- que no pertenece a la Junta, que "recentraliza" la gestión de ese patrimonio, que limita la autonomía de los municipios y de los agricultores, y que es "opaca" en cuanto al destino de los bienes.
